Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un grupo de ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente presentó una demanda de amparo colectivo en contra del acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena se otorguen autorizaciones fast-track a la obras prioritarias.
El acuerdo, publicado el 22 de noviembre de 2021, acusaron, viola varios derechos consagrados en tratados y acuerdos internacionales, así como establecidos en la Constitución y que se refieren al cuidado al medio ambiente y a la participación de las comunidades originarias.
«El acuerdo viola la obligación de aplicar el principio de precaución en la política pública en materia ambiental; se crea una situación jurídica de afectación a los quejosos; se violan derechos constitucionales y convencionales a la participación y consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas», señalaron.
«También, se crea una situación jurídica excepcional que se vuelve estado base para todo el sector de obras y proyectos del Gobierno de México y ésta situación vulnera gravemente el principio de desarrollo sustentable», alertó Fátima Fernández, integrante de Abogacía contra la Crisis Climática.
El acuerdo, recordó, instruye a todas las dependencias y entidades del Gobierno federal a otorgar en un plazo máximo de cinco días permisos o autorizaciones relacionadas con las obras de los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo; además, en caso de no darse en ese término, considerarse como otorgadas.
Esto, explicó en entrevista, evidentemente vulnera el principio de precaución, referido a la adopción de medidas protectoras ante la sospecha de afectación al medio ambiente, e impide la consulta y la participación de las comunidades indígenas en los proyectos que alteren los lugares en donde habitan.
«Lo que hace el acuerdo es que en vez de llevar a cabo los procesos y las garantías que están contemplados en las leyes especiales, como son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pasa por encima de todos esos derechos», aseguró.
El amparo, informó, está suscrito por cuatro personas morales y 40 físicas.

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