Salvador Rodríguez López

Aunque no es correcto regocijarse de la pena ajena, pero lo vivido por el Ayuntamiento de Aguascalientes con la clausura preventiva del relleno sanitario por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), fue para que las autoridades municipales sientan lo mismo que los comerciantes a los que les cierran sus negocios por alguna falta administrativa, o los verificadores de mercados que decomisan la mercancía a los vendedores ambulantes por no portar el permiso.

Fue lo que se conoce en el argot periodístico como machetazo al caballo de espadas, toda vez que nunca pensaron que hubiera alguien que se atreviera a indagar las condiciones en que funcionan las dependencias y menos que colocara los sellos.

Ha sido común que los funcionarios municipales actúen con rigor cuando se trata de imponer la ley, no escuchan argumentos ni lamentos y en lugar de admitir una prórroga para que el ciudadano se ponga al corriente, proceden sin más a la clausura del local o la obra, con lo que dejan sin trabajo a varias personas y cuando se trata de un vendedor callejero de dulces, chicles o chocolates y cuya inversión no llega a los 300 pesos le despojan de la mercancía, que presuntamente se queda como prenda hasta que pague la sanción y los derechos correspondientes, con lo que en un santiamén acaban con el ingreso de una familia que difícilmente va a poder rescatar lo que le arrebataron.

Ahora que tratándose de las personas que no barren el frente de su casa o negocio hay multas que varían según el criterio del inspector, quien tampoco escucha que la lluvia o el viento es lo que provocó que se ensuciara el lugar.

La razón para llevar a cabo la clausura en una parte del relleno sanitario fue en respuesta a una denuncia ciudadana, según dijo la titular de la Proespa, Ofelia Castillo Díaz, para ello se hicieron visitas de inspección, encontrándose “faltas graves, principalmente en las etapas 4, 5 y 6”, al descubrirse la filtración de hasta 30,000 litros de líquidos provenientes de la basura, lo que podría contener sustancias entre metales pesados que se pudieran filtrar a los mantos freáticos de donde se extrae el agua potable que consumen los habitantes de la ciudad.

Se comprobó que los residuos no han sido compactados de manera correcta ni cubiertos como debe de ser, además se tenía el plazo vencido de la prórroga para terminar la sexta etapa y a los responsables del lugar se les dio un período para dar respuesta a cada una de las recomendaciones, que al no ser enmendadas se procedió a dar cumplimiento a lo que dicta la ley.

Ofelia Castillo reflexionó que “las contingencias ambientales pudieran convertirse en un campo de cultivo de infecciones, por lo que es muy importante atender cualquier eventualidad. En caso de que no sean atendidas las recomendaciones en un lapso de 15 días, las sanciones pueden alcanzar hasta el millón 200 mil pesos”.

En respuesta se esparció la especie que la diligencia de la Proespa fue por “motivaciones políticas”, sin embargo el 4 de julio se publicó el compromiso de la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Miriam Rodríguez Tiscareño, que en un plazo de diez días se corregirán las fallas, por lo tanto el martes próximo se cumple el plazo que se dio.

Afirmó que se atienden las observaciones que han salido a relucir en la auditoría y la inspección que hizo la Proespa, “donde el 90% son documentales y están subsanadas. No hay ningún faltante, no hay ningún permiso vencido, se entregaron en tiempo y forma la semana pasada copia de los documentos que nos pidió y las observaciones por las que se hizo la clausura preventiva de alguna de las etapas, creemos que no son graves como para proceder a una clausura y tenemos 10 días para demostrarles que se está trabajando y se está corrigiendo esa observación”, situación que reconoció, se derivó por fallas de una de las máquinas que se utiliza para compactar y cubrir la basura, por lo que ya se alquiló otra que permita cerrar este capítulo.

INCONCEBIBLE

Si un vehículo motorizado tiene una falla en el motor o un neumático está en malas condiciones, bastará con que se hagan los cambios adecuados para que en cuestión de horas o días todo quede solucionado, pero tratándose del cuerpo humano que registre un problema difícil, tiene que haber tratamientos médico que puede durar años, pero hay que hacerlo para preservar la vida y tratar de que la persona se recupere.

En sentido responsable debe haber el apoyo necesario de toda la sociedad, principalmente de los organismos gubernamentales que son los que tienen mayores posibilidades de sostener una carga financiera, algo que en la actual administración federal se han olvidado, por lo que los grupos que hasta 2018 recibían regularmente la atención médica de pronto se han visto sin apoyo alguno o es esporádico, por lo que los enfermos corren el peligro de agravarse.

Las denuncias que son frecuentes en la capital del país  – que han llegado al extremo de impedir el paso en entradas y salidas del aeropuerto internacional a manera de presión -, hoy se tienen en Aguascalientes con familiares de niñas y niños diagnosticados con cáncer, ante la falta de medicamentos para la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Miguel Hidalgo.

Son 20 menores, que en el último mes no han tenido acceso a la cobertura médica gratuita, por lo que al retrasarse entran en una etapa en que no sabe cuándo les suministrarán las quimioterapias, indispensables para evitar demoras en la atención que requieren y al no haberla pudiera llevar a que se desmejoren.

Existe angustia entre los padres de familia, principalmente en las últimas cuatro semanas ante el desabasto de algunas claves médicas para el tratamiento de sus hijos, por lo que se han visto en la necesidad de pedir ayuda a familiares, amigos, conocidos, asociaciones y fundaciones, para cubrir el pago de un tratamiento, que llega a tener un costo de 30, 40 o 50 mil pesos y que se debe hacer periódicamente, por lo que resulta doloroso ver que no llega el suministro al IMSS y al Hospital Hidalgo, de ahí que tendrían que seguir implorando el apoyo externo.

Como se menciona en el primer párrafo, si se tratara de algo momentáneo se haría el gasto y todo queda arreglado, pero en el caso de los menores con cáncer tiene que ser una atención permanente, por lo que es urgente que en ambas instituciones gestionen el inmediato envío de los medicamentos y se haga el tratamiento que corresponda, no para una o dos veces sino de manera definitiva, ya que está de por medio la vida, que se entienda que no es una dádiva ni una caridad, sino un derecho humano, un derecho a la salud, al que deben tener acceso todos los habitantes de este país.

“OFICIO” OLVIDADO

Hace bastantes lunas que no se escuchaba la palabra “mariposero”, tan en boga hasta los años 80 del siglo pasado, que a más de alguno le ha de parecer extraña, pero es la denominación que recibe una de las ramas del  hampa común, que en un abrir y cerrar de ojos se apodera de una bicicleta. El uso del velocípedo volvió a ponerse en boga desde principios del año 2000 por razones de salud, recreativa y de economía, además de promoverlo los grupos ambientalistas que buscan el menor uso del automóvil. Esto ha motivado que los nietos de aquellos “mariposeros” regresen a las calles para llevarse cuanta jaca de acero se encuentran a su paso, lo que significa para el propietario la pérdida de varios miles de pesos. Tan sólo entre marzo y abril se birlaron 14 unidades, algunas de ellas con un valor superior a los 20 mil pesos, asimismo se han presentado 22 denuncias en el curso del año y sólo  han podido recuperar 3. Dirigentes de bicicleteros piden que la autoridad tenga mayor cuidado con sus artefactos, pero resulta materialmente imposible que la policía logre ese cometido, ya que como indica el nombre del caco que se apodera de ellas, vuelan como mariposas y resulta difícil volverlas a ver por lo fácil que resulta cambiar las ruedas, los manubrios, incluso el cuadro, los pedales, en fin, son “otras” las que andan en las calles, así que lo mejor es no perderlas de vista o envolverlas con cadenas cuando se deja en un lugar público.