Víctor Hugo Granados Zapata

El pasado martes, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell anunció en la mañanera del presidente el plan de vacunación contra el Covid 19. Este suceso, además de ser una buena noticia, abre la oportunidad de ir planteando escenarios futuros para el regreso presencial a las aulas, así como la reanudación de algunos servicios educativos presenciales. Dicho plan de vacunación contempla diferentes etapas, empezando desde finales de diciembre de este año hasta marzo del 2022, en las que (resumiendo) va primero el personal de salud y mayores de edad, quedando hasta el final del proceso las personas menores de 40 años. Esta estrategia generó diferentes interrogantes, sobre todo en cómo será logística que va a emplear la Secretaría de Salud para esparcir la vacuna en todo el país, así como su gestión y aplicación (de lo poco que se sabe es que el ejército se encargará de custodiar todo este proceso). Sin embargo, lo que nos trae aquí no es el tema de salud, sino contemplar cuál va a ser la nueva dirección que tomará la educación pública ¿el siguiente año se podrán retomar las clases? ¿continuará el Aprende en Casa? ¿qué debemos hacer?

Ese mismo martes, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma anunció que el próximo año se implementarán, sólo en aquellas entidades que tengan semáforo epidemiológico amarillo, comunidades de aprendizaje en las escuelas. Estas comunidades serán asesorías pedagógicas y socioemocionales para las y los estudiantes que así lo requieran, cuya asistencia se limita a máximo nueve estudiantes y es de manera voluntaria. Por otro lado, las indicaciones para el regreso presencial o híbrido siguen sujetas al semáforo verde. Aquí también vale la pena recalcar las instituciones o secretarias de educación estatales tienen la última palabra en cuanto a sus estrategias de regreso, como es el caso del estado de Jalisco cuyo Gobernador, Enrique Alfaro, anunció que a finales de enero se van a retomar las clases presenciales, o incluso las estrategias que se implementaron aquí en Aguascalientes a inicios de este ciclo escolar/semestre, donde algunas instituciones de educación media (con autorización del IEA) implementaron un sistema híbrido de clases (las cuales fueron suspendidas debido al incremento de contagios que presenciamos los últimos dos meses). Estos ejemplos nos pueden sugerir, a primera vista, que las escuelas pueden llegar a ser focos de infección a pesar de que estemos en los procesos de vacunación (insisto, esto es más un mito, puesto que no está comprobado), pero al mismo tiempo se está dejando de lado el propósito por el cual es urgente que se regrese al sistema presencial.

Aquí hay muchas cuestiones que analizar, puesto que la educación a distancia no solamente ha impulsado la deserción escolar y la baja en la calidad de la educación, sino también la expansión de la brecha educativa. Según las cifras de la SEP, aproximadamente 2.5 millones de estudiantes abandonaron la escuela en el nivel básico y medio, así como 800 mil de estos estudiantes no realizaron su transición de secundaria a bachillerato. Además, según el reporte “Educación en Pausa” de Unicef, aproximadamente, en toda América Latina se estima que 137 millones de estudiantes han perdido un promedio de 174 días de aprendizaje y están en peligro de perder el año escolar. Si bien, una de las estrategias mencionadas por la SEP y algunos institutos de educación es contar con un plan de regularización una vez termine la pandemia, quizás este llegue muy tarde y el impacto que tendrá esta mala gestión educativa será enorme en el desarrollo académico de millones de estudiantes en todo el país.

Una de las implicaciones de política educativa es la sustitución del programa de PROSPERA al programa de Becas para el Bienestar. Para entender mejor el impacto de dicho cambio, debemos analizar el caso de Chiapas. Según los resultados de la evaluación del impacto del covid 19, realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el municipio de Ocosingo (habitado principalmente por comunidades indígenas lacandones y tseltales) el 45% de las niñas y niños no pudieron continuar sus estudios por la falta de recursos, mientras que cuando existía el programa de PROSPERA las familias recibían aproximadamente 3 mil pesos al mes (mientras que el programa de Becas para el bienestar les da 800 pesos al mes por familia). Esto es muy grave, puesto que se están reorientado los recursos hacia otros objetivos (por no decir que es por una austeridad irresponsable y un terrible manejo presupuestario desde el legislativo, como la eliminación del programa de Escuelas Tiempo Completo) que dejan de lado a las personas más pobres del país, quienes se ven más afectadas en su educación y la brecha educativa termina por expandirse cada vez más.

Si la SEP y las entidades federativas no visualizan estos tres enfoques (deserción, regularización y brecha educativa), al momento de plantear una estrategia de regreso a clases, no servirá de nada tratar de indagar en estrategias para el regreso acelerado a las aulas (con o sin vacuna). Es tiempo de que nuestros gobiernos se den cuenta que sus decisiones están afectando (en materia educativa) de manera diferenciada a la población y que no se puede solamente con una estrategia milagrosa contener los enormes efectos negativos que trae consigo la pandemia en la educación de todas y todos los estudiantes de México. Es urgente que las y los tomadores de decisiones contemplen una estrategia de apoyo a la educación, una “vacuna contra la mala gestión educativa” que impulse estrategias que busquen que millones de niñas y niños puedan continuar con sus estudios, que los cientos de miles de estudiantes que han abandonado su formación escolar regresen a clases y que se vuelvan a implementar los programas que realmente son efectivos para combatir la brecha educativa, como es el caso de PROSPERA y Escuelas Tiempo Completo. Sin esta nueva vacuna, nos espera un futuro más incierto y peligroso de lo que creemos.