Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) demandó ante un juez federal la extinción de dominio de una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, comprada en 2013 por la esposa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
Mediante un edicto, la FGR emplazó ayer a posibles interesados en comparecer al juicio de extinción 3/2022, que lleva la jueza Primera de Distrito especializada en esa materia, Esperanza Arias.
Marielle Eckes, esposa de Lozoya, compró por 1.9 millones de dólares la mansión, de tres mil 578 metros cuadrados, en el condominio Quinta Mar.
Eckes, heredera de una familia de empresarios alemanes, radica en ese país desde hace años, por lo que difícilmente podrá ser emplazada personalmente al juicio, mientras que Lozoya está preso desde noviembre en el Reclusorio Norte.
La casa de Ixtapa esta vinculada con la acusación contra Lozoya por supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En enero, la FGR pidió a un juez penal condenar a Lozoya a 39 años de cárcel y, como parte de ese castigo, decomisar dicha residencia, pero el proceso de extinción de dominio es un juicio civil, independiente al caso penal y no sujeto a lo que suceda en éste.
La FGR presentó su demanda originalmente el 22 de febrero, pero la jueza Arias la desechó, y sólo fue admitida hasta el 22 de abril, tras una apelación exitosa del Ministerio Publico. La admisión de la demanda incluyó el aseguramiento judicial del inmueble.
Esta demanda se suma a la que está en trámite desde noviembre y por la cual la FGR busca la extinción de la casa en Lomas de Bezares que Lozoya compró por 38 millones de pesos en 2012.
En abril, Grupo REFORMA publicó que la FGR y abogados de Lozoya negociaban un acuerdo por el cual pagaría 10.7 millones de dólares para reparar el daño que causó a Pemex, a cambio de terminar los procesos penales contra el ex funcionario, su esposa, su hermana y su madre.
El acuerdo incluía dejar las propiedades de Lozoya como garantía del pago, pero la audiencia en la que se iba a aprobar este acuerdo fue cancelada por el juez penal el 12 de abril, luego de que el Presidente López Obrador dijo estar en desacuerdo con el monto de la reparación ofrecida por Lozoya.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia estableció que la extinción de dominio sólo procede respecto de bienes cuyo origen lícito no pueda acreditarse por los dueños.
Si las demandas de extinción son exitosas, el Gobierno se quedará con ambas residencias, y el destino de los recursos por su venta será decidido por el llamada Gabinete Social de la Presidencia, que encabeza el titular del Ejecutivo.

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