Tras señalar que la Ley del Notariado ya es obsoleta, que más que una reforma integral, se requiere de una nueva normatividad, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, ejemplificó que son innecesarios los dos testigos para hacer un testamento, ese requisito ya se eliminó en casi todo el país.

Consideró que ahora más que nunca se hace necesario omitir ese requisito, ante el riesgo de contagio de COVID.

La presencia de testigos en contratos privados puede justificarse, pero ante notario, resulta ocioso, es tanto como desconfiar de la fe pública.

“Además, los interesados argumentan no estar de acuerdo en que terceras personas se enteren de la decisión que tomen sobre sus bienes; incluso ha habido conflictos familiares por la indiscreción de los testigos”.

Asimismo, es fundamental que se les confieran facultades adicionales a los notarios, como los trámites de jurisdicción voluntaria, lo que reduciría la carga de trabajo de los jueces.

De igual modo, se pronunció a favor de que se hagan exámenes de oposición, para la entrega de algún Fíat y que ya no se privilegie la elección de vacantes.

Sobre la propuesta de la diputada Érica Palomino, en el sentido de que se otorgue uno por cada 15 mil habitantes, opinó que no están dadas las condiciones para ello; un mayor número depende del dinamismo económico, por lo que debe seguir la proporción de uno por 20 mil habitantes.

Comentó que la iniciativa de Ley General del Notariado, que está en el Senado, no tiene futuro, porque con ello se vulnera la autonomía de los estados; en su tiempo la presentó la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es la primera interesada en que se deseche.

Se busca reformar la Constitución Federal para que la fe pública sea facultad de los estados; una vez modificada la Carta Magna, lo que se dará este año, los estados deberán hacer las modificaciones respectivas, para homologar las nuevas disposiciones.