Amallely Morales
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A 14 años de que la Ciudad de México se sumara a un compromiso internacional para atender los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) urgió a las autoridades erradicar la violencia a mujeres con discapacidad.

El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su protocolo facultativo, que lo comprometió a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El modelo, recordó la CDH, propone cambiar el paradigma con el que se veía y trataba a esta población, de una visión médico-asistencial a una social.

Sin embargo, a 14 años, uno de los mayores retos es la violencia que se ejerce a las mujeres con discapacidad.

“En el Artículo 6 se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y los Estados Parte deben adoptar medidas para garantizar sus derechos humanos”, recordó la comisión en un comunicado.

El Censo 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que en la Ciudad de México hay 589 mil 741 personas con discapacidad, y más de la mitad (55 por ciento) son mujeres.

“Se enfrentan a múltiples violencias, agravadas por las distintas barreras que viven.

“Una de las barreras es la falta de reconocimiento de su capacidad jurídica debido a la existencia de juicios de interdicción, y, en consecuencia, obstáculos para tomar sus propias decisiones y ser autónomas”, explicó la CDHCM.

Así, las mujeres con discapacidad ven mermado, el ya de por sí, limitado acceso a la justicia de este sector de la población en general.

Con esto se les niega ciertos servicios de salud, como a decidir sobre su propio cuerpo lo que deriva en esterilizaciones forzadas, por mencionar un ejemplo.

“Asimismo, las mujeres con discapacidad se ven afectadas por la violencia familiar, la cual corre el riesgo de incrementar su invisibilidad con las medidas de distanciamiento social durante la emergencia sanitaria por COVID-19”, agregó la Comisión.

Por eso urgió políticas para garantizar una vida libre de violencia a estas mujeres, y cerciorarse que puedan ejercer sus derechos humanos.

“De forma específica, es prioritario realizar los cambios normativos necesarios para eliminar el juicio de interdicción y sustituirlo por un sistema de apoyos para la toma de decisiones que impulse la autonomía.

“Además, es relevante identificar los impactos diferenciados que derivan de la intersección de ser mujer con discapacidad: la edad, la identidad indígena o afromexicana, pertenecer a la población LGBTTTIQA+, vivir en una institución o en situación de calle, entre otras”, pide la CDH.

Para eso, finaliza la Comisión, se deben conocer los contextos de cada mujer, y consultarlas para implementar los cambios que necesitan.