Cada vez que visita a esta entidad un funcionario de Agricultura o de la Comisión Nacional del Agua renace la esperanza de los campesinos de que se concluya el Distrito de Riego 01, luego de  que se conoce los compromisos que asumen de enviar el financiamiento necesario, por lo que esta vez hay que insistir ante Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora de la Conagua, quien de entrada dijo que apoya “decididamente” el proyecto integral para la tecnificación de 6 mil 100 hectáreas.

Este tipo de promesas se han expresado desde hace más de 30 años, por lo que una obra que en teoría debería de estar concluida hace cinco sexenios sigue a la espera que fluyan los recursos federales, que aún cuando de manera aislada se han recibido es en mínimas cantidades por lo que el problema toral está ahí.

El Distrito de Riego 01 se surte del agua de la presa “Plutarco Elías Calles”, que se construyó entre 1927 y 1928 en la cabecera municipal de San José de Gracia, para ser la primera obra hidráulica del país de un gobierno revolucionario, por lo que el gobernador Martín Orozco Sandoval solicitó a la Conagua más recursos para terminar la modernización  del sistema de conducción del líquido hacia más de dos mil parcelas de riesgo.

Mencionó que el desafío de su administración es priorizar el ahorro y aprovechamiento del vital elemento para lograr una mayor producción con menos agua, máxime que está en marcha la reconversión de cultivos, en que se logrado insertar productos más rentables.

Durante la gira de trabajo que llevó a cabo la directora de la Comisión Nacional del Agua por Aguascalientes, el mandatario ratificó que este tema ocupa una importancia vital en su gobierno, por lo que en los tres años que le restan al frente de la entidad espera cerrar el capítulo con la modernización del Distrito.

Jiménez Cisneros afirmó que la dependencia a su cargo apoya decisivamente la operación del 01, lo que ojalá se traduzca con el envío del dinero que se requiere para alcanzar el objetivo, que de cumplirlo su nombre quedará gravado en alguna placa, como muestra de reconocimiento a quien supo honrar su palabra.

Más tarde, en entrevista, rechazó que los mantos freáticos tengan un período de caducidad, con lo que echa abajo el horizonte dantesco de algunos peritos, quienes se afanan en señalar que el agua subterránea tiene pocos años de vigencia. Sostuvo que “quienes revelan que en un lugar determinado tiene fecha de caducidad no ven que el agua es un recurso que se reutiliza o se puede volver a utilizar”.

Para reforzar sus palabras, la funcionaria sostuvo que aún en acuíferos con estrés hídrico, siempre se encuentra la manera de hacer un manejo integral del líquido, tanto de las fuentes, como de la demanda y lograr  un esquema de uso responsable.

Sostuvo que durante la década los 70, se dijo que a los acuíferos de San Luis Potosí  solamente les quedaban veinte años de vida y “ahí siguen”, y en el caso de Aguascalientes consideró que se debe valorar la condición actual del manto y revisar todas las posibles soluciones que se tienen, además de buscar una inversión tripartita (federación-estados-municipios), con lo que lograría que todos tengan agua, lo que exige tener una aplicación muy responsable, una buena administración y sobre todo para que la gente la comparta.

Pues ojalá que con Blanca Elena Jiménez se logre tener un Distrito de Riego moderno y tecnificado, para ello habrá que estarle recordando que en Aguascalientes esperan que envíe la partida correspondiente para llevar a cabo los trabajos que beneficie a los hombres y mujeres del campo.

OTRA POSIBILIDAD

Pocas veces un político recibe de inmediato una segunda oportunidad, en la que pueda consolidar lo que hizo, terminar lo que dejó inconcluso y aún aquello que ni siquiera empezó, lo que ojalá aproveche en toda la extensión la alcaldesa Teresa Jiménez, que tiene dos años para alcanzar las metas que se ha propuesto.

El tiempo empezó a correr el pasado  15 de octubre y concluye el 14 de octubre de 2021, lapso que se comprometió a atender cinco rubros fundamentales, entre ellos el más importante en este momento como es un “entorno más seguro”, para ello anunció que dotará a la corporación policíaca de 150 patrullas y creará la “policía rosa”, con lo que espera “salvaguardar la integridad de las mujeres”, asimismo se creará más comités de buen orden y operará el botón vecinal y el llavero seguro.

Asimismo, plantea “agua para todos” (que para tener éxito deberá hacerle manita de puerco a directivos de Veolia), porque de su parte el ayuntamiento propone construir la reserva oriente, sur y norte en beneficio de 220 mil personas (20% de la población total del municipio). También, con la opinión de expertos se pondrá en práctica soluciones para garantizar el suministro continuo a las familias, acompañado de estrategias de tratamiento y reuso del vital líquido.

Un tercer elemento es lograr servicios públicos “eficaces y sostenibles”, instituyéndose el sistema integral de monitoreo y control que permita dar respuesta en tiempo real a los reportes ciudadanos, de igual manera habrá más espacios públicos de calidad para la convivencia social y mejora en el alumbrado público en todas las colonias.

Tener un gobierno digital cercano y eficiente ocupa el cuarto punto, para ello se contará con el centro de atención municipal (CAM), que se construye en el terreno que ocupó la Comercial Mexicana de la avenida Adolfo López Mateos y cada delegación tendrá su propio centro de atención, con lo que se espera que el ciudadano ahorre tiempo, esfuerzo y dinero al evitarse traslados a distintos lugares. En el CAM se abrirá un centro de innovación y emprendimiento para la creación de empresas digitales, asimismo se aumentará la conectividad en parques, jardines, bibliotecas y centros tecnológicos para un mayor acceso ciudadano a internet.

El quinto y último programa que tendrá un empuje especial es el de una obra pública más incluyente y con accesibilidad, que prevé la primera etapa de un parque geriátrico, la rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico y asfalto, la ampliación de la red de ciclovías y la remodelación de mercados y de los barrios tradicionales.

Todo lo que es viable se puede cumplir, lo cual dependerá de la alcaldesa que haga realidad lo que ahora se propone, ya que de su resultado será en beneficio de las familias y claro, que siga caminando hacia la casa solariega de junto.

Por cierto que el PAN, del que procede, gobierna cinco de los once municipios del estado, ya que además de Aguascalientes están en las sillas respectivas María Cristina López González, de San José de Gracia; Adán Valdivia López, de Calvillo; Jesús Prieto Díaz, de Rincón de Romos y José Antonio Arámbula, de Jesús María, a los que habría que agregar al gobierno del estado, con Martín Orozco Sandoval, que hace de Acción Nacional el organismo político-administrativo mayoritario.

SEMANA DE TERROR

Tantas veces dijeron que el estado de Aguascalientes estaba blindado que hubo quien se la creyó, pero el despertar ha sido muy amargo, puesto que en sólo ocho días hubo diez hechos violentos, de los cuales seis fueron ejecuciones y dos quedaron en intento, lo que deja al descubierto que las famosas puertas de acceso sirven como escenografía, porque el resto de caminos y carreteras son tan abiertos que los malosos se meten por aquí y por allá.

En los medios oficiales venden la idea que la ciudad y el estado son tan tranquilos que significan una isla en medio de un mar de violencia, sin embargo la realidad es muy distinta porque la movilidad delincuencial es constante y una vez que encuentra un “nicho” que les ofrezca una ganancia se quedan. Es lo que sucede hoy, por lo que cada vez hay una semejanza con lo que ocurre en aún lugares cercanos, como Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, además de los “enviados” de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

De manera pública los ciudadanos no admiten que están inquietos, pero en corto se hacen recomendaciones de tener cuidado de no ir a tal o cual lugar porque ahí van los “traviesos”, incluso hay comentarios que les resulta extraño que en algunos centros de convivencia nocturna circule los vivificantes como dulces sin que la policía y los verificadores de reglamentos se den por enterados.

Lo que tanto se temía ya sucede, con actos del crimen organizado que segaron la vida de varias personas en el curso de una semana. Hay quien diga que varios de los fallecidos andaban en “malos pasos” por lo que ellos se buscaron ese final, pero más allá de lo que hicieran no dejan de ser actos inhumanos, que además se convierte en una bola de nieve porque viene el cobro de agravios y en esa reyerta puede afectar a personas inocentes, que es el peligro que hay cuando se deja crecer un problema de esta naturaleza.

LO DOBLEGARON

En lugar de reconocer que el crimen organizado sometió a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a los argumentos que rayan en la trivialidad, al citar que se detuvo al hijo del Chapo Guzmán y luego fue liberado “para evitar una masacre”, como las que había en administraciones anteriores.

Como dijera el cronista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez: “Lo tuvieron, fue suyo y lo dejaron ir”.

La captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, tuvo lugar la tarde del jueves pasado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y era cuestión de tiempo para que lo trasladaran a la capital del país, sin embargo se desató una ofensiva del grupo que comanda el capo que puso en jaque a los habitantes, al producirse balaceras, bloqueos de calles y carreteras, incendios de vehículos y persecuciones de policías y militares en contra de los facinerosos, pero éstos contraatacaban, lo que convirtió varias zonas en auténticos campos de guerra, y mientras esto sucedía dejaron en libertad a 27 reos.

En una demostración de fuerza las huestes de Guzmán López rodeó la casa en la que se encontraba y llegaron dispuestos a todo por tal de rescatar a su jefe, lo que encendió las alarmas del gobierno federal, que temeroso de que creciera más la violencia optó por ordenar el retiro de los elementos de seguridad, con lo que el vástago del narcotraficante preso en Estados Unidos salió con banderas desplegadas.

Fue la primera gran batalla a que enfrenta este gobierno y la perdió.

López Obrador señaló que el gabinete de seguridad, con su autorización, decidió dejar en libertad a Ovidio Guzmán para proteger la vida de los habitantes de Culiacán: “Tomaron decisiones que yo respaldo, yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas, ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”.

Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en Oaxaca, en la base militar número 15 de la capital del estado, el mandatario rechazó que esta medida debilite a su gobierno, “nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, eso le cuesta trabajo entenderlos a muchos pero la estrategia que se estaba implementando anteriormente convirtió al país en un cementerio”, sostuvo.

De acuerdo a información que proporcionó Reforma, elementos de la Guardia Nacional (GN) llevaron a cabo la detención de Ovidio en una casa del fraccionamiento Tres Ríos de la capital sinaloense, lo que provocó una ola de terror en toda la ciudad. La versión oficial refiere que la tarde del jueves una patrulla de la GN fue agredida desde una casa por sicarios y al entrar a dicho domicilio encontraron a Guzmán López.

“El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizó en su interior a cuatro ocupantes, uno de ellos era Ovidio”, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, en un video transmitido desde la cuenta de twitter de la Secretaría a las 20.30 horas.

Agregó que eso motivó que “otros grupos realizaran acciones violentas en contra de los ciudadanos, generando una situación de pánico, (por lo que) con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”.

La aprehensión se hizo a las 15:30 horas y minutos después se generó las balaceras en la cercanía de la Fiscalía estatal y en la zona de la detención; hombres en camionetas y vehículos de carga con armamento de alto poder, algunos de ellos ametralladoras Barret, atacaron a efectivos oficiales. La situación que se vivía obligó a la suspensión de clases, el cierre de comercios, cancelación de vuelos desde y hacia la ciudad y un partido de futbol profesional fue pospuesto.

De lo vivido en Culiacán suscitan varias inquietudes, principalmente si ésta va a ser la actitud del lópezobradorismo cuando un cártel reaccione y enfrente a las Fuerzas Armadas. Ovidio Guzmán puso la muestra y que podrían aplicar otras bandas de malandrines siguiendo el mismo modelo.

VIOLENCIA SIN FIN

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional del pasado martes 15 de octubre, los secretarios de la Defensa Nacional y Marina justificaron la baja en los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en operativos y funciones de seguridad pública, pero la tarde del mismo día hubo un presunto enfrentamiento en Iguala, Guerrero, entre supuestos criminales y elementos del Ejército, que dejó un saldo de 14 civiles y un militar muertos.

Del análisis que presentó Reforma sobre la posición en que quedaron los cuerpos de los civiles, señala algunos puntos que no concuerdan con el relato oficial, tanto de los que quedaron sobre el piso como en la batea de la camioneta y dentro de la cabina, incluso de los balazos que recibió el vehículo, y que haya sido un solo soldado, ya herido, quien ultimó con una ametrallado a los 14 civiles, lo que no ha sido aclarado ni desmentido por las autoridades.

En la misma conferencia de prensa López Obrador dijo que  su gobierno no regresará a una estrategia de guerra, con altos índices de mortandad. “a mi no me han dicho ‘oiga, hay que barrer y hay que escarmentar, como era antes’. Esto ya no, eso ya no. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. No vamos nosotros a utilizar la misma estrategia”, sin embargo la realidad lo alcanzó por la tarde, con la muerte de 15 civiles, al igual que al titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien aseguró que “en la actualidad ya se les ha estado mencionando al personal que no debemos de violentar los derechos humanos y privar de la vida es uno de los primeros derechos humanos que tenemos (…), los procedimientos son los mismos, pero si tratamos de ser más con apego a la legalidad, respetando los derechos humanos. Y principalmente ahora contamos con una Ley Nacional de Uso de la Fuerza y eso conlleva también a la reducción del índice de letalidad de las fuerzas federales”.

Un día antes, el lunes 14, mueren 13 policías estatales en el municipio de Aguililla, Michoacán, en una emboscada en la que participaron más de 30 civiles armados; la agresión tuvo lugar a las 7:30 horas a la altura de la localidad de El Aguaje, que dejó también nueve uniformados heridos y dos patrullas calcinadas. En uno de los videos que se difundieron se escucha claramente a uno de los agentes pedir auxilio desesperadamente, y que llegó tardíamente con una partida mixta de militares y policías sólo para atestiguar el regadero de cadáveres de los oficiales masacrados.

Cuestionada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que si acaso lo ocurrido no es un desafío de la delincuencia a las autoridades, se limitó a responder: “Yo creo que esto ya fue una circunstancia que se dio como las que se dan en el país, todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país. Ese es el tema”.

En la búsqueda de repartir responsabilidades, el gobierno federal exhibió el lunes a cinco estados gobernados por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, como las entidades que registran el mayor número de homicidios dolosos en todo el país.

Alfonso Durazo, titular de Seguridad Ciudadana, presentó un mapa con los datos y aseguró que en esos territorios se concentra el 41.5% de las muertes registradas entre diciembre del 2018 y agosto de este año. En primer lugar está Guanajuato, gobernado por el PAN, con el 9.2%, le siguen Baja California, también de gobierno panista, con el 9.1% y Estado de México, con administración priista, con el 8.9%, luego Jalisco, de Movimiento Ciudadano, con el 7.2% y Chihuahua, del PAN, con 7.2%.

En una segunda gráfica, Durazo mencionó el robo de vehículos y la lista es encabezada por Estado de México con 26.9% y luego Jalisco con 11.5%, Baja California con el 9%, además de Puebla, con el 7.6% y Ciudad de México, con 7.3%, ambos gobernados por Morena.

Por otra parte siguen los ataques a los bares, en esta ocasión fue en el interior de La Dama de Rojo, en el puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, donde cuatro personas fueron asesinadas la madrugada del domingo pasado, tres de ellos hombres y una mujer, conocida como Marlene I, además en una balacera que se desarrolló en el interior del panteón Villa de la Paz, ubicado en la colonia Los Pinos, de la misma ciudad de Salina Cruz, murieron tres personas y quedaron seis heridos, quienes acompañaban a su sepultura a uno de los cinco hombres  que fueron ultimados el jueves anterior en el ataque al bar Raymond.

Días antes, el 3 de octubre, en San Miguel de Allende, Guanajuato, dos hombres fueron ejecutados y cinco lesionados por un comando que atacó a un grupo de personas que se dirigía al cementerio luego de haber participado en el templo de San Felipe Neri de una misa de cuerpo presente.

CAYÓ EL PRIMERO

Cada presidente de la República ha buscado sentar un precedente en el ámbito político-sindical, apresando a líderes que se creían intocables. Así sucedió con el guía de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia, más conocido como La Quina, que fue apresado el 10 de enero de 1989, a sólo seis semanas del arribo a Los Pinos de Carlos Salinas de Gortari.

Antes de cumplir cuatro meses en el cargo, Ernesto Zedillo Ponce de León hizo lo propio con Raúl Salinas de Gortari, hermano de su antecesor, al ser capturado en marzo de 1995 bajo la acusación de ordenar el asesinato del entonces diputado federal Manuel Muñoz Rocha, de lo que diez años después fue exonerado y quedó en libertad.

La dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, fue el trofeo que exhibió el presidente Enrique Peña Nieto, al ser arrestada el 26 de febrero de 2013, antes de que el mexiquense cumpliera tres meses en el máximo cargo del país. Se le imputó enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, pero cinco años después salió en libertad sin que se llegara a comprobar los delitos.

Con el gobierno izquierdista que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el pasado 16 de octubre renunció Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, al que le achacan enriquecimiento ilícito y uso de los recursos de la organización para beneficio propio, sin embargo contrario a los mencionados, él dejó el cargo, que algunos medios afirman fue por presión del más alto nivel.

En la lista que se ha ventilado hay otros que podrían seguir la misma suerte, principalmente líderes de los ferrocarrileros, de los empleados federales, de la industria refresquera, de telefonistas y electricistas, que tienen en común un tren de vida superior a su ingreso como trabajador, lo que ha generado denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, sin que se toque al dirigente de los mineros, muy cercano al actual gobierno.

Por encima de todos ellos está Romero Deschamps, que de cargador, vendedor ambulante y chofer antes de entrar a la refinería Salamanca y luego de que conoce a “La Quina” Hernández Galicia, ascendió rápidamente, siendo nombrado como secretario general de la Sección 35 de Azcapotzalco, después ocupo diversos cargos y finalmente, tras la caída de “La Quina”, se hizo de la dirigencia en 1996, que conservó hasta el  17 de octubre de 2019.

En el año 2000 fue acusado de haber desviado 640 millones de pesos del Sindicato para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que fue conocido como el “Pemexgate” y su familia ha hecho gala de una vida de lujos, como pudo confirmarse en 2012 cuando se hija compartió imágenes de sus viajes y de los costosos artículos que adquirió, en tanto su  hijo  recibió como regalo un Ferrari, valuado en dos millones de dólares.

Ha sido blanco de toda clase de acusaciones, entre ellas de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, defraudación fiscal y venta de plazas hasta secuestro y huachicoleo, pero ninguna de ellas lo han llevado a la cárcel; actualmente tiene un amparo contra cualquier orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aún cuando se mantuvo fiel al Partido Revolucionario Institucional, del que ha sido senador dos veces y diputado federal en tres ocasiones, a lo largo de su vida sindical ha sabido alinearse con el Presidente en turno.

El clarín de retirada para los líderes  lo hizo sonar en campaña el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que ofreció terminar con la corrupción sindical, sin embargo el pasado 2 de agosto negoció con el dirigente sindical el nuevo contrato colectivo, en el cual, según AMLO, el gobierno logró ahorrar mil 600 millones de pesos.

Al renunciar a la secretaría general, quedó de manera interina Miguel Limón, hasta el miércoles pasado secretario del Interior, antes fue tesorero del gremio de 2007 a 2018 y actualmente es diputado federal por el PRI.