La investigación por la denominada “estafa Ponzi”, que provocó una afectación superior a 300 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, continúa abierta y con diligencias pendientes, luego de que en agosto del año pasado la Fiscalía General del Estado estimara que la carpeta registraba un avance cercano al 70%.
A un año de aquella estimación, el fiscal Manuel Alonso García evitó establecer un nuevo porcentaje de avance, aunque aseguró que las investigaciones han continuado y dependen, en parte, de la información financiera solicitada a instancias externas, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Alonso García señaló que la Fiscalía también tiene pendiente cumplimentar una orden de aprehensión relacionada con el expediente, pero rechazó identificar a la persona buscada o precisar si cuenta con algún amparo. Argumentó que revelar esos datos podría interferir en su captura y vulnerar el sigilo de la investigación.
El fiscal añadió que la carpeta se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que mantiene abiertas diversas diligencias y que anteriormente consiguió la judicialización y vinculación a proceso de personas relacionadas con el caso.
El caso involucra inversiones realizadas en bonos bursátiles de riesgo que ocasionaron la pérdida de recursos públicos. Además de la UAA, entre las instituciones afectadas se encuentran la propia Fiscalía General del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA).
El expediente permanece abierto mientras la Fiscalía Anticorrupción espera información financiera adicional que considera necesaria para avanzar en las líneas de investigación que todavía se encuentran en curso.
