RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

Hace un par de días circuló en redes sociales un video en el que se puede observar una persecución que realizaron unidades y efectivos del Ejército Mexicano en contra de civiles armados en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual culminó con sendas ráfagas de cientos de disparos de armas de fuego de alto poder en contra de una camioneta tipo pick up que era tripulada por civiles portadores también de armas de fuego con las que inicialmente agredieron a los efectivos militares, quienes repelieron la agresión de la forma en que se observa en el video, causando gran escozor el hecho de que los militares estuvieron disparando a las personas que se encontraban dentro y en la caja de la camioneta, al parecer incluso cuando ya no había ninguna posibilidad de que desde dicho vehículo se pudiera generar algún disparo, pero además se escucha en la grabación, primero, una voz que ordena dejar de disparar sin que se cumpla esa orden y, después, una voz que, al escuchar que había personas con vida, ordena enérgicamente: “MÁTENLOS A LA V…”.

Ante esta realidad, que no es nueva ni se ha vivido solamente en esta administración federal ni solo en el Estado de Tamaulipas, sino desde hace muchos años y en diversas latitudes de nuestra geografía nacional, surgen muchas y muy variadas interrogantes, algunas de ellas que pretendo plantear en este espacio, tratando de hacer una reflexión que vaya más allá de la automática indignación que causa la forma en que se nos presentan los hechos y de las múltiples posturas irreflexivas y abruptas que muchos usuarios, sobre todo en las redes sociales, emiten espontáneamente.

¿Porqué los militares actúan de esa manera tan agresiva y letal al extremo? Permítaseme contestar con otras interrogantes: ¿Quién nos dijo que los militares podrían o deberían actuar de otra manera?, ¿Quién nos dijo que el ejército era la autoridad que debía patrullar las calles de nuestras ciudades y combatir a la delincuencia organizada equipada y armada en la forma en que nos han dado cuenta en múltiples ocasiones los medios de comunicación?, ¿Quién nos dijo que los soldados debían solucionar la gravísima problemática de violencia desmedida que ocasiona la delincuencia organizada?. Pues bien, desde hace tres administraciones federales, todas ellas emanadas de distintos institutos políticos, se tomó la decisión de combatir a la delincuencia organizada con el personal militar, sus vehículos, sus armas, sus estrategias y sus métodos, pretendiendo que esa fuera la forma en que se podría generar un resultado, y el resultado es negativo, no se ha resuelto nada, más bien se ha agravado el problema.

Pero el problema no es el Ejército ni debemos descalificar a priori o per se sus actuaciones, lo que pasa es que el ejército está actuando tal como está formado y tal como es su vocación, por definición un ejército está preparado para ir a la guerra, en la que rigen normas y procedimientos que no son los de un Estado en condiciones de paz, entendiéndose esta condición como la contraria a la guerra que un Estado Nacional declara a otro u otros y en el que se genera una plataforma normativa y de facto muy distinta a lo que ocurre con el combate a la delincuencia, así sea delincuencia organizada, que en nuestro país, al menos teóricamente, se deber combatir con un régimen de excepción denominado en la dogmática penal como Derecho Penal del Enemigo, pero que tampoco está hecho para el personal militar, sino para instituciones civiles, de manera que resulta absolutamente perverso que el reclamo, la crítica y la descalificación se dirijan hacia los institutos armados, a los cuales nos presentan como un monstruo, sin serlo, son personas capacitadas, formadas y con vocación de combate bélico, bajo el cual esas formas de actuar revisten una connotación totalmente distinta.

No debe entenderse de ninguna forma que mi postura es la de justificar o aprobar esa forma de actuación, sino más bien la de hacer un planteamiento reflexivo que me voy a permitir expresar en términos de un dicho popular: “la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre”, es decir, aunque el indio actúe incorrectamente ante determinada situación, es responsable de ello quien, a sabiendas de que su formación y habilidades no son las requeridas para resolver esa determinada situación, le pide que sea él quien lo haga, no se si me explico.

Pues bien, recordando que el ejército se involucró en las funciones de seguridad pública como una medida emergente y transitoria, nunca permanente, y que tres administraciones federales emanadas de concepciones ideológicas distintas en el ámbito político han mantenido la misma estrategia con distintas modalidades, todas ellas probadamente fallidas, es que me permito nuevamente señalar que lo que hace verdaderamente falta en este país es el fortalecimiento decidido y sustancial de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal, debiendo iniciar por refundar a nuestras policías, mientras eso no suceda, no esperemos eficacia alguna en la estrategia ni resultados suficientes y de largo plazo.