Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) investigará si existen y quiénes son los supuestos proveedores a los que, ilegalmente, Fuerza por México pagó al menos 33.9 millones de pesos en los últimos cuatro meses.
«Inicie un procedimiento oficioso, a fin de que cuente con todos los elementos para identificar si existieron conductas irregulares adicionales y, en su caso, se encuentre en aptitud de proceder como legalmente corresponda», señala el acuerdo aprobado por el Consejo General.
Se ordenó a Gerardo Islas, Lucía Arzaruz y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, presidente, secretaria general y secretario de administración de ese partido, devolver al instituto, en máximo cinco días, dichos recursos, los cuales no debieron disponer sin autorización del interventor.
En ese plazo, también deberán entregar a Gerardo Badín, experto asignado por el INE para el proceso de liquidación del partido, los estados de cuenta bancarios detallados para realizar un análisis de la cantidad exacta que se transfirió de manera arbitraria.
De lo contrario, a estos políticos se les acusará de delitos electorales, que pueden alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión.
En junio pasado, el instituto inició el proceso de liquidación de Fuerza por México -el partido del líder sindical morenista Pedro Haces-, por lo que los recursos del partido se repartirían, primero, en el pago de nómina, impuestos y multas electorales y, al final, en deudas a proveedores.
Sin embargo, pese a que el partido lo sabía y en varias ocasiones se le advirtió no hacerlo, se dedicó a pagar a supuestos proveedores, misma conducta que asumieron los comités estatales con el financiamiento público federal.
Incluso, el partido se ha negado a entregar al interventor la información sobre a qué empresas o personas físicas entregó ese dinero y por qué concepto.
«El acuerdo es respuesta a un caso inusual, incluso insólito, y cuya gravedad es difícil de exagerar. Es una conducta infractora y dolosa que el INE no puede pasar por alto», arremetió el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización.
La consejera Carla Humphrey calificó como grave que el INE no conozca a manos de quiénes fueron a parar esos recursos, por lo que confió en que la investigación de la Unidad de Fiscalización dé elementos para proceder penalmente.
Este hecho, consideró, debe generar reflexión para modificar un precepto impuesto por el Tribunal Electoral que establece que los partidos en vías de desaparición continuarán recibiendo financiamiento hasta finalizar el año electoral.
Mientras se abre una cuenta mancomunada entre el partido y el interventor, el INE suspenderá la entrega de prerrogativas a Fuerza por México, pues todavía recibirá en noviembre y diciembre 8 millones 751 mil pesos mensuales; lo mismo deberán hacer los institutos estatales.