Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consideró ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución al exhibir documentos fiscales que contienen información confidencial.
En un comunicado, la organización rechazó de nueva cuenta las acusaciones formuladas por el titular del Ejecutivo federal en el sentido de que es una opositora política a su gobierno.
“Exhibir desde la tribuna del Presidente de la República documentos fiscales con datos sensibles es inconstitucional. Viola el artículo sexto, apartado A, y 16, segundo párrafo de la Carta Magna, el principio de reserva fiscal y diversos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, señaló.
Ayer, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador mostró las facturas de los donativos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha hecho a Mexicanos contra la Corrupción.
Los documentos, que sólo deberían tener MCCI, USAID y el SAT, fueron mostrados en una pantalla mientras el Mandatario reiteró su petición al Gobierno de Estados Unidos de que suspenda el apoyo financiero a la organización.
“Reiteramos que MCCI no está vinculado con ningún partido político, ni lo estará. Los recursos con los que opera MCCI provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas al amparo de las leyes mexicanas y en congruencia con nuestro objeto social: la investigación aplicada, periodística y jurídica sobre las causas, mecanismos y costos de la corrupción, así como de la promoción del Estado de derecho”, enfatizó la organización.
MCCI exigió que cesen los ataques en su contra y advirtió que pese al acoso seguirán desempeñando su labor.
“El Presidente ha atacado y acusado falsamente a MCCI en 61 ocasiones durante sus intervenciones matutinas. Esta conducta es inhibitoria del trabajo que lleva a cabo MCCI, constituye una persecución política en contra de una organización de la sociedad civil, que ha acreditado desde su fundación el cumplimiento de su objeto social y ha hecho un uso responsable, legal y legítimo tanto de los recursos recibidos por sus donantes como de las libertades garantizadas por la Constitución”, señaló.