Pedro Javier Castañeda Montes denunció ayer su despido injustificado del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) de Aguascalientes, presumible a su reciente detección de insuficiencia renal crónica y que en un futuro requerirá un trasplante de órgano, por lo que solicita la conservación de su puesto laboral a fin de mantener la seguridad social.
Con una antigüedad laboral de más de cinco años, con un puesto de base, el ex empleado estatal aseveró que el departamento jurídico no tiene evidencia de ineficiencia laboral, motivo por el cual presentará su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Lamentó la falta de sensibilidad y el estado de indefensión en que lo dejan las autoridades estatales, incluso la directora jurídica Margarita Salas de la Trinidad reconoce que tienen conocimiento de su enfermedad pues el médico nefrólogo le llamó al director general del Instituto de Vivienda y no le importó, alegando que ellos no tomaron la decisión, sino el gobernador del estado.
Al negarse a firmar la renuncia voluntaria, explicó que las presiones comenzaron hacia su esposa que labora en la misma Dirección Jurídica, quien tiene ocho semanas de embarazo, a quien presionan para que convenza a Pedro Javier a no demandar ante el tribunal laboral ni quejarse ante derechos humanos.
Según la funcionaria posee pruebas respecto a que el controlador no hizo bien su trabajo, lo cual es falso, pues si hubiera resultaría lógico que se levantaran actas administrativas y despedirlo con el peso de la ley, subrayó.
Aunque aclaró que en esta dependencia su caso no es el único de despido injustificado, tiene conocimiento de dos personas más de la Dirección Jurídica, a quienes les impidieron el acceso a su área laboral.
Pedro Javier Castañeda Montes estaba como encargado de lo Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, quien descartó su despido injustificado por tintes políticos, más bien a causa de su enfermedad y que no quisieron encarar las futuras incapacidades laborales.
Relató que desde el pasado 27 de enero de 2017, cuando intentó ingresar a su área de trabajo, se le impidió el acceso por parte de la directora jurídica Margarita Salas de la Trinidad, quien al distraerse Pedro Javier Castañeda ingresó a su oficina y ahí la recepcionista Carmen Laura le negó el paso y lo alcanzó el jefe de departamento de Proveeduría y Servicios Generales, Jorge Luis Saucedo Figueroa, quien comentó que eran órdenes de la directora jurídica no dejarlo entrar.
La mencionada directora Margarita Salas le ofreció una liquidación de casi 50 mil pesos a cambio de la firma de la renuncia voluntaria, con una antigüedad laboral de 5.5 años y con puesto de base, con su ingreso en el mes de septiembre del año 2011.
Por último, mencionó que su sueldo mensual era de aproximadamente 14 mil pesos, cuyos recursos son necesarios para su tratamiento médico y la atención del embarazo de su esposa.