Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

La intervención del gobierno federal en el estado de Guerrero, como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Iguala, han dejado al descubierto las condiciones de inseguridad, impunidad y violencia arraigadas en la entidad desde hace muchos años. La localización de múltiples fosas clandestinas, así como la identificación de presuntos vínculos entre las autoridades locales y el crimen organizado, generan indignación por parte de nuestra sociedad y exhiben los enormes retos que tiene nuestro país en materia de seguridad y defensa de los derechos humanos.

Resulta lamentable observar que la problemática –que hoy es reconocida públicamente– había sido denunciada, desde las administraciones pasadas, por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil encargadas de salvaguardar los derechos humanos, sin que se tomaran las acciones necesarias para enfrentarla. Ante la crisis que se presenta en Guerrero, la sociedad se pregunta por qué durante tanto tiempo se hizo caso omiso a las constantes advertencias de violaciones a los derechos humanos en la entidad y cuáles fueron los motivos que justificaron la pasividad de las autoridades ante un escenario tan preocupante.

Parece ser que en nuestro país las denuncias, en materia de derechos humanos, constituyen señalamientos incómodos, los cuales es preferible ignorar en la medida de lo posible. Sin embargo, lo que vivimos hoy demuestra que dichas observaciones son fundadas y requieren atención inmediata para evitar que desemboquen en las complejas circunstancias que, de manera tardía, se atienden en estos momentos.

Nuestro país debe transformar la equivocada visión de ocultar sus problemas para evitar las críticas, debe asumir con toda responsabilidad su compromiso de enfrentar los enormes retos que son evidentes para la población. Las recomendaciones que se realizan en materia de derechos humanos constituyen insumos fundamentales para el desarrollo de políticas públicas que permitan atender y prever contextos como el que hoy vive Guerrero.

Los mexicanos exigimos que la tranquilidad vuelva a dicha entidad, que se localice a los jóvenes desaparecidos y se castigue a los culpables; sin embargo, las preocupaciones van más allá: a la par de las investigaciones que hoy se realizan, es necesario atender los focos rojos que han sido encendidos en las diversas regiones de nuestro país, sobre múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. Solamente la atención a estas importantes recomendaciones podrá dar la seguridad de que otro Ayotzinapa es imposible.