Víctor Hugo Granados Zapata

Las promesas de campaña casi siempre nos logran convencer, ya sea por la estrategia que se busca seguir para resolver algún problema público (lo menos frecuente) o porque lucrando políticamente con la necesidad de la sociedad se ofrecen soluciones milagrosas para solucionar dicho problema (lo más común). Me atrevo a sugerir que es de conocimiento común que ninguna de las soluciones milagrosas ha tenido efectividad, ya que éstas nacen de un discurso llamativo y buenas intenciones, pero caen por su propio peso. En esta ocasión, la promesa de esta administración federal es la de ampliar la oferta educativa en educación superior, con la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Con base en el reportaje de Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, varios docentes de estas universidades han sido despedidos sin ningún tipo de justificación, así como también otros fueron reprimidos por quejarse de la mala infraestructura con la que cuentan dichas instituciones educativas, al grado que algunos alumnos de estos planteles tienen que tomar clases en el piso. En este mismo artículo periodístico, se hace referencia a las declaraciones de Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades para el Bienestar, quien afirma que los convenios semestrales celebrados entre los docentes y la universidad no cuentan como un contrato laboral en sí, por lo que no existe un despido injustificado. Vale la pena señalar que dicha declaración es un abuso total de autoridad por parte de esta institución, así como también pone en peligro la garantía del derecho a la educación de las y los estudiantes que se encuentran cursando dichas carreras. ¿Cuántos profesores más podrían despedir injustificadamente afectando la calidad educativa?

Otro de los problemas que ha tenido este programa ha sido la validez ante la SEP de sus carreras, puesto que Coneval en 2019 advirtió que dichas carreras no cuentan con la validación necesaria, mientras que cientos de estudiantes están, actualmente, cursando la mitad de su carrera. ¿Qué sucedería si terminaran sus estudios y la SEP no puede reconocerles su trayectoria académica? Lo anterior no es algo menor, literalmente se estaría simulando la impartición de una carrera y se estaría jugando con el tiempo, esfuerzo y recursos que invierte cada alumna y alumno, algo inaceptable totalmente.

Raquel Sosa también ha señalado que se han construido 100 universidades en todo el país, la mayoría en su primera etapa (con una capacidad aproximada de 300 alumnos por plantel), construidas a lo largo de tres años de Gobierno. La excusa es que se trata de un proceso de construcción comunitaria de dichos planteles, sin embargo, lo que no se toma en consideración son las futuras repercusiones que podría tener la falta de infraestructura de calidad en dichas instituciones educativas (baños separados, drenaje, aulas firmes, oficina de administración escolar, etc.). Lo anterior pareciera simular a la labor que realizan otras instituciones como Conafe, que a través de comunidades de aprendizaje y los líderes educativos buscan adecuar y construir aulas con apoyo de las familias y miembros de comunidades alejadas de las ciudades. La diferencia entre ambas es la necesidad de materiales e infraestructura especializada para ofrecer carreras universitarias, algo que dentro de un plantel comunitario sería muy complejo de garantizar y sin los recursos necesarios hay una posibilidad alta de fracaso.

Insisto, no se trata de un capricho personal, debemos recordar que la especialización que nos brinda la educación superior nos permite, a través de un sistema de cédulas y reconocimiento oficial, confiar en que si una persona cuenta con un titulo universitario pueda ofrecer un servicio profesional básico en su materia (la calidad, obviamente, va a variar según las aptitudes de cada persona). Derivado de esto surge mi preocupación por el cumplimiento de esta promesa de campaña, no es justo lucrar con la necesidad de miles de jóvenes estudiantes de todo el país que buscan estudiar una carrera y ofrecerles una oportunidad “improvisada” y a “medias”. Yo no estoy en contra de la ampliación de la oferta educativa en nivel superior, por el contrario, es algo necesario y muy importante para alcanzar un mayor bienestar en sociedad, sin embargo, esto debe lograrse con objetivos concretos y reales, no con simulaciones. Ojalá esta administración logre darse cuenta que si continúan por este camino lo único que van a hacer es estafar a miles de estudiantes en todo el país, perjudicándolos de una manera grave en su desarrollo formativo y profesional.