Se sabe cuántos son, dónde están, el número de familias que los habitan y las condiciones en que se desarrollan, pero de nada sirve tener toda esa información si a final de cuentas los casi 300 fraccionamientos irregulares continúan sin reconocimiento legal.

Es un asunto que pese a la necesidad que tienen sus moradores de contar con la documentación que acredite la propiedad del espacio que ocupan, permanecen sin la cabal atención de las autoridades correspondientes, que se concretan a darle largas a lo que debería de ser unas de las máximas prioridades de la administración pública.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot) del gobierno del Estado, hay 283 asentamientos humanos atípicos, de los cuales 83 están en la ciudad capital, 46 en Rincón de Romos, 41 en Jesús María y 133 en los otros ocho municipios.

Lo anterior significa que, mancomunadamente, el gobierno del Estado y los once Ayuntamientos deben resolverlo, a partir de que ambos cuentan con oficinas jurídicas que permitan darle orden y dirección a esta reivindicación social.

Las familias que residen en esos lugares pudieron haber sido engañadas, al ofrecerles que por una módica cantidad a plazos se harían del terreno y al terminar de pagar recibirían las escrituras, o que al ser un predio de propiedad pública o particular fue fraccionado por algunos vivales y después se hicieron ojo de hormiga, quedándose los ocupantes en el limbo, porque para entonces ya construyeron varios cuartos, cocina y otras acciones indispensables, por lo que difícilmente van a reubicarse con todo y los problemas que resienten, principalmente la carencia de los servicios básicos.

El titular de la Seguot, Armando Roque Cruz, reconoce que “es un problema que aqueja principalmente a familias de escasos recursos o necesitados de un lugar dónde vivir, que se dejan engañar por gente que se aprovecha al vender terrenos sin los permisos respectivos”, pero también hay de posición económica desahogada “que enfrenta una de estas situaciones, aunque son menos los casos”.

Afirmó que en otros tiempos “eran políticos los que se ofrecían apoyar a los desprotegidos, pero ahora hay gente que estafa con la necesidad de vivienda”, al prometer lo que de antemano saben que no van a cumplir, sólo que los perjudicados se dan cuenta tardíamente que han sido defraudados.

Según el funcionario “se está haciendo un frente común con los municipios para corroborar cuáles son sus asentamientos que tienen la necesidad de ser regularizados”, trabajo que ya consumió tres años de la administración estatal y otros tantos de los ayuntamientos, por lo que a ese paso será una más de los legados que reciba el próximo gobernador.

Roque Cruz menciona que se busca “corroborar” cuáles fraccionamientos deben ser regularizados, lo que es un contrasentido, puesto que de su misma oficina informan en qué municipios se encuentran las citadas colonias, por lo que están perfectamente ubicadas y saben cuáles son.

Lo más grosero de todo es que los municipios por lo general cobran el Impuesto a la Propiedad Raíz (predial), pero sin asumir ningún compromiso, como es dotarlos de luz, agua, servicio de limpia, vigilancia, etc., bajo el argumento que son asentamientos irregulares.

Lo que deberían hacer la Seguot y los ayuntamientos es acelerar la regularización de los 283 lugares, no como una concesión graciosa sino como un derecho que han adquirido quienes por una u otra causa están ahí y necesitan que sus hijos crezcan en un ambiente más amable.

JUEGO DEL TÍO LOLO

Si no fuera algo demasiado grave movería a risa las palabras del jefe policiaco municipal Antonio Martínez Romo, que le “declara” la guerra a los “picaderos”, puesto que los habitantes de cualquier colonia saben dónde están, quiénes concurren a ellos, e incluso de qué artimañas se valen para que no los molesten.

Lo más absurdo es que el comisario reconoce que son aproximadamente 300 picaderos de droga, por consiguiente, si se sabe dónde están, entonces ¿Por qué no los clausuran?, no basta con que se hayan detenido en esos lugares “a más de 300 personas con posesión de narcóticos”, sino que ya no funcionen.

Por lo regular los picaderos se encuentra en alguna vivienda o en un espacio abandonado, de lo cual los vecinos se encargan de denunciarlos, pero pasan semanas y hasta meses para que sean intervenidos, que en ocasiones se hace después de alguna trifulca o porque alguien fue herido o muerto

Aguascalientes cuenta con policía municipal, policía estatal y policía ministerial, además de la Guardia Nacional, lo que supondría más que suficiente para erradicar esta práctica que atrapa y daña a jóvenes y adolescentes y aún a población adulta, pero la tarea se rastrea a paso de tortuga.

En estos lugares se comercializa y consume todo tipo de enervantes, principalmente marihuana, cristal y cocaína, clientela que eventualmente es aprehendida, pero al poco tiempo queda en libertad para volver a lo mismo. Son individuos que no reciben un tratamiento médico y psicológico, por lo que más que buscar su alejamiento de las drogas sirve para engrosar las arcas públicas.

Es de llamar la atención que Martínez Romo señale que se ha detenido a menores de 18 años en posesión y distribución de psicotrópicos e incluso que son consumidores, porque si a esta edad saben cómo obtener dinero sin tener un oficio o un trabajo fijo, en poco tiempo serán enganchados por la misma banda que los envició, pero para faenas mayores.

La única manera de evitar que continúe avanzando estos problemas es actuar y que las autoridades se sacudan la modorra, que procedan a combatir con toda firmeza cuanto espacio exista donde se venda y emplee cualquier tipo de enervante, de otro modo seguirán jugándole el dedo en la boca a la sociedad con el cuento de que se hace “un gran esfuerzo” para erradicar esas prácticas.

ESTÁ EN SUS MANOS

La diputada  Natzielly Rodríguez Calzada hizo un llamado a Veolia para que “se ponga las pilas” y mejore la calidad del servicio, sin embargo quienes deben ponerse las pilas son los propios legisladores, que tal vez desconozcan que son “representantes populares”, esto es, apoderados del pueblo, por quien deben velar en todo momento. Es posible que tampoco sepan que el título de concesión que rige a la empresa francesa fue obra del Congreso del Estado, por lo que de la misma manera se puede adicionar para que incluya las cláusulas que sean necesarias y así, en lugar de que la firma francesa le haga el favor a los aguascalentenses de darle el servicio que corresponde, sea por obligación o que reciba sanciones económicas que pueden incrementarse conforme haga oídos sordos. Ya resultan patéticos los ruegos de los usuarios que desde distintos sectores de la capital claman por el agua en sus domicilios o negocios, sin que la autoridad municipal atienda una de sus obligaciones reglamentarias- Más que exhortaciones – que son como las llamadas a misa -, lo que se necesita es severidad de los parlamentarios, de otra manera seguirán escuchándose las risotadas hasta la Torre Eiffel.

COLECTA PARA FASA

El domingo próximo tendrá lugar en todos los templos de la Diócesis la colecta que llevará a cabo la Fraterna Asistencia Sacerdotal de Aguascalientes (FASA), cuya finalidad es reunir fondos para apoyar a los clérigos enfermos o ancianos. Son hombres que dejaron su vida al servicio de la comunidad católica y que ahora requieren de ser atendidos médicamente, por lo que se espera una correspondencia bondadosa de quienes han sido sus guías espirituales.

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