Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

De manera recurrente se escucha decir a las autoridades, de todos los ámbitos y niveles administrativos, que los recursos públicos se ejercen con transparencia y que se rinden cuentas diáfanas a la ciudadanía sobre los mismos. En el caso específico del sector educativo, los responsables de su administración a diario pregonan la nitidez con que se manejan los recursos humanos, materiales y financieros, en beneficio de los usuarios del ramo, y que de manera impecable se rinden las cuentas tanto a las autoridades competentes como a los padres de familia y a la sociedad entera. Estas declaraciones, aparte de bonitas, hacen pensar en un ejercicio con alto grado de responsabilidad, de eficacia, de eficiencia y de moral intachable; por lo que muchos dicen “¿qué más se puede pedir?”.

Sin embargo, en el terreno de las realidades, una cosa es la que se dice y otra, muy distinta, la que se hace. Por ejemplo, el Gobierno del Estado, recientemente entregó a los legisladores locales el IV Informe de lo realizado durante este año. Por Ley, es responsabilidad de los legisladores estatales hacer la glosa, es decir, clarificar aquellos puntos del Informe que no están suficientemente explicados o sustentados, con el fin de que no haya dudas, ni malas interpretaciones. Para ello, los responsables de los sectores que integran la administración del Gobierno Estatal, también, por Ley, deben presentarse ante los diputados para las aclaraciones que se consideren necesarias. Es el caso del sector educativo, en el que hay una serie de dudas o insuficiencias en los datos del Informe y por tales razones se solicita la comparecencia de las autoridades del Instituto de Educación para las aclaraciones pertinentes, toda vez que se trata de servicios y de recursos públicos. Pero, según se ha publicado en los medios informativos, resulta que la mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y adjuntos no aprueba la comparecencia de las autoridades educativas. ¿Por qué motivos?, ¿no consideran competentes a las autoridades educativas para explicar satisfactoriamente los asuntos que manejan?, o ¿qué quieren esconder?, ¿hay cuestiones que comprometen en qué y a quiénes?, ¿hay cosas que no merece saber la ciudadanía?, y, entonces, ¿dónde queda la transparencia y la rendición de cuentas que se pregona? Y que conste, la transparencia y la rendición de cuentas son ordenamientos por Ley.

En las postrimerías de 2013 y al inicio de este año, cuando hizo crisis el manejo de las finanzas en el Instituto de Educación y era del dominio público sobre un cuantioso déficit presupuestal que provocó severos problemas; varios diputados locales, haciendo uso de las facultades que las leyes les confieren, solicitaron la comparecencia de las autoridades educativas para explicar el estado que guardaban las finanzas públicas del sector, los problemas colaterales que se habían generado y las medidas que se estaban tomando para solucionar la problemática. Los diputados que en estos días niegan la comparecencia de las autoridades educativas para la glosa del Informe, fueron los mismos diputados que en aquel entonces también negaron la comparecencia de las autoridades educativas. ¿Qué motivos poderosos hubo para solapar a las autoridades educativas?, aparte de las autoridades educativas, ¿a quiénes más se estaba protegiendo?, ¿escondiendo la cabeza, en un agujero, es como se deben enfrentar y resolver los problemas?, ¿es el desdén lo que merecen los padres de familia, los maestros y la sociedad en general?, ¿están resueltos ya los problemas?, ¿ésta es la transparencia y la rendición de cuentas que mandatan las leyes?

Ciertamente, hay datos que sí se transparentan: el Instituto de Educación ha publicado (en las páginas de transparencia) el salario que perciben las maestras y los maestros de la Entidad para que todos se den cuenta lo que gana cada trabajador. Con el mismo sano propósito, el anterior Director Jurídico del IEA, ordenó publicar en las páginas de transparencia el sueldo que mensualmente percibe la máxima autoridad del Instituto. Este atrevimiento fue motivo suficiente para cesar al Director Jurídico de su cargo, con lo que se infiere que para unos se deben transparentar los datos y para otros se deben ocultar. De igual manera, hay asuntos administrativos y gastos que se transparentan y otros que se tratan en lo oscurito: millones de pesos se gastan anualmente en cursos, en convenios para diversos rubros, en arrendamientos y mantenimiento de equipos, en compras diversas, en reparaciones de edificios y en otra infinidad de cosas. ¿Todo está transparentado y de todo hay rendición de cuentas claras? La Auditoría Superior de la Federación, lamentablemente, no audita a detalle este tipo de asuntos, por lo que muchas cosas se manejan en forma discrecional. Tal vez por eso los diputados no quieren que se abra la caja de Pandora… y ¿la transparencia?

Llama la atención que hay fuertes tormentas y los diputados no se ponen la sombrilla.