Arturo Solano López fue vinculado ayer a proceso penal por el delito de peculado, pero dará seguimiento a su caso en libertad, según decretó la juez de Control y Juicio Oral Penal que conoce su caso.

Esto, al encontrar elementos para determinar que el ex titular del Órgano Superior de Fiscalización tuvo probable participación en la comisión del delito de peculado, en el lapso que encabezó dicha institución.

En el marco de la audiencia inicial de juicio desarrollada por varias horas en Ciudad Justicia, y tras la exposición de causas y pruebas presentadas por las partes procesales, la juez determinó decretar la vinculación a proceso del imputado.

Para dictar medidas cautelares, la juez tomó en consideración los argumentados expuestos tanto por la Fiscalía Estatal como por el equipo de defensa jurídica de Solano y resolvió la presentación periódica semanal ante la autoridad.

Asimismo, el pago inmediato de una garantía económica equivalente a 60 mil pesos, además de la prohibición de ausentarse del territorio estatal, en tanto se da seguimiento y resolución a su expediente.

El plazo para ello, según lo estableció el acuerdo de la propia juez, es que en cuatro meses subsiguientes se lleve a cabo la investigación complementaria de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público especializado.

El Código Penal del estado establece que el peculado consiste en la distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos, de cualquier cosa perteneciente al Estado o a un particular, si los recibió en administración, depósito u otra razón.

También se configura el delito por la utilización por el servidor público de fondos públicos con el objeto de promover la imagen política y social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

Un tercer supuesto refiere la distracción que de su objeto haga cualquier persona que, sin tener el carácter de servidor público estatal o municipal, está obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les haya destinado.

La pena prevista para el responsable de peculado es de 1 a 8 años de prisión, de 25 a 300 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro cargo.