En medio de la Revolución de 1910, políticos y pensadores mexicanos discutían sobre lo que el país de aquel entonces, requería para fortalecer su sistema político, ya que sus instituciones estaban sumamente deterioradas por este conflicto y se demandaba garantizar la seguridad en los bienes y en las personas. Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista, convocó en diciembre de 1916 a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social del país. Así, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente.

Esta Constitución ha experimentado múltiples modificaciones, como ejemplo, solo en cuestiones electorales se ha reformado sustancialmente en los siguientes años 1953, 1969, 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996, 2003, 2005, 2007-2008 y 2014 donde paso de una norma general que sentaba las bases electorales para leyes secundarias, a artículos reguladores tan específicos como una ley secundaria.

Algunos constitucionalistas manejan que la vigente Constitución ha tenido casi 600 modificaciones en 98 años quedando menos del 10 por ciento del texto original de 1917.

Argumentos jurídicos, políticos y sociales se han vertido para promover la necesidad de convocar a la creación de una nueva constitución, pero técnicamente, como lo dice Mauricio de María y Campos, “un grupo importante de juristas, políticos y académicos argumentan que en las últimas tres décadas, la Constitución mexicana ha sido motivo de excesivas reformas y se han incorporado textos cada vez más ‘parchados’ que la han llevado a perder su esencia. Un número importante de negociaciones políticas han utilizado como campo de batalla la Constitución, conduciendo a un texto cada vez más largo, confuso y a veces contradictorio”.

Donde se puede concluir, que hay un exceso de modificaciones en la actual Constitución que han generado que el texto sea tan abundante y detallado que inclusive se han incluido preceptos que en otros países están en leyes secundarias y reglamentos; teniendo como consecuencia que sea una de las Constituciones más largas del mundo; además de estar llena de contradicciones.

Todo porque las reformas, derogaciones y agregados no se han hecho con el más amplio debate jurídico ni político, sino partidista, llegando algunas veces al extremo de legislar con base en el interés personal.

Los que opinan que no es necesario una nueva Carta Magna, su principal argumento es que son más los aspectos positivos del actual texto que los negativos, y ante el escenario de un nuevo constituyente se corre el riesgo de generar retrocesos, ya que las actuales condiciones de corrupción, impunidad, falta de ética, inseguridad, demagogia, populismo, etcétera, pueden generar un escenario donde todo puede suceder.

Desde mi formación, sin ser abogado constitucionalista, creo que una razonable propuesta que he leído, es que se declare una pacto de no modificación por un periodo razonable de tiempo y en este tiempo, se convoque a un grupo de especialistas tanto a favor como en contra, para que den un dictamen de ¿qué hacer? La función de esos especialistas no será la de generar un borrador de una nueva constitución, ¡no!, será la de analizar, discutir y dictaminar las consecuencias de cada escenario, desde la actual constitución o una nueva; y que dicho dictamen se ponga a consideración del Congreso de la Unión y las legislaturas en los estados, para de ser necesario, se convoque a un nuevo constituyente que tenga la tarea de hacer lo necesario para tener una carta magna funcional, que dé certeza y genere esperanza e inspiración al pueblo de México.

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