Víctor Hugo Granados Zapata

La nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, tomó las riendas de la SEP durante un periodo crucial en el ámbito educativo: la implementación de los nuevos planes de estudio. Su perfil es similar (casi idéntico) al de Delfina Gómez, pero con una trayectoria política de menor calibre (dirigente magisterial, maestra y servidora pública), el factor clave para su nombramiento fue indiscutiblemente su formación como docente y su cercanía con el presidente. Sin embargo, por la naturaleza de su elección y el contexto político que se avecina, dudo mucho que logre aportar algo nuevo a la institución y al sector educativo en su conjunto, es decir, tomará más un cargo de “gestora” en lo que termina la administración (al igual que muchos titulares de administraciones anteriores).

En este sentido, la implementación de los programas actuales y el nuevo marco curricular no tendrán ninguna modificación y, por el contrario, la posición del Gobierno Federal seguirá siendo la misma, defender a capa y espada la reforma, evitando el diálogo y descalificando a quienes no estén de acuerdo con ella. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, hizo un señalamiento que retrata en cuerpo y alma la posición de la SEP en torno a su disposición al diálogo, señalando a los opositores a la reforma como “una bola de amargados” durante la presentación de este nuevo plan de estudios en Tuxpan, Veracruz. Sin embargo, la polarización también viene de la contraparte, ya que analistas como Denisse Dresser y Leo Zuckerman hacen referencia únicamente al valor “ideológico” del nuevo plan y no ahondan en el verdadero problema que hay detrás de este debate estéril entre autoridades y opositores: la situación actual en materia educativa.

Ya he analizado el contenido del nuevo marco curricular y planes de estudio (cuya prueba piloto comenzará el próximo 29 de octubre) en este espacio, por lo que me concentraré exclusivamente en señalar que debemos reorientar el debate hacia los efectos a corto plazo en el futuro de las y los estudiantes objeto de la reforma. Nuestra Constitución obliga, en su Artículo 3°, al Estado a impartir una educación “gratuita y de excelencia”, sin embargo, con la reforma de 2019 a este numeral, los criterios para determinar la “calidad” educativa se han difuminado y con la pandemia millones de estudiantes tuvieron una afectación enorme en su trayectoria académica (abandono escolar) y en su salud mental. Por más que hemos tratado de exigir mejores políticas públicas en atención a esta problemática, la 4T se ha enfocado (en esta materia) en promover exclusivamente la política educativa actual y dejar a un lado los problemas de fondo; en este contexto ¿es conveniente cambiar radicalmente el plan de estudios?

Mi pronunciamiento es en contra porque considero que hay cuestiones más urgentes por atender, pareciera que esta modificación a los planes de estudio es más un capricho institucional (sin mencionar los recortes presupuestales y la concentración de la política educativa en transacciones no condicionadas, es decir, las famosas becas para el bienestar). El Gobierno Federal debería concentrarse en reducir la brecha educativa, reincorporar a quienes tuvieron que dejar sus estudios y enfocarse en impulsar a las y los estudiantes a un futuro profesional más prospero, no apostarle a un cambio ideológico y con un futuro repleto de incertidumbre que a pesar de que en la teoría suene excelente tener un modelo educativo con una “pedagogía del sur”, el destino de millones de alumnas y alumnos depende de que éste sea realmente efectivo.