Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal echó atrás la orden judicial que obligaba al Gobierno federal a tramitar la prueba PISA en 2025.
La orden había sido dictada por la Jueza Ana Luisa Priego a solicitud de la asociación civil Educación con Rumbo.
El fallo fue dictado cuando crecían versiones de que el Gobierno pretendía no participar en la prueba, lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió el 7 de mayo, cuando dijo que no hay ningún problema para que se aplique.
El tribunal resolvió ayer que no está claro si la prueba PISA forma parte de un parámetro de control constitucional y de derechos humanos que puedan ser protegidos mediante amparo.
«Esto será materia del análisis que se haga de los instrumentos por los que el Estado Mexicano se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no podríamos desde ahorita juzgar esta cuestión», explicó el Magistrado David García Sarubbi.
Su colega Rosa González Valdés enfatizó que, de concederse la suspensión, se estaría dejando sin materia el juicio de amparo, pues se le daría la razón por adelantado a Educación con Rumbo, cuando no se cuenta por ahora con más elementos que los afirmados por dicha organización en su demanda.
Si bien López Obrador aceptó que se aplique la prueba, su Gobierno fue el que impugnó la suspensión provisional; es decir, rechaza que sea el Poder Judicial el que le ordene practicarla.
La Jueza Priego resolverá el 27 de mayo si concede la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).