Luis Muñoz Fernández

En los últimos años la palabra “mafia”, de etimología controvertida, se ha puesto de moda en nuestro país en boca del actual Presidente de la República, cuando habla de “la mafia del poder”. También solemos asociarla a su muy conocida variante italiana, divulgada en multitud de novelas, películas y series de televisión.

Desde el punto de vista jurídico existe la “asociación mafiosa”, que se refiere a “una organización de crimen organizado concreta, con fines altamente lucrativos, cuyos miembros son reclutados por iniciación y cooptación, que recurren tanto a la corrupción como a la violencia para obtener el silencio y la obediencia de sus miembros, así como de terceros y, de este modo, alcanzar el poderío económico que garantice sus medios de acción”.

Varias ciudades italianas tienen un problema con la recolección de basura debido a que este servicio público está literalmente en manos de asociaciones mafiosas como la Camorra napolitana, la Cosa Nostra siciliana o la ‘Ndrangheta calabresa. Los residuos se acumulan en las calles y ponen en riesgo la salud pública. Un buen ejemplo de que cuando los servicios públicos se ponen en manos criminales son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias.

Salvo por lo que se refiere a la violencia, podríamos decir que varios servicios como el transporte público (camiones y taxis) y el agua, cuya inaceptable deficiencia todos padecemos en Aguascalientes, pareciesen estar en manos de una especie de clanes mafiosos, que lucran y se enriquecen explotando a sus empleados y a costa de nuestras necesidades elementales.

Empresas a las que los gobiernos les otorgaron una concesión que, por lo visto, consideran una patente de corso para actuar como verdaderos piratas sin que nadie les toque ni un pelo, amenazando un día sí y el otro también con subir el monto de sus tarifas. Incremento al que condicionan la mejora en la calidad de lo que brindan.

Ante semejante desfachatez, la respuesta de las autoridades, de las que esperaríamos la firmeza suficiente para defendernos de los corsarios, suena tibia, salpicada de vagas promesas de regulación y confiada –¿ingenuidad o cinismo?– a evaluaciones ciudadanas tan dudosas que lo único que en realidad pretenden es darnos, una vez más, “atole con el dedo”.

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