Víctor Hugo Granados Zapata

Desde que estaba en la prepa, las noticias sobre la inseguridad en México eran el pan de cada día. Los encabezados de las notas en redes sociales siempre anunciaban un número distinto de personas que fallecían derivado de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, así como también me tocó enterarme durante clases sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ante esta secuencia de tragedias decidí, junto con compañeras y compañeros de otras prepas y universidades salir a la marcha por los estudiantes, ahí me percaté que por más que denunciáramos públicamente estas situaciones, el incremento de la violencia seguía y seguía, así como también aumentaba cada vez más la presencia militar en las calles. Cuando ingresé al CIDE Región Centro como asistente de investigación en 2016, conocí el trabajo que realiza el Departamento de Política de Drogas donde han investigado y documentado la situación de la seguridad pública del país y el combate al narcotráfico. Entre seminarios de investigación, ponencias y eventos académicos comprendí la importancia de contar con un sistema de seguridad pública de carácter civil, ya que no sólo es lo que marca la Constitución en su Artículo 21, sino porque la formación de cuerpos de seguridad pública está basada en circunstancias de orden civil (prevenir, perseguir e investigar el delito) y no nacional. ¿Por qué hacer esta distinción?

Desafortunadamente, en México hemos tenido acontecimientos horribles en los que han masacrado a civiles y desaparecido personas, y las fuerzas armadas han estado involucradas en dichas actividades. Casos como el de la matanza de Tlatlaya, en el Estado de México durante 2014, donde elementos del Batallón de Infantería 102 realizaron un operativo de reconocimiento en la comunidad de San Pedro Limón, en el cual se enfrentaron con un pequeño grupo de jóvenes que se estaban “drogando y portaban armas”, al momento en el que se rindieron los presuntos delincuentes, les pidieron que se hincaran y procedieron a fusilar a parte de este grupo de forma “extra oficial”, así como también se llevaron detenidos a menores de edad que estaban en el enfrentamiento, acusándolos después de pertenecer al crimen organizado (para más detalle sobre el caso, les recomiendo leer la nota de Mayra Zepeda titulada “¿Qué ocurrió en Tlatlaya minuto a minuto según la CNDH? en el portal Animal Político). Por otro lado, está el caso del asesinato de Jorge y Javier en 2010, dos jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey, quienes fueron masacrados por elementos de la Marina dentro de las instalaciones de la universidad, para posteriormente ser acusados de ser sicarios y al momento de la supuesta contienda, ir armados “hasta los dientes”. No vayamos tan atrás, el pasado 31 de agosto de este año Heidi, una niña de 4 años fue asesinada por parte de elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes según la nota de Pablo Ferri, reportero del portal El País, titulada “La madre de Heidi, la niña muerta presuntamente por balazos de militares en Tamaulipas”, abrieron fuego en contra de la camioneta donde ella iba como pasajera y recibió un tiro en la cabeza, así como también su hermano (quien iba a un costado) fue herido por una bala. El común denominador de estos casos es siempre la participación de las fuerzas armadas y su falta de capacidad en materia de seguridad pública.

Incluso, lo anterior lo llegó a afirmar el ex titular de la Sedena, el General Salvador Cienfuegos, quien al momento de apoyar la iniciativa de la “Ley de Seguridad Interior” que propuso el ex presidente Enrique Peña Nieto en 2017, dijo durante una entrevista que los militares no están entrenados para labores de seguridad pública. Por ello, me resulta impresionante que con el paso de los sexenios aún se siga la apuesta por militarizar la seguridad pública en todo el país. Hace dos días, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena (con el apoyo de toda la bancada de MORENA y sus aliados), violando tajantemente el Artículo 21 de la Constitución y continuando esta estrategia fallida que solamente nos ha dejado más muertos y más violencia. Por si no fuera poco, simultáneamente la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Egresos de la Federación para el siguiente año, en donde aumentó el presupuesto a las actividades militares. Por ejemplo, destinó 836 millones de pesos (casi el doble de lo que se le asignó el año anterior) solamente para el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), operado y gestionado por elementos de las fuerzas armadas.

El impulso que se le da a la militarización en México es alarmante, porque desde que salieron a dedicarse a labores de seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón, la violencia se ha incrementado año tras año. Debemos apostar por mejorar a las instituciones de seguridad pública civiles, tener instituciones de formación de policías con mayor presupuesto y en condiciones más dignas, invertir más en las fiscalías para que puedan investigar con mayor eficiencia los delitos, y apostarle a políticas públicas que se enfoquen en la prevención del delito. El propio AMLO durante su campaña por la Presidencia prometió que el Ejército regresaría a los cuarteles y que la GN tendría un mando civil, pero ni a su propia militancia parece importarle que el presidente esté traicionándolos en sus caras.

Este asunto no es exclusivo de esta gestión, ni de un sólo partido, es una colusión que lleva sexenio tras sexenio y que nos inhibe de la posibilidad de mejorar la situación en materia de seguridad pública en nuestro país. Así como desde hace años, cientos de miles de ciudadanos hemos salido a manifestarnos por este problema, hoy volvemos a exigir lo mismo: queremos seguridad sin guerra.