De todos los escenarios posibles en que podía acabar el proceso electoral del pasado 2 de junio, este fue sin duda el más preocupante. Más allá de los conflictos ideológicos entre partidos (que, siendo honestos, no hay una clara definición en ninguno de ellos), otorgarle una mayoría calificada a Morena en las dos cámaras (diputados y senadores) significa la entrada de cambios enormes en la vida diaria de las y los mexicanos. Y en ese tenor, esta semana Ricardo Monreal (líder de la bancada de Morena en el Senado y próximamente en la Cámara de Diputados) anunció que parte de las reformas que se pretenden aprobar a la brevedad está la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) y que se establecerán “diálogos” con las y los funcionarios de dicho poder. De lo anterior surgen muchas preguntas al respecto: ¿qué pasará con los nombramientos actuales? ¿Existirán prerrequisitos para ser candidato a juez o magistrado federal? ¿Bajo qué condiciones se convocarán las elecciones de las y los nuevos juzgadores? ¿Qué pasará con el resto de las y los funcionarios judiciales?
En el transcurso de la semana, hemos visto en programas de televisión, la radio y redes sociales que actualmente la sociedad mexicana remarcó sus prioridades en torno a mantener ampliamente los programas sociales, la militarización y el rechazo casi total a la oposición (esto último como resultado de malas campañas y un trabajo deficiente de la militancia). Evidentemente, esto conlleva a que el costo beneficio que la sociedad evaluó en torno a la independencia judicial, el respeto a los D.H. (específicamente en el caso de la prisión preventiva oficiosa), la mejora de la calidad educativa, etc.; no fueran cosas relevantes o que valga la pena restaurar para decidir cambiar al partido dominante, esto en parte por la enorme desigualdad que persiste en nuestro país y la instalación total del neocorporativismo en casi todas las industrias/gremios del país. Así, bajo este nuevo régimen hegemónico naciente el papel de las y los juzgadores se volvió un estorbo para el funcionamiento de la maquinaria política de Morena y sus aliados, recordemos que no hace poco el senador Ricardo Monreal los acusó de imponer “la dictadura de la toga” por otorgar suspensiones de carácter general cuando la ley faculta a la autoridad para hacerlo ante una posible violación a DH. ¿Qué podemos esperar de esta nueva mayoría aplastante?
Aun no hay una logística bien establecida sobre cómo se van a llevar a cabo los cambios, sin embargo, partiendo de las declaraciones del presidente López Obrador, se busca remover “electoralmente” a las y los jueces, magistrados y ministros; retirarle los fideicomisos restantes al PJF (entre ellos, los ahorros y prestaciones adquiridas de sus funcionarios) e imponer un órgano evaluador externo de la actividad judicial. En pocas palabras, se busca eliminar la carrera judicial. En cuanto al resto de las y los funcionarios (secretarios de acuerdos, proyectistas, oficiales, notificadores, etc.), al desmantelar el Consejo de la Judicatura Federal sus nombramientos estarían en el “limbo” mientras se establece una nueva ley que rija la función judicial, y en ese escenario, existe la posibilidad de que se les pueda remover de su cargo como en el resto de la administración pública (y quién sabe, incluso dejar a criterio de las y los nuevos “jueces del bienestar” la composición de sus juzgados/tribunales).
Esta especulación no viene de una sospecha infundada, si hay algo que Morena desprecia son los servicios profesionales de carrera porque les resta poder (señalando, irresponsablemente y con mentiras que se tratan de “privilegios”). La naturaleza del trabajo de las y los jueces proviene, efectivamente, de la imparcialidad porque toda decisión judicial va a beneficiar a una persona y perjudicar a otra, el parámetro con el que lo hace es lo que se evalúa a través de sus decisiones/sentencias (estas últimas, por cierto, elaboradas con base en la ley y no en el “qué dirán”). Bajo esta lógica, no comprendo cómo (al menos en el sistema jurídico mexicano y su rigidez) podrían hacer campaña y qué es lo que podrían prometerle a la población ¿más vinculaciones a proceso? ¿Negarle el amparo a un grupo particular de personas? ¿Aplicar o quitar criterios jurisprudenciales o de Tratados Internacionales de Derechos Humanos? Si permitimos que la justicia se haga con “aplausómetro”, veremos un país que quizás no conocíamos y que estaría dispuesto a castigar a las personas por su orientación sexual, nivel socioeconómico, género, raza, edad, etc.; y lo único que protege (o protegía) a la población de ese tipo de abusos son los tribunales imparciales.
Finalmente, estamos en tiempos de cambios sustanciales, vale la pena darnos la oportunidad de reinventarnos en nuestras actividades cotidianas y profesionales. De la misma manera, las y los integrantes de la coalición opositora van a tener seis años para reflexionar si deben seguir con las mismas prácticas políticas de siempre o van a replantear sus estructuras (comenzando, evidentemente, por las dirigencias). Celebro enormemente la crítica a las barreras estructurales, la lucha contra la desigualdad y el despertar de la consciencia social (lo necesitábamos ampliamente), pero apostar por un régimen hegemónico como el que está naciendo nos va a salir muy caro a todas y todos si ignoramos los contras de la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión. Son tiempos de reinventar la política y, lo más importante, de reinventarnos a nosotros mismos.