El domingo 17 de abril del 2022, con 275 votos a favor y 223 en contra, el bloque de diputados conformado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano puso un alto a la contrarreforma eléctrica lanzada por el bloque de diputados de MORENA, PT y el Partido Verde Ecologista a las reformas en materia de hidrocarburos llevadas a cabo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, sin embargo, más allá del impacto que esta reforma podría tener en el sector energético, resulta relevante analizar las extensiones políticas que dicha situación implicó.

Uno de los pilares fundamentales en los que no sólo nuestro país, sino toda democracia moderna en el mundo occidental está fundada es la separación de poderes, es decir, la existencia de un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que funcionan como contrapesos entre sí e impiden el uso desmedido del poder.

Sin embargo, este sistema subyace sobre una forma de democracia representativa, la cual se funda en el principio de democracia deliberativa y competencial.

Por democracia deliberativa y competencial, se pretende decir que, al menos en lo que corresponde a los órganos legislativos en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), no puede existir ningún partido o grupo político que pueda tomar decisiones de manera unilateral sin tener que considerar y negociar los intereses de la oposición.

En este sentido, los intereses de los partidos políticos, que al menos en la teoría deberían representar los intereses de los ciudadanos, deben ser pesados y medidos a la hora de tomar una decisión legislativa de tal manera que, por esta misma necesidad de negociar para sacar adelante una iniciativa, se tomen en cuenta la mayor cantidad de voluntades posibles.

Este estilo de democracia implica también que, más allá de los propios ciudadanos, las instituciones de protección de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, son los propios legisladores los cuales deben ser los primeros vigilantes de que los acuerdos, las legislaciones y las políticas tengan los alcances que se acordaron y se llevan a cabo en la medida que se pactaron y, en caso de no ser así, pueden ejercitar los medios que a su disposición pone la ley.

No obstante, desde la llegada de López Obrador a la presidencia, ha cambiado este paradigma. Desde los tiempos del PRI, no se había visto que un mismo partido o bloque tuviera comando absoluto sobre todos los poderes a tal grado que la necesidad de negociar con la oposición se vuelve superflua pues la misma no tiene la capacidad suficiente para poder detener sus iniciativas.

Esto, por un lado, puede ser positivo, especialmente en un país donde el debate político suele ser pobre; e iniciativas y políticas que realmente podrían beneficiar a la población se pierden en un mar de discusiones, retóricas y palabrerías sin sentido.

Por otro lado, puede también ser negativo, porque, igual que en los tiempos de la monarquía, da mucho espacio a los abusos y la corrupción y aun teniendo las mejores intenciones, el colocar todo el poder en manos de un solo grupo de personas puede resultar contraproducente y facilita la oportunidad de realizar actos totalitarios que finalmente terminen traicionando los principios y valores que los llevaron al poder.

Con todo esto, el hecho de que se haya puesto un alto a MORENA y sus aliados y se les haya colocado en una posición en la que deben negociar con la oposición, es una victoria considerable para la democracia y una vuelta a los sistemas de contrapesos que permiten se respete la voluntad (en mayor o menor medida) de los ciudadanos y se alcancen a conciliar los intereses de un gran número de personas.

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