Uno de los obstáculos para que las mujeres ejerzan efectivamente sus derechos democráticos, es la violencia política en razón de género, que impide que accedan a puestos de representación popular y formen parte de la agenda pública de Aguascalientes y el país en general.
Así lo expresó la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Claudia Eloísa Díaz de León González, durante la presentación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género.
La violencia política por razones de género, es un fenómeno que se ha visto crecer y constituye una de las más persistentes violaciones a derechos humanos, además de ser el reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres, “producto de la cultura patriarcal de la cual se mantienen vivos algunos prejuicios y estereotipos que pretenden que la mujer permanezca confinada en el limitado espacio doméstico”.
Cabe mencionar que el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género, preparado y presentado por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, el Instituto Estatal Electoral y el TEEA, es una herramienta de actuación estatal, con la finalidad de garantizar y fortalecer el libre ejercicio de los derechos político-electorales de ellas.
Está desarrollado en cuatro apartados, uno en el que se expone el significado de la violencia en razón de género y las conductas como se manifiesta; el segundo es la etapa preventiva que incluye un plan de comunicación institucional, de capacitación y sensibilización para fomentar una cultura de respeto de los derechos político-electorales de las mujeres y evitar conductas de violencia política mediante la educación cívica.
Un tercer apartado considera la etapa reactiva, que habla de la importancia en la impartición de justicia con perspectiva de género, mediante el procedimiento de atención que brinda el IEA a quienes han sido víctimas de este delito y las posibles sanciones que el TEEA podría imponer, y las respectivas vistas a las autoridades en materia penal; además de la etapa analítica, que permitirá validar los compromisos adquiridos para generar investigaciones en esta materia.