Salvador Rodríguez López

Por alguna razón se ha mantenido en reserva las condiciones en que opera el nuevo servicio de transporte urbano – paralelo al que otorga ATUSA -, al no informarse quiénes son los concesionarios, bajo qué condiciones se dieron los permisos, por cuánto tiempo y los compromisos que asumieron.
En el juego de “fuercitas” entre la administración estatal y la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes va adelante el gobierno, que sin decir agua va no sólo le dio entrada a los nuevos autobuses sino que mandó al corralón a decenas de los tradicionales por supuestas faltas a la ley, principalmente haberse vencido el período útil para circular.
Además se rompió el hilo conductor del diálogo, por lo que ATUSA dejó de ser un interlocutor para convertirse en observador de cómo le arrebatan el negocio, sin saber cómo reaccionar, lo que a estas alturas se antoja difícil que pueda revertir la situación.
Por varias semanas se corrió la versión de que el propio gobierno del estado es el que maneja la nueva modalidad, lo que es algo factible puesto que en el pasado sexenio lo hizo con una flotilla de automóviles de alquiler (taxis), que sin embargo dejó de funcionar al término del mandato, desconociéndose el destino que tuvieron esos vehículos.
Finalmente la incógnita se desveló y no fue la autoridad quien tuvo la delicadeza de darlo a conocer, sino que se supo por la declaración del líder sindical de los operadores, Roberto Mora Márquez, que tras alabar “las mejoras” que viven sus compañeros por las condiciones laborales que se registran bajo el nuevo esquema de la Ley de Movilidad, dijo que actualmente 135 choferes afiliados a la CTM “laboran en la empresa del señor Jaime Carranza” que opera el servicio.
Lo anterior significa que el señor Carranza es dueño de 135 camiones, por consiguiente es la primea vez que una sola persona adquiere tal número de concesiones, lo contrario ha sucedido en ATUSA que le han impuesto limitaciones para evitar el acaparamiento y con ello se viole el Artículo 28 Constitucional, que prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas.
A decir del dirigente, el nuevo patrón les otorga un bono extra de 100 pesos a los choferes que cumplan con los recorridos normales, por lo que “hay compañeros que se están llevando aproximadamente 500 pesos diarios, por cumplir con sus recorridos desde la primera hasta la última (vuelta) y con ello lo que se busca es dar un mejor servicio”.
Como ya es tradicional en Roberto Mora, se le fue a la yugular a sus todavía patrones de ATUSA, al considerar que es “abismal” el trato que reciben de la nueva empresa, en función que “muchos concesionarios están cerrados al cambio y siguen ofreciendo un servicio que deja mucho que desear, lo que invariablemente los va a dejar fuera”, lo que dicho sea de paso tanta responsabilidad tiene el concesionario como el operador, por lo que bien harían en hacer un examen de conciencia y aceptar la parte que les corresponde en los reclamos ciudadanos.
En apoyo a las acciones oficiales, Mora señaló: “Veo que 2 o 3 personas que se están sumando y están haciendo un esfuerzo extraordinario en sus líneas para tratar de corregir el sistema tan mencionado en el pasado y sumarse a las nuevas peticiones de gobierno del estado y de los propios usuarios”.

NI UN RASGUÑO

Las sanciones que determinó el Tribunal Electoral del Estado en contra de Teresa Jiménez y el Partido Acción Nacional (PAN), por supuestas faltas en el arranque de la campaña de reelección, no pasó de ser una vacilada, ya que la “amonestación pública” no les afecta económicamente ni cambia el resultado final, tampoco obliga a que hagan trabajo comunitario y menos que lleven una caperuza acompañado de un letrero que indique que violaron la ley electoral
Todo se reduce a contestar que se dan por enterados y en alguna reunión les digan que están amonestados, pero en lo demás pueden seguir adelante en el armado del nuevo equipo municipal, dejando atrás los altibajos que normalmente se presentan en cada proceso electoral.
Algo similar pueden señalar en el Partido Libre de Aguascalientes, que tuvo debut y despedida, aunque lo “saltado, cantado y bailado” nadie se lo quita. El Tribunal también le impuso una “amonestación pública” por haber permitido que su candidato a la alcaldía de Calvillo haya utilizado fotografías y videos con niños y adolescentes sin la autorización de los padres o tutores y al abanderado Daniel López Ponce le aplicó una multa de 3 mil 379.6 pesos.
Si sólo fueron estos “castigos” lo que impuso el TEE, quiere decir que a pesar de la mínima asistencia de los ciudadanos el pasado 2 de junio, no hubo problemas entre partidos ni con los candidatos, sus partidarios y los ciudadanos. Que todo se llevó en paz y por ello los magistrados tuvieron que dedicar varias semanas para analizar concienzudamente las faltas que cometieron ambos organismos y sus abanderados.

DEMASIADO RUIDO

Tanto se habla de la cruzada contra la corrupción que podría suponerse que varios de los implicados se encuentran bajo proceso o están ya en la cárcel, pero al menos en Aguascalientes sólo ha servido para que quienes están al frente de la fiscalía especializada y del organismo ciudadano se pasen los meses haciendo declaraciones sobre la guillotina que caerá sobre esos malportados.
El fiscal anticorrupción de Aguascalientes, Jorge Mora Muñoz, reconoció que los procedimientos normativos que rige a estos organismos en el país no garantiza su autonomía técnica, operativa, administrativa ni presupuestal, por lo que “hay necesidad de crear esa normatividad como también de trabajar por la homologación orgánica de estas instancias, a fin de que exista un estándar mínimo en todas ellas, que permita el trabajo y fortalecimiento de la red”.
Afirmó que es un esfuerzo que requiere reformas legislativas que asegure la investigación de conductas de corrupción y la sanción correspondiente, para evitar que queden impunes dichos actos, lo que es posible, apuntó, mediante un acuerdo de colaboración “que permita rastrear con precisión la ruta del dinero y con ello, estar en posibilidad real de aportar datos de prueba suficiente y certeros que agilicen las investigaciones y sustente las sanciones”.
En una reunión que tuvo lugar en el Senado de la República, los 20 fiscales anticorrupción que asistieron manifestaron a los legisladores la necesidad de reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que sea reconocido en apego a la Ley de Convención de los Fiscales Anticorrupción, temas torales de la agenda que a nivel nacional se desarrolla para el combate de conductas corruptas.
En estas condiciones, está claro que se tiene el equipo humano para cumplir los objetivos, pero se carece del marco normativo, por lo que su única posibilidad que queda es hacer algunos comentarios sobre los supuestos delitos que podrían haber incurrido servidores públicos y quienes se presten para el embrollo y los castigos a que se hacen acreedores, pero mientras no se completen sus funciones seguirán en el limbo.

NO ABUSAR

Las detenciones ciudadanas de presuntos delincuentes tiene que ceñirse sólo a eso, a capturar a quien cometió un delito y entregarlo a la policía, pero no golpearlo, ya que entonces de víctimas se convierten en victimarios y pueden terminar en prisión. De enero a marzo del presente año la policía municipal de Aguascalientes ha intervenido en 12 detenciones que hicieron habitantes de algún sector y en prácticamente todos los casos han tenido lugar agresiones físicas contra el o los implicados. El más reciente fue de una persona que se introdujo en un vehículo de donde sustrajo varios artículos pero fue sorprendido por el hijo del dueño de la unidad que fue tras él y a lo que se unieron dos trabajadores de un puesto de tacos, cacería que terminó cuando el involucrado cayó muerto. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones los tres perseguidores fueron arrestados y finalmente salieron en libertad al revelar la autopsia que no fueron los golpes que recibió sino un infarto lo que le quitó la existencia, que les permitió recuperar su libertad, algo que no ha sucedido con los tres balconeros que de la golpiza acabaron con la vida de un conjetural delincuente.