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Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La expansión violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha tenido su epicentro en la Entidad, y por ello los Estados vecinos también sufren los estragos de homicidios, desapariciones, fosas clandestinas…
Grupo REFORMA publicó que, de acuerdo con un informe de la Sedena difundido por el colectivo Guacamaya, el CJNG opera en 105 de los 125 municipios de Jalisco, pero su presencia es alta también en los Estados colindantes.
El grupo criminal mantiene frentes abiertos con el Cártel de Sinaloa y otras agrupaciones regionales en Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes.
Aunque en cada entidad hay una dinámica distinta, los delitos en común en los últimos siete años son las balaceras, masacres, bloqueos e intercambios de mensajes entre los bandos que aseguran ser «dueños» de los Estados.
En medio quedan los pobladores con asesinatos, desapariciones, sujetos a retenes o desplazados por una pugna que ni la Guardia Nacional, ni las comisarías locales han podido frenar.
Jalisco ha sufrido estas pugnas limítrofes. En la región Sureste, en límites con Michoacán, el CJNG se enfrenta al grupo Pájaros Sierra, con sede en aquella entidad, lucha que disparó la violencia en Mazamitla, pues pasó de dos homicidios en 2021 a 27 en lo que va de 2022.
En marzo, el CJNG lanzó volantes desde aeronaves en Teocaltiche y Villa Hidalgo, en la Región Altos Norte, en los límites con Aguascalientes y Zacatecas.
Los volantes decían que su lucha no era contra la gente, sino contra el Cártel de Sinaloa. El año pasado la violencia entre ambos grupos generó desplazamientos en Teocaltiche.
En la Región Norte, en los límites con Zacatecas, la comunidad wixárika afronta desapariciones.
Además, en junio, tanto el Cardenal José Francisco Robles como el Obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, denunciaron ser víctimas de retenes del crimen organizado en esa zona.
Rubén Ortega Montes, profesor investigador de la UdeG, estimó que los grupos criminales trabajan bajo esquemas de exterminio ante la pasividad de autoridades que necesitan más policías, una estrategia operada desde la Federación y labores de inteligencia.