Noé García Gómez

Amigo lector, le pregunto, ¿ha sufrido algún desperfecto en su automóvil porque las llantas de su automóvil cayeron en un bache provocado por el mal material del asfalto en una calle? Qué enojo y frustración, saber que por más molestia y saber quién es el culpable (el gobierno que contrató a una constructora para asfaltar esa calle), no habrá ninguna consecuencia, no le pagarán su llanta, rin y/o amortiguador y usted tendrá que asumir solo las consecuencias. Ahora imagine que ese bache mide cuatro metros de diámetro y cinco de profundidad y que el carro de unos familiares cae, aún vivos se comunican con usted y piden ayuda y auxilio, horas después un alto funcionario le informa “por fin rescatamos el auto, murieron los ocupantes”.

Eso ocurrió en una obra promocionada como “paso express”, inaugurada por el presidente de la República, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador del estado de Morelos. Además, dicha carretera costó más del doble de lo originalmente presupuestado, finalmente se erogaron 2.21 mil millones de pesos y con varios meses de retraso. Tres meses después de inaugurada, repito: sólo 90 días después de inaugurada, colapsó.

En esa tragedia sin duda hay responsabilidad criminal y especialistas coinciden que puede alcanzar a las autoridades que dieron el banderazo inaugural. Permitir la circulación en una vía sin su certificación es como el que presencia y permite una violación.

Pudo ser cualquiera de nosotros y pregunto ¿los responsables sólo mandan condolencias? ¿Quiénes licitaron la obra? ¿Qué instancias y personas supervisaron el proceso de construcción? ¿Qué empresas construyeron el paso express? ¿Qué instancia y qué funcionario recibió la obra terminada?

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, no es la primera vez en este sexenio que está en la polémica, en 2014 este funcionario dio a conocer que el presidente EPN revocó el fallo que otorgó al consorcio chino Railway Construction Corporation y CSR de la obra del tren rápido México-Querétaro; en 2015 se difundieron grabaciones de altos directivos de OHL en donde se acordaba dar sobornos a Gerardo Ruiz Esparza a cambio de información privilegiada; en ese mismo 2015 pero a finales de año se forzó el apagón analógico lo que ocasionó que alrededor de 6.6 millones de hogares mexicanos se quedara sin señal de TV, alrededor de un 22% de los hogares del país; además de que en esa misma política del apagón analógico se entregaron televisiones digitales a diestra y siniestra, generando un botín político, al final ante el Senado reconoció que se entregaron televisiones a hogares que no lo necesitaban.

Esa es la fichita que está de titular de la SCT, hace un par de días el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario del área destituir a los funcionarios responsables, como siempre los asesores del presidente le dan un mal “timing”, si en verdad el presidente no quiere ser copartícipe de esta tragedia tiene que destituir a Ruiz Esparza y ordenar al nuevo secretario una investigación meticulosa, con estándares científicos, para conocer el origen de la falla, además de tener la cadena de mando involucrada, las áreas y dependencias, amén del grado de responsabilidad de éstas, y así proceder a las acciones jurídicas que procedan, no sólo las laborales con los despidos y renuncias, sino las civiles y las penales.

Finalizo con lo siguiente, cuando el gobierno federal se refiere que el socavón fue por culpa de la basura, se refieren a la basura de funcionarios y políticos involucrados, ¿verdad?