Por más de cuatro años el Ayuntamiento capitalino ha tomado como bandera el asunto del agua potable, al comprometerse a cancelar la concesión y hasta integró un grupo de ciudadanos para que den seguimiento a este anhelo, sin embargo la decisión final corresponderá a la próxima administración, por lo que todo lo que se diga es sólo con un afán publicitario, que puede salir demasiado caro políticamente hablando, si no cumple lo que hoy ofrece.

Además, tiene abierto otra oquedad con el asunto del alumbrado público, que como se ha informado le ha valido tres cacahuates la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que se abstuviera de cobrar ese servicio, incluyéndolo nuevamente en la Ley de Ingresos 2021, lo que inevitablemente provocará numerosos amparos y por si fuera poco le da armas suficientes a los partidos de oposición que sin duda las utilizarán para atizarle al régimen municipal.

Seguramente que se sopesó el pro y contra de esta medida y finalmente se decidió jugarse las cartas, esperanzados en que los ciudadanos no le den demasiada importancia a ambos temas y lo tomen como parte de una campaña “sucia”, pero no se consideró que cuando se afecta el bolsillo surge la rebeldía y entonces la imagen cambia.

El caso del agua es un asunto que viene desde 1993 cuando se privatizó el servicio, mismo que a lo largo estos años no ha logrado mejorar por lo que las protestas son el pan de cada día. La empresa ha cambiado de siglas, primero fue SAASA, luego CAASA y ahora VEOLIA, sin que la modificación de abreviaturas hiciera posible una mejoría, por lo que la actual administración, que está en su quinto año, asumió como tema prioritario el otorgamiento integral del servicio como un derecho colectivo, lo que inicialmente se tomó con cierto interés, pero el tiempo se ha ido con la misma cantaleta, a la par que crecen las quejas en diversas colonias por falta del vital elemento.

La presencia de CCAPAMA (Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes) supondría tener un vigilante persistente para que Veolia cumpla sus obligaciones, pero su única función ha sido la de acompañar a la firma francesa y en ciertos momentos convertirse en su mejor defensor cuando crece la irritación social.

Suponer que de aquí a octubre, en que concluye la actual gestión municipal, se habrá logrado la salida de Veolia es ser demasiado ingenuo, porque la concesión termina en dos años, consecuentemente corresponderá al próximo alcalde o alcaldesa decidir lo conducente, además que como toda trasnacional buscará por diversos medios legales seguir con el permiso, por lo que todo lo que se dice y se hace actualmente son simples volutas de humo que serán aprovechadas por los partidos que pretenden ganar la elección del 6 de junio.

En lo que se refiere al alumbrado público, podría ser tal como se anticipó en este espacio, de que vendrán los amparos para no pagar ese impuesto y de lo cual habló la regidora priista Citlalli Rodríguez, al citar que serán numerosas las personas que recurran ante la justicia federal para echarlo abajo, lo cual sucederá a partir de febrero cuando se tenga el recibo de energía eléctrica (CFE), al cual se anexa el citado cobro.

El hoy llamado “Sistema Integral de Iluminación Municipal” (SIIM), que no es otro que el tradicional Derecho de Alumbrado Público (DAP), se creó a partir del año en curso con el argumento que el Gobierno Municipal no puede perder los casi 160 millones de pesos que se embolsa, pese a que el máximo tribunal del país falló en contra de esa tarifa por un servicio que está obligado a proporcionar, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 115 Constitucional.

Agua potable y alumbrado público son asuntos que ya aprovechan varios opositores, interesados en hacerse de las candidaturas a la Presidencia Municipal, por lo que estos temas se escucharán con frecuencia durante el presente semestre.

DESAPLICACIÓN LEGAL

Crear y reformar leyes es el mayor pasatiempo de los legisladores estatales y federales, porque esto da cierto prestigio al que lo promueve, pero una vez aprobado y promulgado se olvidan de rastrear su cumplimiento, lo que lleva a que sea letra muerta y acordándose que existe la ordenanza hasta que surge una demanda social.

De manera constante se habla de atender y proteger a los abuelos, lo que sirve de escaparate para que diversas autoridades saquen a relucir lo mejor de su repertorio, con mensajes lacrimógenos y que hacen acompañar de fotografía y videos al momento de entregar algún artículo, lo cual hacen de manera esporádica.

De lo que pocos hablan es que existe la obligación, por ley, de que los hijos cuiden de la seguridad y el bienestar de sus padres, siendo lo contrario en numerosos los casos, cuando los “viejos” viven sin atención alguna, en total marginación y muchas veces despojados de sus bienes a través de obligarlos a que hereden en vida.

Los patriarcas tienen derechos reconocidos en la Constitución General de la República y en la Ley sobre los Derechos de las Personas Adultos Mayores y signados por el Gobierno de México en los tratados internacionales, por lo que está apremiado a ejercer y vigilar su total cumplimiento.

Cuando carecen de un ingreso o es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, los hijos y las hijas tienen la obligación de darles una pensión de acuerdo a sus posibilidades, lo que entre paréntesis es importante señalar que ni siquiera debería de ser algo forzoso sino una justa retribución por lo que ellos hicieron en su crianza y formación.

Ante el poco o nulo interés de que los vástagos atiendan esa disposición, hay instancias oficiales para demandar el pago de la pensión, incluido el derecho a no ser discriminación, lo que significa su integración y participación en familia, que reciban la atención que merecen, motivándolos a que intervengan en actividades culturales, académicas, deportivas y juegos de salón, evitándose así el aislamiento que en ocasiones se les tiene en la vida social y familiar, o lo que es peor, que los lleven a un asilo y se olviden de ellos.

Está claro que debe haber una vida digna en la vejez, por ser un derecho jurídico que deben cumplir los hijos, aunque lo justo es que no debería imponerse estas obligaciones sino que deberían de ser de manera voluntaria y por amor a quienes les dieron la vida y una manera generosa de corresponder a lo que hicieron por ellos, platicando e interesándose de sus experiencias, aún cuando sea repetitivo escucharlos y teniendo ante todo la idea que un día ellos también llegarán a esa edad, por lo que hay que ser amigables y accesibles.

EL “ZURDO” NIEVES

Enrique Luis Nieves Hermosillo, más conocido como el “Zurdo” Nieves, tuvo varias facetas a lo largo de su vida, principalmente un conocedor del derecho laboral, que sin haber estudiado la licenciatura se adentró en todo lo concerniente a la defensa de los trabajadores, por lo que durante varios años fue parte imprescindible en la tutela de sus compañeros de trabajo. Fue representante laboral en la Sección Dos del Sindicato Ferrocarrilero y estuvo asignado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, además un tiempo fungió como mayordomo del departamento de herrería en los talleres ferroviarios. Desde joven jugó beisbol y luego pasó a ser manager del equipo Sección Dos en la Liga Ferrocarrilera, en su tiempo la principal de la región a la que concurrían novenas de Calvillo, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. Su principal virtud fue ser prudente, por lo que nunca tuvo problemas en el trabajo ni en los campos de juego, aun en instantes de efervescencia, lo que en gran medida ayudaba a que se redujera la exaltación. Ya pensionado se dedicó de tiempo completo a su familia y finalmente -la semana pasada- se fue a rendirle cuentas al Creador. Vaya un abrazo solidario a todos sus allegados, entre ellos a su hermano Rodolfo, que por varios años fue pieza importante en la Redacción de El Heraldo.