Oscar Adrian Galindo Luna
Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Decenas de organizaciones de la sociedad civil urgieron al Gobierno de México a respetar los derechos humanos y garantizar la posibilidad de solicitar la condición de refugiado a las personas que participan en la caravana migrante que partió de Honduras, transita por Guatemala y se aproxima al País.

“La situación de precariedad económica extrema que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica se amplió y profundizó considerablemente en el último año por la crisis económica que ha resultado de la pandemia de Covid-19, aunado a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota”, expusieron.

“Además la población de los países centroamericanos se ve amenazada por un clima de violencia generalizada y la creciente represión estatal. Lo anterior se suma a retos importantes en materia de violencia sexual y de género, abuso y discriminación contra comunidades indígenas, prevención del delito e impartición de justicia debido a su debilidad institucional y problemas de corrupción”.

Afirmaron que ante la aproximación de la caravana, los gobiernos de México, Guatemala y Estados Unidos han enviado mensajes de contención, disuasión y criminalización de los migrantes.

“En particular nos preocupa que no se tomen acciones específicas para evitar la no devolución ni para atender necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género, edad y condiciones de viaje”, indicaron.

“Reiteramos nuestra preocupación sobre el papel de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional mexicana, en la detención de personas migrantes, en virtud de que son cuerpos militares y no cuentan con capacitación en atención a poblaciones vulnerables”.

Recordaron que la primera recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a la GN fue porque ésta revisó el estatus migratorio de los migrantes y los detuvo, además de que utilizó de forma arbitraria y desproporcionada la fuerza, y no salvaguardaron los derechos de las niñas y niños que viajaban en la caravana.

Asimismo, reprocharon que el Instituto Nacional de Migración, en lugar de implementar medidas sanitarias para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en México, amenace con la posibilidad de imponer penas de cinco a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud al otro ante el Covid-19.

Por ello, llamaron al Gobierno mexicano a garantizar el derecho a solicitar refugio, garantizar el principio de no devolución, garantizar la no detención de personas solicitantes de refugio, cumplir la legislación que prohíbe la detención de menores, retirar a corporaciones militares del control y verificación migratoria, y asegurar que cualquier migrante que solicite asilo en Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México” pueda viajar libremente al puerto de entrada donde debe presentarse para dar seguimiento a su proceso migratorio.