Víctor Hugo Granados Zapata

Desde el regreso semi presencial a las aulas en el mes de agosto a la fecha, la SEP no ha realizado ni una sola prueba diagnóstica en las escuelas públicas para determinar el impacto del aprendizaje a distancia. Estos exámenes no son un capricho, vienen como parte del plan para el ciclo escolar 2021-2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación (el 8 de agosto de 2021), en el cual se establecen los objetivos a seguir para garantizar la seguridad de las y los estudiantes, así como también mejorar la calidad educativa. En el décimo punto de dicho acuerdo publicado en el DOF se establece la obligación de las autoridades educativas para realizar las evaluaciones diagnósticas y, al mismo tiempo, llevar a cabo cursos remediales en un periodo extraordinario (fuera del calendario escolar); ya estamos llegando a la mitad del ciclo escolar y no se ha publicado ni una sola evaluación al respecto.

Esta omisión tiene un trasfondo más complejo, comenzando porque el Gobierno Federal no acepta que estamos en una crisis educativa. En su última comparecencia en el Senado, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, no hizo mención en ninguna ocasión sobre los altos niveles de abandono escolar, así como tampoco resaltó la necesidad de apoyar al sector educativo desde el presupuesto, al parecer la maestra no tiene interés alguno en mejorar la situación, sino mantenerla. Esto último, la indiferencia en el discurso y las omisiones institucionales son las que van a generar daños a largo plazo en el futuro, impactando el desarrollo educativo de millones de estudiantes en todo el país. ¿Qué podemos hacer ante esta difícil situación?

En columnas anteriores he explicado cómo la planeación del programa “Aprende en Casa” tuvo muchas deficiencias, las cuáles son señaladas por instituciones como Coneval (desde los medios de conectividad de las y los estudiantes, hasta cómo mejorar la cobertura en comunidades que no cuentan con la infraestructura idónea), por lo tanto, si la SEP no quiere acatar las recomendaciones que se hacen desde la opinión pública y la academia, el resto queda en manos de las entidades federativas. Esto último puede ser bueno y malo, según el contexto de cada Estado, por ejemplo en el caso de Aguascalientes contamos con un Instituto de Educación que tiene mayor capacidad de acción y, a diferencia de otras entidades, ha trabajado de manera activa para agilizar el retorno presencial con el modelo híbrido; sin embargo, la gran mayoría de las entidades restantes (con excepción de Oaxaca, Nuevo León y CDMX) simplemente armonizaron sus estrategias con las de la SEP (es decir, no impulsaron nada).

Estos modelos de acción estatal han sido adoptados por otros países, específicamente el uso de las evaluaciones para determinar qué estrategias llevar a cabo para mejorar su contexto educativo. Por ejemplo, según el reportaje realizado por Nicole Asbury para el periódico The Whashington Post, señaló que en dicha entidad el impacto de las clases en línea tuvieron efectos negativos en los aprendizajes de matemáticas y lectura para los estudiantes que están cursando los primeros grados (primaria), pero, quienes han sido mayormente afectados son las y los estudiantes de color o que provienen de un contexto socioeconómico difícil. Asbury tomó como referencia un reporte realizado por Empower K12, una organización no gubernamental y sin fines de lucro; en dicho trabajo se muestra cómo de 2019 a 2021 bajaron significativamente el aprovechamiento en matemáticas y lectura de toda la comunidad escolar, así como también identificaron que las clases presenciales tienen un efecto positivo en su aprendizaje (sobre todo para las y los alumnos de color o en situación de desventaja económica).

Con lo anterior podemos mostrar dos rutas importantes: la primera, las evaluaciones diagnósticas son vitales para la mejora de la calidad educativa, sobre todo para detectar áreas en las cuáles se requiere mayor atención; segunda, el trabajo con organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles es una opción importante para ampliar la capacidad de acción de los gobiernos estatales. Tenemos que buscar nuevas alternativas para mejorar el entorno educativo y aminorar los daños ocasionados por esta crisis educativa, tristemente sin estrategias efectivas por parte de la SEP. El futuro de la educación, al menos por los próximos 3 años, queda en manos de los estados, esperemos que no adopten la misma estrategia del Gobierno Federal y empeñen el sector educativo con programas mal diseñados y con fines meramente clientelares.

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