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Agencia Reforma

TIJUANA, BC.- El ex Gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, y 10 funcionarios de alto nivel de su Administración fueron citados a declarar en relación con las irregularidades en el proyecto de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy.
La Fiscalía General del Estado solicitó al Poder Judicial una audiencia para formulación de imputación en contra de Bonilla y sus ex colaboradores por los delitos de peculado, coalición de servidores públicos, entre otros relacionados con actos de corrupción.
Fuentes extraoficiales confirmaron a Grupo REFORMA que entre los investigados están además del ahora senador, Amador Rodríguez Lozano, ex Secretario de Gobierno, y Salomón Faz, ex Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.
Por la mañana, durante la conferencia de la Gobernadora Marina Ávila, el Fiscal Ricardo Iván Carpio informó que la solicitud se hizo tras una investigación a servidores públicos de la Administración de Bonilla (1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021).
«Dando seguimiento a una investigación, por presuntos actos que constituyen diversos delitos, derivados de la gestión anterior, se desprende la necesidad de citar a la autoridad jurisdiccional a personas relacionadas con estas gestiones de la Administración pasada», refirió Carpio.
«En efecto, hay la necesidad de citar a una audiencia inicial de formulación de imputación por actos posiblemente constitutivos de corrupción, de peculado, de coalición de servidores públicos, y de otros diversos delitos en los que la autoridad jurisdiccional revisará la fecha».
Cuando el Poder Judicial de Baja California fije una fecha de audiencia para la imputación, posteriormente se resolvería una vinculación a proceso de los servidores públicos señalados.
Grupo REFORMA publicó que el Gobierno de Baja California presentó ante la Fiscalía General del Estado varias denuncias por un presunto peculado de 12 mil millones de pesos en el fallido proyecto de una planta fotovoltaica, con la empresa Next Energy, en Mexicali.
La Administración de Bonilla contrató a la empresa a fin de construir una planta fotovoltaica para dotar de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana, pero Next Energy no consiguió los permisos para la construcción.
El contrato obligaba al Gobierno estatal a pagar una indemnización por 12 mil millones de pesos. La empresa logró un mecanismo de garantía financiera para el repago del proyecto a través de un fideicomiso con Banca Afirme.
La Administración de Bonilla entregó 123 millones de pesos a Banco Afirme, como primer compromiso de pago; sin embargo, la Gobernadora Ávila exigió al banco regresar el dinero como lo ordenó un juez federal tras un proceso legal y éste no cumplió.

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