Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía en el sexenio pasado y negociador del T-MEC, enfrenta un proceso por un supuesto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye un incremento patrimonial injustificado por operaciones de una tarjeta American Express, depósitos de 300 mil dólares en un banco internacional y la adquisición de un cuadro de 20 mil dólares del pintor oaxaqueño Guillermo Olguín, entre 2014 y 2018.
Guajardo, diputado federal electo del PRI, dijo que está tranquilo, presentará las pruebas de su inocencia y que él será la cabeza de su defensa. “No quiero acusar a nadie pero esto me huele a persecución política”, indicó.
José Rogelio Alanís García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la FGR presentó los datos de prueba suficientes para procesar por el delito de enriquecimiento ilícito al ex Secretario en la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
El juez Alanís también le concedió a Guajardo la libertad provisional pero le impuso la obligación de presentarse periódicamente a la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de abandonar el País sin autorización judicial.
En una audiencia celebrada el pasado jueves, la FGR también pidió al juez una orden para impedir que Guajardo tome protesta como diputado federal en septiembre próximo; sin embargo, su solicitud fue rechazada porque no contribuye a conducir al imputado al proceso.
Por solicitud del procesado, el juez Alanís le fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria, periodo en que la FGR y la defensa del imputado reunirán sus respectivos datos de prueba para un eventual juicio.
Guajardo es el segundo secretario de Estado del sexenio de Enrique Peña Nieto en ser llevado ante la justicia federal y ser procesado; la primera fue Rosario Robles, ex titular de la Sedatu y la Sedesol, sólo que a ella le impusieron la prisión preventiva justificada y se encuentra en la cárcel.
Juan Luis Montero, abogado del regiomontano, explicó que el proceso tiene su origen en un análisis de evolución patrimonial iniciado en 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del cual Guajardo fue notificado el 16 de diciembre de ese año.
El inicio de esa revisión a su patrimonio tuvo lugar luego de que la FGR empezara a investigar al Consejo de Administración de Pemex, por autorizar la compra a Altos Hornos de México de la planta “chatarra” de Agronitrogenados.