Fernando López Gutiérrez

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El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer, el pasado viernes 13 de febrero, las observaciones derivadas del informe que presentó el Estado Mexicano en cumplimiento de sus obligaciones como parte de la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Entre los puntos principales que fueron señalados por parte del grupo de expertos, encargado de revisar la actuación de las autoridades nacionales, en torno a un tema tan importante destacan: la falta de un diagnóstico claro —al no existir información suficiente sobre las desapariciones forzadas en el país—; la carencia de una definición precisa de la desaparición forzada como delito; el establecimiento de mecanismos sólidos para dar seguimiento puntual y expedito a los casos potenciales de desaparición forzada; la creación de una unidad fiscal especializada en la PGR que investigue estos crímenes y se coordine con otras agencias relevantes; la protección de personas que denuncian o colaboran en el desarrollo de las averiguaciones al respecto y la generación de resultados sobre la identificación de los responsables de las desapariciones ocurridas durante el periodo conocido como “guerra sucia.”

Considerando los casos recientes de desaparición forzada, aunados a los reportes de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos (por ejemplo Human Rights Watch y Amnistía Internacional), las observaciones que realiza el Comité resultan no sólo congruentes con la realidad de nuestro país, sino pertinentes para contribuir a la resolución de este problema. Sin embargo, las autoridades mexicanas que se pronunciaron sobre el tema parecen diferir.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación expresó su inconformidad con lo señalado por el Comité, al afirmar que sus recomendaciones “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados.” Además, dicha secretaría lamentó que en las observaciones no se tomaran en cuenta los esfuerzos realizados en México sobre el tema.

La reacción de las autoridades mexicanas sorprende y resulta desafortunada en el contexto que México vive en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos. Pareciera que las propuestas para el mejoramiento de la actuación gubernamental son mal recibidas cuando no se limitan a aplaudir los esfuerzos y exigen resultados concretos.

En el desarrollo de políticas públicas eficientes, la aceptación y el seguimiento a las críticas constituyen elementos centrales para el mejoramiento del desempeño gubernamental. El Estado Mexicano podría aprovechar las oportunidades que brinda la cooperación con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para enfrentar la complejidad de los problemas que han superado su actuación.

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