Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) va contra el juez federal Daniel Ramírez Pérez, quien el pasado 13 de marzo echó abajo el caso del Viaducto Bicentenario.
Lo acusa de haber absuelto al ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y justificar, con esa sentencia, los actos ilegales de los juzgadores, cuando sean «en su vida personal».
El caso que la FGR ahora reprocha al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez es la sentencia absolutoria que dictó el 29 de junio del año pasado al ex magistrado Avelar, al no hallar pruebas de un supuesto enriquecimiento ilícito de 12 millones 20 mil 474 pesos.
«Dicho juez Ramírez Peña, en esa aberrante sentencia absolutoria, esgrimió en contra de jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y llegó al extremo de manifestar que era respetable que los jueces realicen actos ilícitos, siempre y cuando sea en el marco de su vida personal», reclamó la Fiscalía en un comunicado.
«Cabe señalar que ya se logró que dicho Magistrado de Circuito fuera destituido del Poder Judicial Federal. Ahora, en el caso del Viaducto Bicentenario, al juez Daniel Ramírez Peña ya se le siguen todos los procedimientos legales para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la Nación».
Avelar fue detenido el 22 de noviembre de 2019 y estuvo preso en los penales federales del Altiplano, Estado de México, y El Rincón, en Nayarit; en diciembre de 2021 le concedieron continuar su proceso en prisión domiciliaria.
Absuelto en junio del año pasado, al ex magistrado también lo señalaron de haber dictado sentencias ilegales en favor de mandos del Cártel de Jalisco Nueva Generación; sin embargo, a la fecha no ha sido imputado penalmente por esos hechos.
Este es el segundo comunicado que emite la FGR contra Ramírez Peña en las últimas 48 horas, pues ayer anunció que emprendería acciones legales en su contra por la no vinculación a proceso y sobreseimiento de la investigación en favor de 7 imputados en el caso Viaducto Bicentenario.
En la causa relacionada con el tramo carretero, el juez concluyó que, aunque la obra no tuvo en su origen una concesión federal, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes reconoció el título de concesión del Edomex a OHL-Aleatica.
Al considerar que ese título seguía vigente, el juzgador desestimó los delitos de asociación delictuosa y apropiación de un bien de la nación.
La FGR acusó en este caso que la concesión era irregular y reclamó un daño al erario de 8 mil 403 millones de pesos. Pero el juez ordenó cancelar en forma definitiva la investigación.