Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 12-May-2020 .-Diputados del PRI advirtieron que la decisión del Gobierno de disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública es un abuso de poder y está en duda su constitucionalidad.

La medida, expusieron, pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta Administración, al tiempo de que genera incertidumbre sobre sus alcances jurídicos para los miembros de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

“En el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresamos un enérgico rechazo.

“La falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitir (el decreto) y concentrar más poder”, manifestó la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los diputados priistas afirmaron que si bien es cierto que ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma aprobada por el Congreso, en su opinión es preocupante que se aproveche la emergencia de salud para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas.

“La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución. Durante la aprobación de esa reforma constitucional en la Cámara de Diputados, las y los legisladores del PRI ratificamos nuestro reconocimiento a la labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, pero advertimos que el éxito de alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del Gobierno.

“El Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de conducir los esfuerzos de la sociedad para lograr la paz y debe ser claro en cuanto a los resultados de estos últimos 18 meses”, manifestaron los priistas.

Las cifras indican, advirtieron, que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos.

“Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento”.

En un comunicado de prensa, la bancada del PRI sostuvo que mantendrá una visión de Estado en los temas vinculados a la seguridad de la gente.

“Cuando se trata de garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas no debe haber espacio para los golpes entre partidos políticos y menos para la mezquindad. La seguridad y la justicia no se deben partidizar, ese debe ser nuestro compromiso político”, puntualizó.

El País, agregó, no puede esperar para tener instituciones y estrategias que verdaderamente contribuyan al restablecimiento de la paz en todo el territorio.

Tan solo durante 2019 y lo que va de este año, aún en medio de la Fase 3 de la contingencias por la pandemia de Covid-19, sostuvo, las cifras oficiales revelan que la violencia en México no ha dado tregua a las familias mexicanas de todo el territorio.

Los priistas destacaron que desde el inicio de la crisis de seguridad señalaron que era necesaria una estrategia especial que garantizara la seguridad de las y los mexicanos, en la que se diera una adecuada coordinación entre los diversos órdenes de Gobierno.

“Es necesario que se revisen los términos del citado Acuerdo para garantizar que ninguno de sus cinco artículos y dos transitorios del decreto sea contrario a lo establecido en la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil”, exigieron.

“El Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

No basta, añadieron, con que el documento se limite a reproducir dichas palabras, sino que debió incorporar y desarrollar mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento.

“En consecuencia, el decreto tendría el riesgo de ser inconstitucional”, consideraron.

“Desde ahora señalamos que la Fuerzas Armadas estarán impedidas a partir de 2024 para realizar funciones de seguridad pública. Entonces será indispensable haber alcanzado resultados de la política civil en materia de seguridad, tal como se señala en la reforma que creó la Guardia Nacional”.

Sin embargo, alertaron, la publicación del decreto es una medida que va en contrasentido de este objetivo, pues en lugar de trabajar para fortalecer a las policías civiles, se activa un mecanismo que debía ser extraordinario.

También manifestaron que desde la creación de la Guardia Nacional, muy poco se ha hecho para fortalecer a los cuerpos policiacos locales.

Con el acuerdo, afirmaron, se contravienen las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en México, que recomendó alejarse del enfoque militarizado y avanzar en una institución civil para garantizar el retiro paulatino y planificado de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad ciudadana.

Los diputados del tricolor aseguraron que estarán “muy atentos” a los efectos legales del decreto y el cumplimiento del compromiso de pacificación que hizo este Gobierno, sin instaurar de forma permanente una estrategia pro militarización en el País.