Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.-Diputados de oposición acusaron a Morena y a sus aliados de militarizar el cielo, al aprobar una nueva ley que desplaza a la autoridad civil en las actividades de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano.
El pleno de San Lázaro avaló ayer, con 261 votos a favor, 26 en contra de MC y 198 abstenciones de la alianza Va por México, la expedición de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual crea un Sistema de Vigilancia y Protección a partir del cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordinará a las autoridades encargadas de esas actividades.
Entre ellas, las secretarías de Marina, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, así como a la Agencia Federal de Aviación Civil, el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
Lo anterior, con el objetivo de inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Durante el debate de la propuesta presidencial, diputados de oposición reprocharon a Morena la premura para votar el dictamen y advirtieron que la nueva ley forma parte de la estrategia del Gobierno federal para extender la militarización del país.
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, el panista Ricardo Villarreal, reconoció que el reto en torno al espacio aéreo nacional es proteger la soberanía y aumentar su uso con eficacia, pues cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas a actividades de la delincuencia organizada.
Indicó que de acuerdo con el Informe del Centro Nacional de Vigilancia y Proyección del Espacio Aéreo, entre el 1 de diciembre de 2018 y noviembre de 2021, se emitieron 720 alertamientos por aeronaves con probables actividades ilícitas.
Por su parte, el perredista Francisco Javier Huacus lamentó que el pleno accediera a someter a votación un dictamen carente de análisis y de discusión.
Sostuvo que la nueva ley crea un Sistema de Vigilancia y Protección, aun cuando ya se tiene el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), el cual opera con tecnología para detectar, vía satélite, aeronaves sin permiso de vuelo, y cuenta con 80 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes trabajan las 24 horas del día los 365 días del año.
«Prácticamente, nuestro espacio aéreo ya está controlado y vigilado por las Fuerzas Armadas», señaló.
El legislador advirtió que cada párrafo del dictamen denota incompetencia y torpeza para legislar, y como ejemplo dijo que se menciona que el más grave riego es la posibilidad de colisión entre vuelos comerciales e ilícitos, lo que sería imposible, pues los primeros vuelan a entre 10 mil 500 y 12 mil metros de altura, mientras que los segundos lo hacen a 150 metros de altura, para no ser detectados.
Agregó que la nueva ley plantea la coordinación entre autoridades, pero son las mismas que año con año Morena deja sin presupuesto, y demandó que en materia de vigilancia del espacio aéreo, prevalezcan las autoridades civiles.
El emecista Sergio Barrera recordó que el dictamen encontró resistencia en todos lados, menos en Palacio Nacional, y reprochó a la mayoría que no se dieran el tiempo suficiente para analizarla.
Barrera sostuvo que la ley brinda a la Sedena atribuciones que deberían ser exclusivas del orden civil.
«Ampliar el carácter operativo de las Fuerzas Aéreas en el espacio aéreo mexicano es militarizar hasta el cielo. Todos los legisladores de oposición coincidimos en que es burdo querer aprobar algo por tener más lealtad con Palacio Nacional que con el país», afirmó.
Coincidió en que la nueva ley duplica facultades que ya están reguladas por la Ley de Aviación Civil, y alertó sobre el riesgo de que la reforma sea inconstitucional, no sólo porque la Carta Magna limita las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, sino porque el artículo quinto transitorio plantea un plazo de ocho años para que éstas realicen tareas de seguridad pública.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la morenista Juanita Guerra, argumentó que el considerable aumento de las operaciones aéreas en México ha generado la obligación de establecer un marco jurídico que le permita a las autoridades responder de manera oportuna ante riesgos.
Aseguró que la nueva ley cumple con los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la ONU, que ha planteado la necesidad de que los países legislen para evitar violaciones a los derechos humanos derivadas de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada.
La morenista afirmó que la ley permitirá a las autoridades detectar con oportunidad y «rapidez inusitada» actos desplegados en el espacio aéreo que constituyan probables hechos delictivos.
