La visita presidencial que tuvo lugar el viernes pasado fue la más intrascendente de cuantas han tenido lugar en décadas, al no haber ni una sola respuesta a las inquietudes que tiene Aguascalientes, por consiguiente la presencia de Andrés Manuel López Obrador se concretó a dar su versión sobre el “salpicadero” del reparto ilegal millonario que ha ocupado su agenda los últimos días y que hoy involucra a uno de sus hermanos y a un colaborador muy cercano.

Aunque era difícil que se presentara algo distinto existía la esperanza de que en algún momento hubiera luces en su actitud  y le diera un giro a su actuar, centrándose en escuchar los planteamientos de las autoridades locales y de los ciudadanos, y a partir de ahí ofrecer una evaluación acompañado de un posible acuerdo.

Sus únicas actividades fue pernoctar en un hotel del sur de la ciudad y encabezar la conferencia de prensa sobre seguridad, misma que ofrece todas las mañanas en Palacio Nacional pero que traslada a los estados que recorre, por lo que no podía esperarse mayor cosa que escuchar el sonsonete de que “no somos iguales”, ya que mientras otros pedían millones de dólares a cambio de favores, su gente contribuyó para el movimiento de regeneración nacional y lo hacían de poquito, no obstante, no existe evidencia sobre la legalidad de la captación, su  monto y el uso que realmente tuvo esos recursos.

De lo más rescatable de la mini-gira, fue la solicitud que presentó el gobernador Martín Orozco Sandoval para que la Federación respalde el proyecto estratégico del Valle de Aguascalientes, Agua Segura, al considerar que es indispensable llevarlo a cabo “antes de que el desabasto nos alcance y los estragos causen fuertes daños a la población”, por lo que se deben aplicar medidas de prevención y solución, entre ellas el reuso, con lo que se evitará la escasez y la sobreexplotación de los mantos freáticos.

El mandatario estatal sostuvo que Aguascalientes requiere de opciones para optimizar el uso de agua y dar prioridad al agua para consumo, el reto es que las aguas recuperadas cubren el 60% de la demanda del agua en la entidad, de ahí la importancia de las plantas tratadoras, no sólo para que el agua tenga uso de riego, el proyecto incluye la potabilización de la misma, para que los habitantes puedan consumirla.

El Presidente se concretó a escuchar pero no emitió un compromiso, por lo que todo queda en los linderos de la “cartita” a Santa Claus, pese a que Orozco Sandoval remató su alocución con una sentencia: “Sin agua no hay vida, es fundamental para el campo, para cualquier actividad productiva y en el ámbito social”.

Un día antes, MOS mostró su decepción por lo que llamó un “castigo” del gobierno central, porque “ni un peso, cero recursos extraordinarios de la Federación a los estados para atender la pandemia”. Hay una marginación casi absoluta en lo que respecta a esta entidad, puesto que de 75 hospitales nuevos que anuncia se desconoce su ubicación y sólo uno se programó para Aguascalientes, que es el que se construye en Pabellón de Arteaga; de 13 mil camas que supuestamente se han distribuido en el país, a esta entidad sólo le tocó 20, pese a todo “sacaremos la casta” con lo que se tenga aquí, apuntó.

POR EL SILLÓN

Ocupar un lugar importante en el Supremo Tribunal de Justicia  no sólo es un anhelo de todo licenciado en derecho, sino que lograrlo da prestigio, es un espacio seguro de trabajo por varios años y la posibilidad de llegar a ser el titular del Poder Judicial del Estado.

Al renunciar a continuar otro período en el cargo, el magistrado Fernando González de Luna dejó libre el paso a quien cumpla los requisitos de ley, por lo que se inició la carrera contra el tiempo de aquellos que sienten que esta es su oportunidad.

Aunque una tradición de antigua data establece que los magistrados provengan de los jueces en funciones, no es un requisito cerrado, por lo que la convocatoria es para los abogados que estén dentro o fuera del Poder Judicial del Estado.

En el Concurso Abierto de Oposición se señala como requisitos que sean mexicanos de nacimiento, con ejercicio de sus derechos políticos y civiles, originario de Aguascalientes y con residencia no menor de tres años a la fecha de su designación, ser licenciado en derecho titulado y con experiencia mínima de 10 años y al menos 35 años cumplidos al día de su designación.

Asimismo, el aspirante no debe de ser ministro del culto ni pertenecer al estado eclesiástico, haber radicado en el país en los dos años anteriores al día de su designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por una pena corporal de más de un año de prisión, no haber tenido cargo de secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscalía General del Estado, diputado local, diputado federal, ni haber sido dirigente de un partido político el año previo al día de su nombramiento.

Por último, los aspirantes que se registren deberán presentar un examen general de conocimientos, otro psicométrico y de conocimientos prácticos en diversas materias jurídicas, y a partir de su resultado el Consejo de la Judicatura local dará a conocer cinco nombres de los elegidos para presentarlos ante el Poder Ejecutivo del Estado y se encargue de hacer la designación del nuevo magistrado.

Apenas se daba a conocer la Convocatoria ya en redes sociales sonaba fuerte el nombre del licenciado Alfonso Román Quiroz, que funge como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado desde el 16 de febrero de 2006.

Como dijera el desaparecido Luis Donaldo Colosio, Quiroz es hijo de la cultura del esfuerzo, ya que primero estudió la carrera de profesor en el CRENA y a la par que ejercía el magisterio estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a partir de 1993 ingresó a la carrera judicial, en donde se ha desempeñado en diversos puestos en los juzgados primero penal, mixto de primera instancia en Pabellón de Arteaga, y juez del octavo civil y de hacienda, así como consejero de la Judicatura, asimismo es catedrático en la misma UAA y en la Universidad Panamericana campus Bonaterra.

SE HABÍAN TARDADO

Cansados de que le dieran “bola” a sus demandas, varias agrupaciones de abogados hicieron lo impensado y unieron esfuerzos para exigir que a la mayor brevedad se restablezca totalmente el servicio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que su semiparalización provoca severos problemas para la realización de su trabajo.

En una carta abierta denuncian “ineptitud y corrupción”, en virtud que desde el 13 de febrero de 2020, en que se declaró que un jáquer habían afectado su sistema informático es hora de que siguen los problemas, por lo que se ha dejado de realizar hasta tres mil créditos con garantía hipotecaria, por falta de expedición de copias certificadas, y certificados libres de gravamen, además se han detenido cinco mil juicios testamentarios e intestamentarios, por negar el derecho de buscar y recibir información de registro de testamentos. También se han detenido más de cinco mil juicios mercantiles ante la negativa del Registro Público el derecho de buscar y recibir información fiel de terceros deudores, y finalmente expresan que hay el temor fundado de las omisiones y pérdidas de inscripciones y registros que afecten la prelación de los embargos, hipotecas y los distintos actos jurídicos traslativos de dominio de de derechos.

Algo tiene que hacer, y urgentemente, la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), que es de la que depende el Registro Público.

EN APRIETOS

Entre el miedo de la población a ser hospitalizada, la falta de claridad de la autoridad federal y la resistencia del gobierno del estado a que se regrese el confinamiento productivo, se llega a linderos muy delicados, ya que un rebrote de la pandemia podría ser más letal.

Las noticias que genera el virus tienen fuerte impacto en Aguascalientes, al no arrojar la claridad necesaria, por lo que la sociedad tiene que sacar sus propias conclusiones y éstas muchas veces no son las apropiadas, al dejarse ir por comentarios que “aquí no pasa nada” o que “es una exageración” lo que se dice y el mejor ejemplo lo encuentran en el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se niegan a utilizar el cubrebocas, por lo que si él no lo hace es porque las condiciones no son tan dramáticas como se afirma.

A media semana, el doctor ‘Caronte’ López informó que Aguascalientes alcanzó el tercer lugar a nivel nacional en camas ocupadas por pacientes Covid-19, esto es, el 48%, lo que podría significar que aún existe capacidad de respuesta, sin embargo a un paso acelerado podría reducirse sensiblemente y esto dejaría en una situación muy débil a la entidad.

Aseguró que mientras la mayoría de los estados han entrado en una etapa de descenso de contagios y ocupación hospitalaria, Nuevo León, Colima y Aguascalientes, en ese orden, han ido hacia arriba en propagación y hospitalización de pacientes que han sido infectados por el coronavirus.

Por su parte, el médico epidemiólogo Francisco Márquez Díaz subrayó que los médicos se enfrentan a problemas muy serios cuando atienden a pacientes que pudieran tener Covid-19, porque estos no informan a detalle de sus síntomas ante el temor de ser internados, lo que provoca que retarden la atención en consultorio o buscan la prueba, con la esperanza de que los indicios no sea del germen, pero cuando se declaran ya es tarde para algunos.

Si lo anterior no fuera suficiente, el doctor Márquez sostiene que también influyen los mensajes políticos, al indicar que existe disponibilidad de camas con respiradores  artificiales, información que no es muy clara puesto que no se precisa que no es suficiente con que existan estos insumos sino que se debe tener el personal médico capacitado las 24 horas de todos los días.

Por su parte, el gobierno del estado emitió un comunicado en que rechaza la eventual suspensión de las actividades productivas, con lo que echó abajo las versiones de que otra vez habrá un cierre masivo de empresas y negocios. Dejó en claro que esto se mantendrá así mientras los establecimientos generadores de ocupación cumplan puntualmente con los protocolos sanitarios, como única forma de frenar el avance del mal.

En el escrito, la administración enumeró los indicadores que ha registrado Aguascalientes en el manejo de la pandemia, especialmente la realización de pruebas, precauciones obligatorias como el uso de cubrebocas y una campaña intensiva para que la población conozca las medidas de higiene que debe cumplir, además se cuenta con el apoyo de los once ayuntamientos y una supervisión permanente.

Pues ojalá  no surja algo imprevisto que exija tomar medidas radicales, porque daría al traste con el avance que se tiene en el reinicio de los negocios y de lo cual, en gran medida es responsabilidad de todos, de cuidar que esto se mantenga así y entender que la única manera de lograrlo es obedecer las indicaciones en materia sanitaria. Aunque se dice que hacerlo es responsabilidad de cada uno, también es obligación de todos ayudar a que se supere esta etapa.

TENÍA QUE IRSE

Tardíamente, Araceli Sánchez Ramírez se dio cuenta que los tiempos de la horca y el cuchillo es muy lejano, por lo que al asignarse atribuciones que no le correspondían y ordenar el despido de personal de base del Hospital General del ISSSTE, selló su propio destino al ser despedida de la Subdirección Administrativa.

Fue una lucha sin cuartel la que libró la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores (SITISSSSTE), Rosa María Bonilla Barrón, no cejando en su empeño para que no sólo se restituyeran en sus puestos a los compañeros cesados, sino que se diera de baja a la Subdirectora, que fue acusada por el personal de “tráfico de influencias, despidos injustificados, ejercicio indebido de la función pública, falta de medicamentos y materiales y por el subejercicio por casi 26 millones de pesos”.

Muy en su papel, la dirigente sindical promovió paros de labores e incluso el pasado 3 de agosto fue cerrada la Avenida Universidad para hacer más presión, por lo que de las oficinas generales enviaron funcionarios para que llevaran a cabo una investigación sobre las imputaciones y determinar lo que procediera.

En primera instancia se estableció el cese de Araceli Sánchez y el regreso de los trabajadores administrativos, que fueron dados de baja por la ex funcionaria el pasado 5 de julio, pese a que tienen una antigüedad de 18 años.

Bonilla Barrón adelantó que la investigación en contra de la ex jefa seguirá adelante: “Va a seguir bajo investigación por el Órgano Interno de la Contraloría del Instituto, ya que metimos oficios y las pruebas de los malos manejos para que sea investigada la señora y los compañeros que con ella estuvieron laborando”.

El Sindicato también reclama que se cancele los nombramientos que hizo Sánchez Ramírez a favor de varias personas, “queremos funcionarios que sí funcionen, no que sólo vengan a desestabilizar al Instituto, que den la cara, que estén con los medicamentos, que estén al pendiente de los enfermos y de todos los derechohabientes”.

EMBATES RECURRENTES

Como si fuera una película de los años 70, una organización sindical de reciente creación trató de imponer su ley en Aguascalientes al pretender arrebatar la titularidad sindical a quien la ostenta, pero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó como ilegal el movimiento y ratificó la representación al que la ha tenido.

Es un asunto que periódicamente se presenta, como sucedió con el extinto dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), Roberto Díaz Rodríguez, que debía recurrir ante las autoridades para defender la “toma de nota” que la autoridad había extendido a favor de uno de los sindicatos afiliados.

Entonces como ahora, el gobierno del estado estuvo muy atento para evitar que la situación se desbordara y que de un problema sindical se pasara a uno social, dándole las facilidades a la autoridad competente para que llevara a cabo las indagatorias y de ahí dictaminara lo conducente.

Esta vez el actual líder de la FTA, José Alfredo González González, enfrentó a la llamada Confederación Autónoma de Trabajadores de México (Catem), que surgió a la sombra de la actual administración federal, que un buen día se le antojó que podía hacerse de la titularidad del Sindicato de Trabajadores de Nissan Mexicana, por lo que una mañana se presentaron a las puertas de la empresa para recabar la aceptación del personal, pero no tuvieron eco.

El caso se llevó ante la JFCA y determinó que la organización afiliada a la FTA es la titular del contrato colectivo de trabajo, por lo que la Catem nada tiene que hacer aquí, con lo que se cierra un capítulo más de las luchas que libran los sindicatos por el control de los trabajadores.