El pasado 8 de marzo, la tierra mexicana retumbó. Retumbó con los gritos y las canciones de millones de mexicanas exigiendo justicia. Retumbó con las marchas firmes y los bailes sororos por las desaparecidas. Retumbaron los cielos, las redes y las paredes, nombrando a las víctimas. Una vez más, las mexicanas salieron a demandar sus derechos porque, ¿cuántas veces es necesario pedir justicia para vivir en paz siendo mujer en este país?

El pasado 8 de marzo Aguascalientes hizo historia, pues nunca antes se había visto tanta participación en la marcha del Día de la Mujer, a la que asistieron alrededor de seis mil mujeres. Esta vez, las hidrocálidas demostraron que son muchas, que no están solas y que están unidas. Pero, ¿por qué marcharon? El movimiento feminista le exige al Estado seguridad, justicia y derechos. Seguridad para que todas las mujeres puedan vivir plenamente sin ser acosadas, abusadas y violentadas física y verbalmente; en sus casas, sus trabajos, sus escuelas, su país. Justicia para todas las mujeres que ya lo fueron, que ya desaparecieron, para que los feminicidios y la violencia de género no siga impune en México. Derechos para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, para que puedan ser retribuidas por el mismo trabajo igual que los hombres, para una licencia de maternidad efectiva, para que las niñas gocen de las mismas oportunidades escolares que los niños, derechos para ser libres y que la libertad sea segura y equitativa.

No obstante, el 12 de febrero del presente, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma en su constitución que prohíbe la interrupción legal del embarazo. Asimismo, de acuerdo con México Evalúa, entre julio y diciembre del 2019 fueron 20 mil 028 las víctimas de abuso sexual, pero ninguna carpeta de investigación por este delito se abrió durante este periodo en Aguascalientes. A su vez, la mayoría de las 122 denuncias por acoso en la UAA (2020) fueron resueltas como conciliación, pues se determinaron sólo como malos entendidos. Para enero 2021, Aguascalientes fue el octavo estado con más violaciones por 100 mil habitantes. El estado tiene el tercer lugar a nivel nacional (2021) con mayores tasas de feminicidios por cada 100 mil habitantes mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En lo que va del 2021, han habido 4 feminicidios sin pronunciamiento aún por parte de la administración estatal. Por ello y mucho más, las mujeres de Aguascalientes se unieron a la marcha del 8M.

Al terminar la manifestación las autoridades policiacas municipales y estatales presentes comenzaron a ejercer abuso de poder y fuerza bruta contra las manifestantes, algunas siendo menores de edad. Alrededor de 22 mujeres fueron violentadas y detenidas, de las cuáles 14 salieron con una fianza de $1,750.00, pero apenas el jueves liberaron a las ocho mujeres y a un hombre que faltaban y se les fincará una vinculación al proceso. En los videos que circulan en redes, se puede ver al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza, ordenando reprimir la manifestación.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició, el miércoles 10, la Queja de Oficio número 65/21 en contra de quienes resulten resposables de la violencia acontecida en la manifestación. El expediente de queja se abrió a partir de la fe pública del Profesional Investigador, quien estuvo presente en la manifestación y más adelante en las instalaciones de Justicia Municipal en Aguascalientes, oficinas de la Fiscalía General del Estado y con la múltiple evidencia fotográfica que ha circulado en redes y medios locales.

El Centro Prodh, la Red de Nacional Defensoras de Derechos Humanos, el Observatorio Nacional del Feminicidio, la Oficialía de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, así como las colectivas feministas del estado han exigido al gobernador, Martín Orozco, levantar cargos. Sin embargo, el gobernador ha evitado dar un pronunciamiento.

De acuerdo con los testimonios, las autoridades policiacas nunca habían estado tan cerca de las manifestantes en años pasados. La mujeres tienen derecho a la libre manifestación y la policía nunca debió de tocarlas. La agresión con mancanas y palos, así como las burlas y la violencia física y verbal que vivieron las manifestantes no pueden pasar impunes. Las autoridades estatales han demostrado ser ineficientes en atender los casos de feminicidios y violencia de género previamente mencionados, por lo que no pueden dejar pasar esta acción sin atender la violación de derechos humanos que las autoridades policiacas municipales y estatales ejercieron. El estado de Aguascalientes debe comenzar a proteger a las mujeres.

Por último, parece necesario recordar algunas de las victorias que ha conseguido el movimiento feminista actual en México.

  • Ley Olimpia: penaliza el acoso y busca frenar y castigar la violencia digital hacia las mujeres, mediante la prohibición de la distribución de imágenes o videos con contenido sexual sin consentimiento.
  • Ley Ingrid: el 25 de febrero del presente, el Congreso de la CDMX aprobó esta ley que penaliza con dos a seis años de cárcel o multa a quienes difundan o comercialicen por cualquier vía imágenes de las víctimas mortales, especialmente feminicidios.
  • Penalización de ECOSIG: los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y/o la Identidad de Género fueron prohibidos por el Congreso de la Ciudad de México en 2020, y en el Estado de México el 8 de marzo de 2021.