Fernando López Gutiérrez

La tragedia ocurrida la tarde del pasado 20 de diciembre en el municipio de Tultepec, Estado de México, no ha propiciado una discusión suficientemente amplia respecto a la posibilidad de establecer medidas regulatorias más estrictas o prohibir la pirotecnia. A pesar de las 36 personas fallecidas —reportadas hasta el momento— y los múltiples desaparecidos y lesionados, las autoridades de los tres niveles de gobierno, relacionadas con la zona del siniestro, han enfocado sus mensajes a destacar el apoyo que se da a los afectados y se han comprometido a restablecer el mercado de pirotecnia de San Pablito, destruido por la explosión.

Aunque no existe información suficientemente precisa en la materia, en diferentes lugares del país se registran de manera constante accidentes vinculados a la producción, almacenamiento, comercialización, venta y uso de pirotecnia en todo el país, sin que se haya realizado un análisis profundo de las medidas de seguridad que se adoptan en dicha industria. Mientras que ante cada incidente surge siempre la pregunta respecto a las razones por las cuales se sigue permitiendo la existencia de establecimientos dedicados al negocio de la pólvora y los fuegos artificiales, la utilización de éstos se mantiene como una tradición arraigada en todo el país, de la cual dependen económicamente muchísimas personas.

¿Hasta qué punto es posible garantizar la seguridad de la población cuando se utilizan libremente productos explosivos de manera cotidiana? ¿Es verdaderamente indispensable para el mantenimiento de nuestras tradiciones la permanencia de prácticas y actividades riesgosas como la pirotecnia? ¿Realmente no existen alternativas económicas para quienes dependen de la industria de los fuegos artificiales y son los artesanos lo más beneficiados de su comercialización? Ante la tragedia resulta imprescindible plantear este tipo de preguntas y exigir que sean respondidas de forma responsable y clara.

En toda acción o decisión gubernamental subyace algún principio que justifica su realización o que la determina. Aunque dichos principios no son comprendidos o reconocidos de forma explícita en todos los casos, su identificación es indispensable para que el ejercicio de la autoridad se sustente en criterios razonables y transparentes. Al considerar las muertes y los accidentes que, relacionados con el uso de la pirotecnia, se conocen de manera continua, lo mínimo deberíamos exigir como sociedad es una revisión de los principios que se buscan preservar al permitir la operación de la industria que se beneficia de dicha actividad. Con base en lo anterior, estaríamos en posibilidades de establecer una discusión razonable e informada respecto a los mecanismos de regulación que resultan indispensables en la materia y a la viabilidad de su implementación en el país.

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