Ayer compareció el auditor superior, Arturo Solano López, ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso, que preside Jaime González de León.
El funcionario acudió acompañado de sus cinco directores generales de Área, a quienes se les pidió hicieran pública su declaración “3de3”: dijo que son falsos los señalamientos que han hecho algunos legisladores en torno a su desempeño y de que pudiera adquirir recursos ilícitos.
El representante de Morena, Alejandro Mendoza Villalobos cuestionó si el contralor “piensa que el pueblo no sabe de su riqueza acumulada, de que es propietario de una casa en Puerto Vallarta, con yate, o de su inmueble localizado en un fraccionamiento exclusivo al norte de la ciudad.
Que su trabajo como Auditor Superior se ha limitado a justificar sobreprecios en diversos servicios administrativos y financieros de las dependencias, afirmando que esta dependencia es “tapadera de corruptelas”.
Juan Guillermo Alaniz de León dijo que hay informe de que el OSF obtuvo una presupuesto en 2015 de 16 millones de pesos, y para el presente se duplicó a 33 millones de pesos, recursos que la mayor parte se va a la nómina, por lo que pidió aclarar este punto, cuestionando adicionalmente si tiene relación alguna con el Despacho Torres Moreno y Compañía porque hubo un importe de 1 millón de pesos para contratar sus servicios, con fines de auditoría.
Solano López afirmó que sí hubo un incremento en el presupuesto, porque a partir del 2017 desaparecerá el recurso Profis, lo que afectará la operatividad de las revisiones anuales.
Negó que hubiera una relación laboral con el Despacho Torres Moreno y Compañía, “porque no recibo ningún tipo de honorarios con sociedad alguna”.
El diputado Gustavo Alberto Báez Leos cuestionó el que en noviembre pasado se gastaron más de 97 mil pesos en un restaurante ubicado al norte de la ciudad, otros 87 mil pesos en enero y 43 mil pesos más durante el mes de julio; se gastaron alrededor de 266 mil pesos en hospedaje en un Hotel de la Riviera Nayarita, además del costo de un software por más de cuatro millones de pesos, por lo que exigió un avalúo por parte de la Cámara de Tecnología, y “si no corresponde al precio real de instalación del sistema, que se devuelvan los recursos”.
En su turno, la legisladora Elsa Amabel Landín Olivares, quien solicitó al titular del Osfags ampliara información en torno a las observaciones hechas en la revisión de la cuenta pública de 2015 del Municipio de Aguascalientes, y en las que están pendientes de solventar más de 45 millones de pesos, así como aclarar diversas anomalías de los ayuntamientos.
Los representantes de los partidos Verde y Morena pidieron la renuncia de Arturo Solano López.

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