Como dijera el inmortal Cantinflas: “Ahí está el detalle”, estudiantes de la Universidad de Harvard ratificaron la pauta a seguir para que Aguascalientes sea un estado exitoso en el fomento de las empresas, principalmente que sean parte del suministro de las grandes compañías asentadas en la entidad.

Lo anterior refuerza uno de los propósitos que hay en el proceso “ganar-ganar”, esto es, que grandes, medianos y pequeños negocios confluyan en un mismo fin, con lo que el capital local crezca y por ende el empleo, que es las mayores exigencias de este tiempo.

Durante la audiencia con el gobernador Martín Orozco Sandoval, estudiantes de maestría en Administración Pública para Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, procedentes de Irán, Brasil y Reino Unido, presentaron sus conclusiones sobre los planes y proyectos económicos de Aguascalientes pronosticados en la visión 2045.

Para la administración estatal, apuntó el mandatario, la economía es de los temas más trascendentales, por lo que este tipo de estudios de expertos resultan importantes, que por espacio de dos semanas se empaparon de las condiciones que prevalecen en este sector, lo que permitió desplegar las recomendaciones que permitan mayor impulso en el crecimiento del estado.

Establecieron que es necesario estimular la diversificación económica, particularmente hacia las ramas tecnológicas para lograr un mayor valor agregado y la participación plena de las micros, pequeñas y medianas empresas que tengan fundamentos tecnológicos, insertándolas en la cadena de suministros de las grandes compañías que operan en la localidad, además de fomentar la inclusión laboral de las mujeres en todos los niveles profesionales.

En su investigación comprobaron que el gobierno del estado de apega los lineamientos que dispone el Banco Mundial (BM) en la materia y sugirieron que a corto plazo se ofrezca certificaciones al personal de las industrias, lo que sería un incentivo muy significativo en su crecimiento profesional.

También razonaron que no es suficiente contar con ingenieros, sino que sean especialistas en su área, lo mismo que se reduzca la brecha de género en las empresas, como por ejemplo instalar guarderías en los centros de trabajo, con lo que un mayor número de mujeres pueda incorporarse a la dinámica laboral.

Los señalamientos que hicieron apuntalan lo que se ha mencionado en varias ocasiones, de manera especial que se brinde el apoyo necesario a las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en lo financiero como en tecnología, de manera que puedan responder a las exigencias de control de calidad de las compañías. Es el único acceso por el que puedan transitar para tener resultados positivos, por lo que hay que pasar de las palabras a los hechos y cuando esto se dé habrán dado un gran salto los citados negocios.

URGE OTRA CLÍNICA IMSS

Como se ha comentado en este y otros espacios de El Heraldo, es necesario tramitar la construcción del cuarto hospital general del Seguro Social, ante el crecimiento del empleo y por ende de asegurados y sus dependientes.

El tercer nosocomio ubicado en el municipio de Jesús Maria fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto el 15 de noviembre de 2017. Se dijo entonces que el IMSS incrementó en un 36% la atención en especialidades, en beneficio de 400 mil derechohabientes.

Lo anterior fue celebrado por empresarios y líderes obreros, al considerar que se daba respuesta a una añeja demanda ante la saturación que registraban los hospitales 1 y 2, sin embargo se subrayó entonces que ante el crecimiento de plazas laborales era obligado llevar a cabo los trámites para que se construyera la cuarta clínica.

El dato que aportó el secretario de Desarrollo Económico (Sedec), Luis Ricardo Martínez Castañeda, que en los poco más de dos años de esta administración estatal se tiene un registro de 31 mil 500 puestos de trabajo, sin duda resulta agradable, porque simboliza un crecimiento constante en este ramo en beneficio de operarios, trabajadores especializados, mandos medios y ejecutivos, ya que entre más crezca una empresa el abanico de oportunidades es mayor para todos.

Irrefutable es el compromiso señalado por el gobernador Martín Orozco, de alentar la generación de empleos y con salarios competitivos, pero este esfuerzo tiene que ir acompañado de la gestión ante la Presidencia de la República y la dirección general del IMSS para tener otro hospital.

La cuestión es muy sencilla, si en dos años se tienen 31 mil 500 nuevos empleos, consecuentemente son casi 100 mil nuevos derechohabientes en el IMSS, teniendo en cuenta los trabajadores y sus familiares, a lo que se debe agregar los estudiantes que por decreto presidencial tienen que recibir atención en la institución y en fecha próxima el personal doméstico que por ley deberá ser inscrito en el Seguro Social.

Aunque tradicionalmente se ha tenido a Aguascalientes en segundo plano, por lo que tardan años en dar respuesta a los requerimientos más urgentes, es tiempo de que unan esfuerzos gobierno del estado, las cámaras empresariales y los sindicatos de obreros, poniendo sobre la mesa que es una de las entidades que casi no tiene evasión ni retrasos en el pago de cuotas, por lo que en correspondencia a esa voluntad de patrones y trabajadores se tiene que programar el cuarto hospital.

Se entiende que es una decisión difícil  para el IMSS, ya que no es suficiente con edificarlo y equiparlo, sino que debe contratar el número suficiente de personal para su atención, lo que significa un desembolso permanente, pero dicen que del mismo cuero salen las correas, entonces si son buenos pagadores en materia de aportaciones, justo es que se refleje en un mejor servicio.

Llevar a cabo el trámite no significa que pronto de resultado la demanda, pero hay que hacerlo a la mayor brevedad para tener elementos que permitan insistir las veces que sean necesarias. Debe recordarse que el tercer hospital se prometió desde principios del gobierno de Felipe Calderón y fue casi once años después cuando se materializó, por consiguiente hay que estar atrás del director del organismo, Germán Martínez, hasta que se logre ese propósito.

POR LAS NUBES

Ante el desabasto de gasolina, el aumento a los precios de la canasta básica era un paso lógico. Algunos comerciantes saben que es su oportunidad y también que lo que sube ahí se queda, por lo que las amas de casa son las principales damnificadas de este ramalazo económico.

El presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Jael Pérez Sánchez, fue muy claro al citar que están encendidos los focos amarillos en la economía y todo dependerá si el gobierno federal logra estabilizar el suministro de combustible en el país, que de ser lo contrario entre más días pasen se incrementará la crisis en la distribución de alimentos, por lo que “al no llegar las mercancías se van a incrementar los precios ¿en cuánto?, no lo sabemos, va a depender precisamente de cuánta mercancía haya disponible”.

Se ha podido detectar que ya no están llegando los alimentos con la frecuencia habitual, que es cuanto a Zona Bajío de la que forma parte Aguascalientes, es el caso del chile serrano, que se consigue en el Centro Comercial Agropecuario a 80 pesos el kilogramo y en centros comerciales a 100 pesos, una cebolla la venden hasta en 15 pesos y el jitomate subió 25%, además el aguacate y los pimientos aumentaron como consecuencia de una fuerte nevada en Sonora.

En cuanto a la gasolina se ha mantenido entre 19 y 20 pesos el litro, pero podría llegar a 21.70 en algunos expendios, lo que está sujeto al suministro que reciban y por si fuera poco está el mercado negro, al ofrecerse en redes sociales, llegándose a subastar hasta en 40 pesos o que cobran por formarse en los expendios, pero lo que lo único que provoca  esta situación “es que se agudice la crisis de energéticos”.

Bajo este marco es obligatorio que el gobierno estatal gestione ante la Federación la dotación necesaria para garantizar el suministro y los precios adecuados, con lo que contribuiría a que no existan pretextos para aumentar el costo de la canasta básica.

GUARDIA NACIONAL

Aunque se mostró inconforme con las modificaciones que le hicieron los legisladores a la iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación mayoritaria de la Cámara de Diputados que crea la Guardia Nacional (GN), y que surgirá con un mando civil pero conserva la estructura militar, tal como se diseñó desde un principio.

Las bancadas de Morena, PES y PT tuvieron el apoyo del PRI, Verde y algunos perredistas, tras un debate de casi nueve horas, con lo que el dictamen pasó la aduana legislativa, en el que se destaca que al frente estará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) y tendrá además una Junta de Jefes de Estado Mayor que en el papel responderá al titular de dicha dependencia, Alfonso Durazo.

Previamente, Durazo aseguró que “el Presidente ha escuchado con el mayor interés los diversos argumentos expuestos por el pueblo de México en sus recorridos por el país” y en los foros organizados por el Congreso, por lo que “transmite por mi conducto, la necesidad de replantear los términos del diseño original para la Guardia Nacional, mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime conveniente para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil dependiendo de la Secretaría de Seguridad”, no obstante, dejó en claro que la conformación de la GN sí tendrá un carácter militar y que además será una corporación permanente.

Organizaciones civiles nacionales e internacionales se han opuesto a que la seguridad pública quede a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo que de manera reiterada han exigido la desmilitarización de esta política del gobierno mexicano, que viene desde el primer año de gobierno del ex presidente Felipe Calderón, pero ahora con la asentimiento de los legisladores se mantendrá igual que en los últimos dos sexenios.

Para reforzar los argumentos presidenciales, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, estuvieron en la Cámara de Diputados el viernes 11 – cinco días antes de la aprobación -, para pedir la confianza de los legisladores y poder llevar adelante las tareas de seguridad pública a través de este nuevo cuerpo, al mismo tiempo rechazaron que signifique la militarización del país.

“Permítame decirles, con todo respeto, que eso es más de lo que yo he podido escuchar. Yo les pregunto a todos ustedes, llevamos 18 años las Fuerzas Armadas en las calles ¿hemos militarizado al país? Contéstenlo, con ese pensamiento que por ahí dicen que tenemos pensamiento de militares, eso no es cierto. ¿Hemos militarizado al país? Si durante 18 años no le hemos fallado, creo que nos hemos ganado el respeto y con sangre. La sociedad nos respeta, ustedes nos respetan, nosotros respetamos a todos ustedes. Por favor, confíen en nosotros. Nosotros no hemos simulado, estamos actuando por el bien del país. Confíen en nosotros”, expresó el almirante Ojeda.

Por su parte, el general Sandoval manifestó que los militares realizan labores de protección y de reforestación en todo el país: “Un punto sobre la militarización. El programa el DN-III es un auxilio a población civil, lo desarrollamos nosotros. Semar y Sedena somos el activo más importante ¿Eso es militarizar el país? ¿Por qué nosotros hacemos esa tarea? Por las mismas condiciones, hay disciplina, organización, estructuras, misiones, órdenes, si a cualquiera de nuestros elementos nos ordenan hacer algo, aunque ponga en riesgo la vida, se cumple, y así nuestro personal ha perdido la vida”.

Ambos sostuvieron que se sigue el modelo exitoso en otros países, como Chile, Italia y Francia y en una primera etapa estarán los policías militares y navales, acompañado en el reclutamiento de jóvenes, para que, llegado el momento, la estructura sea completamente de civiles, por lo que las Fuerzas Armadas será el “pie veterano” de la Guardia Nacional con el fin de transmitir la disciplina militar, entendiéndose ésta como la norma a la que se debe de ajustar la conducta de todos los integrantes del naciente organismo.

UN MES Y CONTANDO

La promesa de que en “cuestión de días” se normalizaría el abasto de combustible quedó en eso, porque las largas filas en las estaciones de servicio se han vuelto una estampa común en varias partes de la República.

Mientras miles de mexicanos sufren para conseguir gasolina, 29 buques-tanque permanecías atracados en distintos puertos nacionales en espera de descargar, debido a problemas de logística. La carga equivale a 6 millones 6.3 mil barriles de fluido petrolero, como gasolina, Diesel y turbosina.

El seguimiento que se hace, cuando arriban los barcos, es descargar los combustibles a los centros de almacenamiento y de ellos se bombea a los ductos, pero éstos permanecen cerrados desde el 20 de diciembre por una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su campaña para combatir y eliminar en su caso el robo de los carburantes.

Se ha creado un cuello de botella en virtud que los centros de almacenamiento están llenos, porque sus contenidos no se han podido mandar por los ductos, de ahí que se han utilizado camiones (pipas) y carros-tanque ferroviarios, operativo que no ha logrado regularizar la atención al consumidor.

En un esfuerzo por agilizar la distribución a las gasolineras, López Obrador anunció el pasado 16 que el gobierno federal adquirirá 500 pipas, de 60 mil litros cada una, pero que no se asignarán al Sindicato Petrolero sino directamente a la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en un plan “B” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un esfuerzo de garantizar el resguardo en la repartición, compra que estará a cargo de Ricardo Peralta, administrador general de Aduanas.

“Es Pemex o la Secretaría de la Defensa Nacional las que estarán a cargo de las pipas”, afirmó el mandatario, quien en abono a las medidas adoptadas por su gobierno dijo que raíz de la estrategia contra el robo, “por increíble que parezca”, la empresa estatal está facturando más por la venta de gasolinas”.

Sostuvo que la región norte de México será abastecida pro medio de pipas que viajarán desde Estados Unidos, principalmente de Texas, con lo que se quitará presión a la refinería de Cadereyta, y de esta manera pueda surtir de combustible a los estados del sur

El titular del Ejecutivo indicó que la Sedena tiene un sistema de transporte y analizan vincular la distribución con la vigilancia, para tener pipas protegidas, ante todo “que ante esa emergencia, no falte el combustible. Es un plan de seguridad que ya no tengamos que estar padeciendo porque nos rompieron un ducto, nos pincharon un ducto y mientras lo remendamos se queda sin combustible la Ciudad o el Estado de México o la zona metropolitana de Guadalajara. Ya no”.

Sostuvo que las medidas adoptadas ya tienen un efecto positivo, luego de que Pemex está facturando más por la venta de gasolina, “como ya no pueden robarse lo que se estaban robando, ahora Pemex está facturando más, aunque parezca increíble”.

De manera paralela, elementos de la Sedena y Marina han frustrado intentos de sabotaje en ductos de Pemex, como parte de los operativos especiales de vigilancia contra el robo de combustible, principalmente en el conducto de Tuxpan, que ha sido objetivo de varios ataques.

Gobernadores de Querétaro, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato se pronunciaron a favor de la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir el robo de combustible, a la vez que pidieron que a la mayor brevedad se restablezca el abastecimiento, lo que es posible a través de ferro-tanques y unidades cisterna por vía terrestre.

Para darle mayor soporte a la medida que adoptó, López Obrador aseguró el pasado 14 que como resultado del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, se ha podido “reducir” el robo de combustible de 80 mil barriles diarios, en promedio, que equivalía a 7.1% del consumo nacional por jornada, a sólo 2 mil 500 barriles al día, con lo cual, dijo, se va regularizando el abasto y la tendencia es que pronto va a regresar a la normalidad el suministro en las estaciones de servicio del país.

Entretanto siguen adelante las investigaciones a empresas transportistas y que se extenderán a proveedores de bienes y servicios de Pemex, tarea en la que trabajan autoridades de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la propia petrolera, lo mismo que se hacen investigaciones para dar con los autores intelectuales del “huachileo” en varios estados, sin importar  el nivel que tengan en la política o el sector privado.

DEMANDAN AL GOBIERNO

A seis semanas que comenzó la administración lópezobradorista enfrenta 52 denuncias por supuestos despidos injustificados a trabajadores públicos y más de 20 mil amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en respuesta a una solicitud de información presentada por El Universal, indicó que de las 52 quejas interpuestas, 47 corresponden a ex trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); dos proceden de empleados de la Secretaría de Gobernación (Segob), dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y una de un ex funcionario de Liconsa.

Entre las denuncias destaca la de Oscar Ernie Orozco Perea, que actualmente es director general adjunto B de la Sedatu y ante quien, el 19 de diciembre del año pasado se presentó Miguel Ángel Cancino Aguilar como nuevo titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría y le solicitó su renuncia, pero le adelantó que ésta sería sin liquidación.

En tal virtud, apuntó, “le solicité al doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar que si necesitaba mi renuncia, me pagara la indemnización a la que tengo derecho por ley, respondiendo que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cuenta con recursos para pagar indemnizaciones”, pero para no tener discusiones con él, acordaron que presentaría su renuncia con fecha 15 de enero de este año, para surtir efecto del día siguiente, sin embargo le pidió que ya no se presentara desde el 20 de diciembre, no obstante ha seguido acudiendo al no haber recibido acuse de recibo, lo que llevó a que enviara un escrito a Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría, donde le informa de la retractación de su renuncia, al considerar que no fue su voluntad hacerlo y tampoco ha surtido efectos legales, además que quien se la solicitó carece de atribuciones y facultades legales para hacerlo.

A su vez, más de 20 mil trabajadores en todo el país han tramitado amparos en contra de la reducción de su ingreso, como lo dispone la ley aprobada por la actual Legislatura. De las 3 mil 806 demandas de amparo presentadas, 608 han sido en línea y agrupan a 21 mil 408 quejosos; 409 son jueces, 617 son magistrados, 5 mil 434 secretarios, mil 272 actuarios y 6 mil 388 oficiales del Poder Judicial de la Federación, los demás pertenecen a otras dependencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite los impedimentos planteados por diversos jueces de Distrito en el país ante quienes se han presentado juicios de amparo en contra de esa ley puesto que alegan tener un conflicto de interés para resolver; al aducir que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos también les afecta, por lo que será el máximo tribunal el que dicte la última palabra.