Israel Sánchez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar de no hacer mucho más que aportar recursos públicos mediante convocatorias concursables, el Conacyt pretende adueñarse de los derechos de propiedad intelectual de los investigadores.
Una medida duramente criticada tras su implementación el año pasado a través de una cláusula en algunas convocatorias, pero que ahora la dependencia que dirige María Elena Álvarez-Buylla busca instituir en la nueva legislación del sector, como se aprecia en el Artículo 36 de su «Anteproyecto de iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI)».
«Por tratarse de obras de interés para el patrimonio cultural nacional, el Consejo Nacional será el titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades y proyectos que financie, salvo pacto en contrario y sin perjuicio de los derechos morales implicados», se lee en el documento, subido a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Ante esto, la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien en su momento reprobara la acometida de Conacyt contra la propiedad intelectual (REFORMA 20/10/2021), advierte un riesgo para la generación de conocimiento en el País.
«La autoría intelectual -que es, finalmente, algo intangible- es, desde luego, propiedad de quien la genera», remarca en entrevista telefónica la ingeniera bioquímica y doctora en Ciencia de los Alimentos, para quien Conacyt tendría que promover que las instituciones registren el conocimiento que generan.
«Y esta ley, justamente este apartado (el Artículo 36), desincentiva esa condición, porque restringe la posibilidad de que quienes han creado, han generado el conocimiento y lo han echado a andar -lo han convertido de básico a aplicable-, puedan tener regalías por estas mismas acciones».
Es, según ilustra la científica, como si la dependencia reclamara la patente de la vacuna Quivax 17.3, actualmente en desarrollo en la UAQ, únicamente por haber financiado una etapa de la investigación; hecho que, por supuesto, no ha ocurrido hasta la fecha.
«Son proyectos de mucho tiempo en donde, además, la autoría intelectual es algo que no puede asociarse necesariamente con el organismo de financiamiento», sostiene Gasca García. «Ése es el problema que le veo yo a esta condición que ha puesto Conacyt incluso ya en las convocatorias de proyectos que se han estado generando desde el año pasado».
«Creo que lo pueden intentar. (Pero) sería muy lamentable que todos los proyectos, por el hecho de recibir recursos públicos, se vieran sujetos a renunciar a algo que viene desde la Constitución de Cádiz», opina, por su parte, el especialista en política cultural Carlos Lara, fundador de la organización de activismo jurídico Artículo 27.
A decir suyo, si bien puede que haya algunas investigaciones en las que, a causa de sus características, el Estado deba ostentar la titularidad de los derechos -dejando a elección de cada científico e institución si deciden participar o no-, es un error querer instituir en la ley que en todos los casos sea así.
«Tiene que haber una proporcionalidad, eso es muy importante.
Debe haber un respeto no sólo a los derechos morales -faltaba más, esos no los pueden tocar-, pero sí a los derechos autorales. Me parece miserable que quieran meter todo proyecto en el mismo saco», expresa Lara, quien advierte una mayor fuga de cerebros de aprobarse la ley con esta medida.
El único escenario en que Conacyt concedería parte de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, según se expone en el Anteproyecto, sería cuando «para el financiamiento y ejecución de actividades y proyectos concurran recursos del Consejo Nacional y de los (sic) propias personas beneficiarias o de terceros».
Y aunque el Conacyt parece justificar todo esto al decir que «los derechos de autor y propiedad industrial sobre las obras e invenciones (…) deberán redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México», para García Gasca este es un pretexto inválido, pues en realidad siempre es así.
«Conacyt no puede utilizar esa premisa como pretexto para decir que el Gobierno se tiene que quedar con los derechos, cuando los derechos le corresponden a los autores de ese trabajo, sea cual sea; a la institución y a sus profesores y estudiantes que trabajaron en ello», insiste la Rectora de la UAQ, para quien esto no es sino otro de los ejemplos del centralismo que persigue la dependencia con su Anteproyecto de Ley, como ha informado REFORMA.
«Necesitamos tener una ley que realmente refleje la necesidad y la realidad en México con respecto al rezago que tenemos en la posibilidad de llevar esa ciencia básica a la aplicación. Ahí es en donde estamos fallando, justamente porque no hay inventiva, porque no se registran patentes, porque no se registran derechos de autor.
«Y esta ley lo que hace es lapidar por completo esa posibilidad».

ASÍ LO DIJO
«Esta ley, justamente este apartado (el Artículo 36), desincentiva, porque restringe la posibilidad de que quienes han creado, han generado el conocimiento y lo han echado a andar -lo han convertido de básico a aplicable-, puedan tener regalías por estas mismas acciones».
Teresa García Gasca, Rectora de la UAQ.

«Creo que lo pueden intentar (que el Conacyt reclame los derechos intelectuales de proyectos apoyados). Pero sería muy lamentable que todos los proyectos, por el hecho de recibir recursos públicos, se vieran sujetos a renunciar a algo que viene desde la Constitución de Cádiz».
Carlos Lara, Especialista en legislación.

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