La langosta espinosa del Caribe es una de las especies más importantes para la región de América Central y el Caribe en términos económicos. Honduras y Nicaragua son los países que invierten en éste y del que resulta significativamente su economía. La pesca de langostas permite que varias comunidades locales, especialmente indígenas Miskitas, subsistan. Estos pueblos indígenas binacionales viven en los territorios fronterizos entre ambos países, donde el nivel de pobreza es muy elevado, y es por ello que la pesca de langosta se convierte prácticamente en el único modo de supervivencia. Son las empresas pesqueras y los dueños de los barcos quienes obtienen la mayor parte de las utilidades, mientras que los buzos reciben muy poco. Este negocio ha existido por más de 20 años; según cifras del 2022, se exportaron 228,47 toneladas de langostas a Bélgica, Francia y España.

El modo de conseguir esta pesca resulta altamente peligroso para los buzos, quienes cuentan con poca protección laboral en cuanto al equipamiento para sumergirse en el océano. Soportan alrededor de 12 a 18 inmersiones al día, durante semanas consecutivas, excediendo las que el cuerpo soporta dada la profundidad.

Al sumergirse demasiado profundo y al acabarse el oxígeno, ascienden rápidamente, lo que genera el riesgo de sufrir el síndrome de descompresión, donde se acumula gas nitrógeno en el cuerpo. Esto provoca trastornos cerebrales y parálisis, aunado a ello, los hospitales que tienen las condiciones para tratar este tipo de emergencias son limitados en la región. No es extraño saber que gran parte de la población de los Miskitas actualmente se encuentra afectada por este síndrome.

En 2004, las familias de buzos Miskitas presentaron su caso contra el estado hondureño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por no haber supervisado las condiciones laborales en que trabajaban los buzos. Fue hasta 2021 que se sancionó al estado de Honduras y se ordenó pagar una compensación monetaria, así como regular las condiciones laborales. Además, se instó a revisar la ley de Pesca para ampliar la protección y control a empresas pesqueras, especialmente la de proteger a la comunidad Miskita. Por otro lado, esta sanción generó la visibilización del problema ante los países compradores en Europa, señalando que existe la posibilidad de que los bienes que consumen en restaurantes o compran en el supermercado provengan de explotación laboral. Socialmente, generó un efecto en los consumidores quienes comenzaron a investigar un poco más de dónde provenía lo que estaban consumiendo.

Por otro lado, como riesgo social, la pesca excesiva de langostas prevé que la especie pueda extinguirse en un momento determinado, generando que el negocio termine por completo. El financiamiento de la explotación de langostas se ve directamente relacionado con la explotación laboral, ya que los buzos no son retribuidos como deberían ser ante las condiciones en que se practica.

Existen actualmente un sinfín de productos que provienen de explotación laboral, incluso infantil, que como consumidores ignoramos. Como no se ve directamente, creemos que no es real la explotación. Al ser consumidores, deberíamos ser conscientes del origen de los productos para dejar de contribuir a este ciclo vicioso.