Víctor Hugo Granados Zapata

Las escuelas “patito” han sido muy cuestionadas desde la opinión pública debido a su falta de rigor académico y que centran, prácticamente, sus fines sociales al lucro dentro del sector educativo. No pienso dar ejemplos de cuáles podrían ser dichas instituciones, ya que el objetivo de esta columna no es generar estereotipos sobre las y los alumnos que cursan en ellas, sino dar a entender la importancia de emitir una regulación eficiente dentro de este sector y, a la par, pensar en una posible variante para mejorar la calidad educativa a nivel local en las escuelas públicas. ¿Qué tan conveniente es la creación de un comité estatal encargado de esto?

La mejora constante no viene de la nada, si queremos actualizar cualquier ámbito o sector público debemos enfocarnos en impulsar propuestas y así expandir el abanico de opciones para las y los tomadores de decisión. En este sentido, Aguascalientes cuenta con un sector educativo sólido, según cifras del INEGI, en el año 2020 la escolaridad promedio de nuestra población a los quince años es de 10.3 años (equivalentes al primer año de bachillerato), contra la media nacional que es de 9.7 años; asimismo, nuestra tasa de analfabetismo es de 2 de cada 100 personas (cuyo porcentaje está orillado a gente de la tercera edad) y, finalmente, el 95% de las y los estudiantes asisten a la escuela. Al encontrarnos por encima de la media nacional en los rubros previamente señalados, podemos decir que la situación educativa en Aguascalientes es prometedora y, por lo tanto, con potencial para alcanzar mejores resultados.

Sin embargo, no debemos olvidar los estragos ocasionados por la educación a distancia ocasionada por la pandemia, así como el cambio de la política educativa a la ampliación de las becas no condicionadas (sin respaldo académico) y la implementación inminente de un nuevo marco curricular realizado por autoridades educativas a nivel federal que son prófugas de la evidencia (o al menos así lo han demostrado, al ignorar todas las advertencias de los diferentes sectores de la sociedad que han señalado los efectos dañinos que traerá consigo dicho cambio en la vida de las y los estudiantes); nuestra entidad se encuentra en una situación de riesgo potencial, por ello, es imperativo que nuestras autoridades estatales y municipales unan esfuerzos para preservar la calidad educativa que tenemos las y los hidrocálidos, comenzando por la regulación efectiva de las escuelas particulares y la mejora constante de las escuelas públicas. ¿Cómo podemos atender ambos sectores de manera más eficiente?

Considero que es necesaria la creación de un organismo descentralizado de la administración pública estatal, un comité con funciones específicas para atender la mejora continua de la calidad de las escuelas y su evaluación. ¿Cómo funcionaría dicho comité? De la mano del Instituto de Educación de Aguascalientes, este comité evaluador debe generar (con base en evidencia) un sistema de evaluación diferenciado entre escuelas públicas y privadas, el cual deberá contar con atribuciones para evaluar a las escuelas particulares y, con base en criterios previamente estipulados en la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, determinar si dicha institución cuenta con una calidad estándar, es sobresaliente o no cumplió con dichos parámetros. Sobre la evaluación per se, ésta no debe centrarse exclusivamente en el desempeño académico de las y los alumnos o docentes, es necesario evaluar si cuentan con programas de apoyo socio emocional, que cuenten con programas preventivos de acoso escolar o bullying, que impulsen estrategias de integración escolar, que comprueben que sus docentes cuentan con actualizaciones constantes, etc.; a la par, esta institución evaluadora debe generar reportes continuos sobre el estado en el que se encuentran las escuelas públicas en la entidad, generando consigo planes de política pública o mejora educativa a nivel local que aseguren que todas las escuelas cuenten con un nivel de calidad idóneo para garantizar el acceso a los servicios educativos.

El trabajo de este comité debe ser diferenciado entre las escuelas públicas y privadas debido a que sus orígenes son distintos. Las escuelas públicas surgen del derecho a la educación (Art. 3° Constitucional), así como también su mantenimiento y mejora es obligación del Estado, sin embargo, se encuentran limitados ante la disponibilidad de los recursos públicos; por otra parte, el sector privado a pesar de que también surge gracias al Artículo 3° de la Constitución, su papel es de coadyuvante al Estado, es decir, se permite a los particulares ofrecer servicios educativos para ampliar la garantía de esta prerrogativa, sin embargo, lo deben de hacer bajo los criterios que establezcan el Estado, por lo tanto, al ser un servicio de interés público, deben sujetarse estrictamente a la normatividad que se estipule. De esta manera, las escuelas particulares siempre han contado con mejor infraestructura que muchas escuelas públicas, sin embargo, algunas han dejado de lado la calidad educativa y han perseguido únicamente el beneficio económico, por ello la división.

Tener un sistema regulatorio eficiente, mediante una legislación de calidad e instituciones bien diseñadas que las lleven a cabo, es el primer paso para construir un sistema educativo próspero y con vistas al desarrollo pleno de las y los estudiantes. Debemos dejar de lado las buenas intenciones y hay que enfocarnos en construir nuevos parámetros de calidad educativa, a nivel local, para evitar que la “nueva escuela mexicana” comprometa el futuro de las y los alumnos hidrocálidos. Lo he señalado desde columnas anteriores, si queremos seguir teniendo un sistema educativo eficaz, es necesario poner en práctica ideas innovadoras en este sector, de lo contrario no quedará más que lamentarnos en un futuro.

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