Aunque habrá quien lo dude pero la pandemia tiene sus efectos positivos, porque su sola mención sirve para un trapeado o un fregado. Por esta calamidad los padres de familia deberán aportar una cantidad mayor de cuota “voluntaria” (como eufemísticamente se califica a esta imposición), en virtud que ahora deberá adquirirse material para la higiene y protección de alumnos, docentes, personal administrativo y manual.

México es el país del acomodo, porque si la ley ordena obedecer o cumplir tal o cual cosa, en la práctica se hace lo contrario y siempre habrá una explicación para pasarse por el arco el triunfo lo que dispone la ordenanza.

Si el Artículo 3º Constitucional señala que la educación que imparte el Estado es gratuita, en los hechos se pide a los papás una aportación económica al inicio del ciclo escolar, la que se asegura no es obligatoria, pero los que rechacen hacerlo o no tengan posibilidades, ya saben que sus hijos serán marginados, lo que también se niega que suceda, de ahí que sólo unos cuantos no lo hacen.

La autoridad educativa (IEA) sostiene ante quien quiera creerle que es totalmente ajena a los acuerdos que al respecto tienen las sociedades de padres de familia, sin embargo la directora de Servicios Educativos del Instituto de Educación, María de Lourdes Carmona Aguinaga, declaró que en ese momento no era tiempo de pedir la cuota, “no deben dejarse sorprender por nadie y mucho menos por aquellos que querrán decir que esta semana o la próxima es tiempo de inscripciones”, por lo que no necesitan acercarse a la escuela sino esperar a que se inicien las clases y presentarse (El Heraldo, 16/VI/20).

Por su parte, la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Viridiana Amaya Guerrero, dijo que en el próximo ciclo escolar “habrá gastos importantes para asegurar la seguridad e higiene de los planteles escolares debido a la contingencia por el Covid-19”, por lo tanto “hoy más que nunca” tiene que haber un mayor esfuerzo, aunque tratando de bajarle un poco a la demanda apeló “al buen juicio y criterio de los padres de familia para que en la medida de lo posible apoyen a las instituciones escolares”.

Si la educación pública es gratuita, como está escrito en la Constitución, entonces el Estado debe hacerse cargo de todo lo inherente a las necesidades que tengan las escuelas, pero esto de las contribuciones viene desde la posrevolución, cuando se dispuso abrir escuelas a todo lo largo y ancho del país y cada familia cooperaba para construir el salón y que el maestro o la maestra tuviera facilidades para cumplir con su encomienda. Era la única vía para combatir el analfabetismo en el grueso de la población, sin embargo aquello que fue una necesidad ya que el país empezaba a salir de una situación caótica, se hizo costumbre y para mediados del siglo se asignaba una cantidad que debía pagar cada padre de familia, situación que se mantiene hasta la fecha.

La dirigente de la AEPF exhortó a los padres que deseen apoyar con mano de obra “y otras formas” a la escuela en que estudian sus hijos, que acudan a la mesa directiva para hacerlo saber, trabajo que en ocasiones se solicita a quienes no pagan las cuota.

Cono dijera el coplista “…mira mano, en esta vida nada cambia, sólo cambia el que estira la mano”.

SIGUE EN EL AIRE

Mientras que para virtuosos y recatados este arroz ya se coció, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Guillermo Alaníz, considera que el tema del Pin Parental continúa abierto, en respuesta a los planteamientos que han hecho organismos locales y nacionales sobre la inclusión de unos renglones a la “nueva” Ley del Instituto de Educación.

El diputado que se hizo famoso cuando quiso que la Universidad Autónoma de Aguascalientes fuera supervisada por agentes externos, lo que violaría su autonomía, lo cual le atrajo una serie de críticas que lo obligó a dar marcha atrás, hoy se muestra más cauto, al aceptar que el agregado a la Ley del IEA ha sido muy cuestionado, al grado que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó argumentos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y organismos adheridos a la ONU reclaman la eliminación de ese punto.

Pese a su disposición de que el tema sea revisado, Alaníz de León mantiene la postura de que no hubo error en la anuencia,  puesto que fue analizado y discutido por los legisladores y la prueba de que el pleno lo aceptó en todas sus partes “es que la iniciativa fue aprobada por unanimidad”.

Después de la polvareda que se ha levantado, el también coordinador de la bancada del PAN aseguró que hay apertura para hacer los cambios que se requieran, para ello tendría que haber un análisis concienzudo, porque “la intención y el compromiso siempre será emitir leyes que sean acordes, primero, a que no transgredan el límite legal, pero también que sean a favor de la ciudadanía!”.

Reiteró que “no es un tema cerrado, pues una vez que se presenta una iniciativa se puede reaperturar”, por lo que la iniciativa de enmienda que presentó un grupo de diputados y diputadas para dar marcha atrás a las líneas que aparecieron en el artículo 4º de la citada Ley del IEA, que establece solicitar la anuencia a los padres de familia si están de acuerdo en el contenido de las materias que se impartirán a sus hijos, además de que incluye castigos a menores y afectaría la transmisión laica de los contenidos educativos.

Lo sancionado a finales de mayo ha generado múltiples reacciones en demanda que se sustituya y de alguna manera hizo más famosa a la Legislatura de Aguascalientes, al grado que más de 18 organizaciones nacionales e internacionales se han unido para demandar que se haga, al advertir los riesgos que corren los derechos de niños, niñas y adolescentes, “ante iniciativas regresivas y contrarias a los derechos humanos”, manifestó Marcela Villalobos, del Colectivo Nacional Artículo Tercero, en la videoconferencia que tuvo lugar el pasado 25 de junio.

Villalobos sostuvo que las reformas que aprobó la diputación de Aguascalientes “son inconstitucionales y pretenden establecer el Pin Parental, el cual se basa en la posibilidad de que a las niñas, niños y adolescentes se les quite el derecho de recibir conocimientos fundamentales para su desarrollo que pueden derivar en convertirlos en víctimas de abusos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre otras afectaciones a su vida”.

Por su parte los padres de familia sostienen que es su derecho vigilar por una buena educación para sus hijos que les permita un sano desarrollo, por lo que es importante que conozcan con antelación el tipo de instrucción que se pretende dar en las escuelas y si no están de acuerdo exigir que se elimine ese apartado.

Aunque varios diputados arrepentidos pretenden que se haga la modificación, pero si no lo logran les queda la esperanza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene lo conducente, lo que de lograrse le lavaría la cara a los miembros de esta Legislatura.

DIFÍCIL QUE SE CUMPLA

Este día se cumple la primera semana del séptimo mes del año y la situación económica no mejora. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que durante julio se presente una caída del empleo, ya que de acuerdo a las cifras oficiales la recuperación rápida se está cumpliendo, sin embargo aceptó que es factible que no habrá más empleos, pero tampoco se perderán. “Vamos a detener la caída y si no aumentamos, repito, aunque sea un poco para julio, para agosto sí”. Los empresarios locales y nacionales no tienen la misma visión porque de la misma manera que se abrió el sistema productivo en general, una parte lo hizo sólo al 30 o 40%, como es el caso de restaurantes, hoteles y todo lo que tiene que ver con la industria turística, que es de las que más generan empleos, en tanto la construcción no tiene el impulso esperado, a pesar de que también produce miles de puestos de trabajo, lo que augura que la economía podría cambiar a finales del año o a partir de 2021.