Rubén Andrés Moreno de la Rosa

Antes de entrar en materia en esta ocasión, permítanme agradecer a las páginas de El Heraldo de Aguascalientes por su amable bienvenida a su espacio de comunicación de ideas.

Un tema que hoy en día despierta cada vez más el interés de los ciudadanos y juristas tiene que ver con la convivencia de las prácticas sociales y culturales de los pueblos indígenas en América Latina con las instituciones de los Estados que conforman esta región.

De la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha ha habido creciente interés por parte de la comunidad internacional por el reconocimiento de los pueblos indígenas desde una perspectiva colectiva, es decir los derechos del pueblo, en sí mismo como comunidad, más allá de los derechos individuales que puede llegar a tener cada uno de sus individuos.

Esto ha dado paso al reconocimiento de una serie de derechos como el reconocimiento y protección de su lengua, de sus tradiciones culturales, formas de organización social, normas, procedimientos y autoridades internas, el reconocimiento y protección de su identidad, de su patrimonio cultural, de su patrimonio manual, entre muchos otros. Estos derechos, independientemente de la efectividad de su aplicación, han sido aceptados en múltiples tratados y acuerdos internacionales, Cartas Magnas y legislaciones secundarias de América Latina e incluso en algunos países, como es el caso de Bolivia se ha llegado a reconocer el multinacionalismo que conforma el Estado. A esto hay que agregar el reconocimiento de los pueblos indígenas como una población vulnerable.

En este sentido, bajo el marco constitucional e internacional, las comunidades indígenas tienen el derecho de promover su propio desarrollo y en sus asuntos internos, aplicar las normas e instituciones propias, etc. Como se puede apreciar, bajo este esquema se crea una especie de paralelismo entre los diferentes sistemas de las comunidades y las instituciones de los Estados de América Latina y es precisamente en este ámbito donde se presenta la materia de controversia.

Sin embargo, esto ha llevado a un conflicto sobre cómo deben proceder las autoridades cuando estas prácticas culturales y sociales llevadas a cabo por las comunidades indígenas violentan o de alguna manera limitan los derechos humanos. Esto puede apreciarse especialmente con las mujeres de algunas de estas comunidades, las cuales en diferentes ocasiones han sido víctimas de violencia machista y vulneraciones a sus garantías individuales.

Ante esta situación ha existido mucho debate. Por un lado, existen quienes argumentan que los derechos colectivos de respeto y preservación de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas deben prevalecer, que no es posible aplicar criterios jurídicos y morales “occidentalizados” a estos grupos y que promover la intervención del Estado en estas situaciones podría tener repercusiones peligrosas en la autonomía e identidad de los pueblos originarios. Sin embargo, esta perspectiva pone en duda la universalidad de los derechos humanos los cuales son inherentes a los seres humanos y no pueden verse violados o disminuidos bajo ninguna forma de organización social.

Por otro lado, se ha debatido que los derechos humanos, precisamente por sus características de inalienabilidad y universalidad deben prevalecer por encima de toda norma o costumbre por lo cual no es un argumento válido el afirmar que una violación de estos derechos es válida, pues se funda en prácticas arraigadas en los pueblos indígenas. Esta perspectiva entonces pone en duda los principios de indivisibilidad e interdependencia al someter los derechos colectivos de estas comunidades a los derechos individuales de cada uno de sus miembros.

Como se puede apreciar éste es un debate complejo el cual ha sido y continúa siendo analizado por los juristas en América Latina y el resto de mundo y si bien no ha podido alcanzarse un consenso, es de suma importancia continuar con el mismo, esto con el fin de poder establecer un sistema armónico de protección de los derechos.

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