Víctor Hugo Granados Zapata

Aguascalientes cuenta con una gama enorme de posibilidades para la innovación en diferentes ámbitos. Afortunadamente, nuestro estado es de las pocas entidades que tienen un sistema educativo sólido y en constante crecimiento, por ejemplo, para el nivel de educación superior hubo una tasa de absorción educativa de más del 118% para el ciclo escolar 2020-2021 (IEA, 2021), lo cual a simple vista nos da una buena imagen sobre nuestras universidades e instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, el sector educativo privado ha sido objeto de críticas por su mala calidad. Fuera de contadas excepciones (Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, por decir algunos ejemplos), esta situación rebasa a las y los docentes que integran dichas universidades (toda vez que son a quienes usualmente se les señala primero), existe un problema sistémico con la mayoría de las nuevas escuelas “patito” y la falta de regulación por parte de nuestras legislaturas locales. ¿Cómo se puede abordar este tema? ¿Cuáles podrían ser las soluciones a dicha problemática?

Primero, debemos partir del fundamento legal ¿cómo se rigen las instituciones privadas de educación? Inicialmente, la constitución reconoce el derecho de los particulares de proveer de servicios educativos en el Artículo 3°, precisando que su labor debe apegarse estrictamente a los lineamientos que establezca la Ley General de Educación y las leyes locales de las entidades; y, en el caso de nuestro estado, la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. En esta última ley, en su artículo 7° se le reconoce a los particulares su derecho a brindar dichos servicios educativos, así como también se mencionan en los artículos 20, fracción X, XVII, y 22 fracción VII que el Estado se encargará del otorgamiento de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), así como de establecer los mecanismos para brindarlos o retirarlos. Por otra parte, fuera de la normativa previamente señalada, no existen mayores criterios en la ley que puedan observarse en torno a la evaluación que deben hacer las autoridades educativas para dicho procedimiento, lo cual puede verse de dos formas: la primera, que existe un área de oportunidad legislativa en la cual se pueden establecer mecanismos más avanzados para realizar dichas evaluaciones, conforme a criterios más actualizados; segundo, que desde un inicio no hay interés alguno en modificar dicho aspecto y, para evitar discrepancias, se ha dejado tal y lo como está.

Las famosas escuelas “patito” se logran escabullir bajo dicha sombra legal, cumpliendo de forma parcial dichos requisitos (sobre todo enfocándose en cuestiones de infraestructura escolar o actividades extracurriculares, dejando de lado la formación académica sólida o base) y al no contar con un sistema de evaluación constante, pueden sostenerse durante muchos años. El RVOE parece más un permiso de negocio que un reconocimiento legítimo y el daño que pueden ocasionarle a las y los alumnos es inmenso. ¿Cómo podemos combatir dicho problema en el sector de educación superior?

Una solución inicial que no es del agrado del público en general, es mediante un examen estandarizado de egreso a nivel local, elaborado por parte de un comité evaluador convocado por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el cual debe establecer un estándar mínimo de conocimientos adquiridos que las y los alumnos deben contar y así evaluar la eficacia de las instituciones educativas. Dicha evaluación debe tomarse en cuenta exclusivamente para evaluar a las universidades y no usarse en perjuicio de los estudiantes. El objetivo final es ofrecer un parámetro concreto de calidad entre las instituciones de educación superior y que aquellas que no logren cumplir con dichos parámetros, puedan ser condicionadas ante dicho comité para que, bajo cierto periodo de tiempo, logren establecer un plan de mejora y, en caso de reincidir, que se les retire el RVOE.

Anteriormente habíamos comentado sobre la necesidad de regular este sector con medidas de tipo administrativas y no punitivas (evitar propuestas como la creación de un nuevo tipo penal en torno a la materia), sin embargo, esto no ha sido relevante para las últimas legislaturas y se ha pasado por alto dicha problemática, dejando que miles de estudiantes tengan una formación deficiente. No basta con prestar el servicio educativo, cada alumna y alumno va a ser un profesionista el día de mañana, cuya labor va a impactar en la vida de todas y todos, por ello tenemos la obligación de exigirle a nuestros legisladores que tomen cartas en el asunto para tratar esta problemática ya.