Frente a la nueva disposición del Complemento Carta Porte para el gremio transportista, el abogado fiscalista José Antonio Guerra Caparrós aseveró que esta medida únicamente generará serios problemas administrativos a las empresas en materia fiscal, porque aparte de emitir los CFDI deberá emitir este documento si moviliza mercancía en el territorio nacional y urbano.
Esta obligación fiscal no existía antes del ejercicio 2021, pero ahora deberán generar esta documentación a partir del próximo 30 de septiembre, aunque el gremio ha solicitado una prórroga para el 1 de enero del 2022, sin embargo las empresas transportistas deben estar muy preocupadas por los requisitos que les impondrán para frenar la informalidad y el contrabando en el país.
Por unos pocos se perjudicará al sector del transportista de mercancía, al generarles mayores obligaciones, e incluso la resolución miscelánea fiscal que se prevé entrará en vigor en 2022, se incorporan a las empresas de mensajería y paquetería e incluso si se circula por carreteras federales y urbanas.
Por ello desde ahora deben comenzar a trabajar en los medios de defensa jurídico frente a esta obligación que se avecina para los transportistas, invitó.
Agregó que la ley de caminos, puentes y transportes federal define a la carta porte como un título legal de un contrato entre el remitente y la empresa que contrata el servicio de transporte de mercancía, y deberá contener información sobre los bienes que se movilizan de un lugar a otro.
Esto significa que las autoridades podrán detener a los camiones para solicitar la carta porte y deberán cumplir aquellos que son dueños de las mercancías con unidades propias, aquellos que contratan el servicio de transporte de carga, intermediarios que se dedican a la logística, almacenamiento, distribución, empaque y embalaje de las mercancías, así como los dedicados a la paquetería y mensajería.
Recalcó que si la empresa no cumple con la Carta Porte no podrá hacer la deducción ni el acreditamiento del IVA e ISR, además genera una mayor carga administrativa por los procesos de captura de información de la mercancía y esos datos no deberían tener acceso los choferes de las unidades para evitar cualquier fuga de información y que se ponga el riesgo el traslado de las mismas.
El SAT está propiciando que información sensible se ponga en conocimiento de los choferes y se convierte en un problema de seguridad y certeza jurídica, porque la medida Carta Porte supuestamente va para frenar las irregularidades, pero tambien abre afectaciones serias al sector formal.