Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El grupo de Morena en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Ley de Amparo para impedir las suspensiones provisionales en contra de las reformas en materia eléctrica y la aplicación del tope salarial a servidores públicos.

La diputada Reyna Celeste Ascencio presentó este miércoles una reforma al artículo 129. para agregar dos nuevos supuestos sobre el perjuicio al interés social de concederse la suspensión provisional en una demanda de amparo.

En la propuesta se plantea que no se otorgue la suspensión contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos; y en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado.

“El objeto de esta iniciativa es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado.

“La cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la ‘burocracia dorada’ y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado, históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores”, argumenta la iniciativa de la legisladora de Morena.

En la exposición de motivos se hace referencia a los amparos otorgados en los últimos días contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que impiden la aplicación de las mismas en forma general, a un día de que entraron en vigor.

Subraya que el Gobierno ha trabajado en crear un régimen de fomento a las empresas productivas del Estado, como es la reforma eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, la cual fue inmediatamente impugnada y se concedió la suspensión provisional.

“Como se aprecia, ni siquiera se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma, y como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”, se argumenta en la propuesta.

También se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado la suspensión en la aplicación del tope salarial a servidores públicos, para que no ganen más que el Presidente de la República, en particular con las demandas promovidas por integrantes del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Se indica que la Corte tiene pendientes por resolver controversias constitucionales en la materia presentadas por el INE, la Cofece y otros organismos autónomos en contra de los presupuestos de 2019, 2020 y 2021 para invalidar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“Con esta iniciativa no se está reduciendo de modo alguno el legítimo derecho de defensa judicial, los que son beneficiarios de la corrupción del pasado y que aún permanecen en la burocracia dorada podrán seguir impugnando judicialmente, pero en consideración de esta proponente, ya no deben seguir gozando de la suspensión del acto reclamado”, explica el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Expone que hay un nuevo régimen jurídico promovido por el Gobierno federal, que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos, por ello se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana.

“Sin embargo, los fines y principios que persiguen estas leyes, están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales, donde se solicita sea suspendida la aplicación de las normas que prohíben que un servidor público gane más que el presidente.

“Algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a litigios largos (que a veces duran años), donde mientras tanto gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos”, se argumenta.